Declaración del Comité Ejecutivo del POSI del 11 de noviembre de 2017 – ver en catalán

Libertad inmediata para los Jordis y todos los detenidos

Desde hace varios años, cientos de miles, en ocasiones millones de personas, se han movilizado en Cataluña por el derecho a decidir, e incluso por la independencia, pero también contra el gobierno de la Monarquía y contra su Constitución. Un movimiento que ha seguido a la inmensa movilización que hubo en los años anteriores de trabajadores en todo el Estado español contra los recortes sociales y el ataque a las libertades.

Este sábado 11 de noviembre centenares de miles han invadido de nuevo las calles de Barcelona, convocados por las organizaciones nacionalistas, democráticas y los sindicatos UGT y CCOO, para exigir la liberación de los detenidos y la retirada del 155.

Rechazando toda posibilidad de diálogo o negociación, y recurriendo una y otra vez a la vía judicial y policial, el gobierno de la Monarquía, con el apoyo de la dirección del PSOE y de otras formaciones políticas que pretenden ser equidistantes, decidió el 27 de octubre aplicar el artículo 155 de la Constitución que permite al Gobierno Central disolver o sustituir a las instituciones regionales de las Autonomías. Al mismo tiempo, el Gobierno destituía al Govern de la Generalitat, disolvía el Parlament y convocaba elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.

En el mismo momento, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, encarcelaba a 8 consejeros de la Generalitat, en tanto que otros, como el presidente Puigdemont, optaban por refugiarse en Bélgica. Y el Tribunal Supremo procedía igualmente contra la Mesa del parlamento catalán.

Este gobierno, corroído por la corrupción (el policía de la UDEF que dirigió la investigación de la trama Gürtel acaba de declarar que los indicios apuntan a que Rajoy cobraba sobresueldos del PP en “B”), y minoritario tanto en la sociedad como en las Cortes, no se ha limitado a suspender la autonomía de Cataluña. El martes 7 de noviembre decidió hacer lo mismo con el Ayuntamiento de Madrid, que pasa a ser tutelado económicamente por el ministro Montoro, al igual que ya lo ha hecho con miles de ayuntamientos de toda España. Otros responsables de este gobierno han amenazado ya con el 155 a cualquier institución regional que ose apartarse del dictado del régimen. Todo obedeciendo las órdenes de la UE.

¿Van a arreglar algo las elecciones del 21 de diciembre?

Tenemos razones de sobra para dudarlo. Varios responsables del PP, como su portavoz en Cataluña, García Albiol, ya han advertido que si después de las elecciones se vuelve a la senda del independentismo, el gobierno volverá a aplicar el 155. Es decir, por si no estaba claro antes, que el restablecimiento del “orden constitucional” lleva implícitamente asociada la renuncia a cualquier objetivo político que lo ponga en cuestión, sobre todo cuando este objetivo político es asumido por amplias masas. En otras palabras: que solo se va a permitir una autonomía “tutelada”. Así, el cacareado anuncio de una reforma constitucional resulta ser ante todo la tapadera de los flagrantes atropellos contra el pueblo catalán y sus representantes, en realidad contra todos los pueblos. ¿Es esto democracia?

En la alocución del 3 de octubre, el Rey reiteró que la institución que representa no se va a mover un centímetro de la posición establecida en el artículo 2 de la Constitución de 1978, que establece “la unidad indisoluble de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles”. En esto consiste su papel de “árbitro”: en encabezar los poderes e instituciones provenientes del franquismo, que son las que ejercen el poder real en estrecha colaboración con el capital financiero. De ese capital que no duda en forzar la deslocalización de empresas para aterrorizar a los trabajadores, ante la pasividad del gobierno de la Generalitat –antes de su destitución- y de los dirigentes independentistas.

Por mucho que se envuelvan en la bandera rojigualda, no dudan un instante en establecerse en paraísos fiscales para no pagar impuestos a la nación que dicen defender.

Las elecciones del 21 de diciembre están planteadas como un intento de hacer aceptar al pueblo catalán el orden constitucional del artículo 155, que niega el derecho a decidir y pone en entredicho todos los derechos democráticos conquistados. Como un instrumento para hacer “volver al redil” a los dirigentes independentistas, para sellar su derrota y, sobre esa derrota, redoblar los ataques contra la clase obrera y contra todos los pueblos de España, reforzando el estado de excepción económico que atenaza a los ayuntamientos, a la sanidad y la enseñanza, y se dispone a reventar el sistema de pensiones de reparto, y emprender una nueva reforma laboral, o continuar con la represión de sindicalistas.

No, no hay salida en este marco, ni para Cataluña ni para el resto de pueblos. Por más que todo el mundo dé por buena la convocatoria electoral en pleno estado de excepción del 155, incluidos quienes se han pronunciado contra el 155 y, sorpresivamente, quienes hablan de República Catalana, que hoy aceptan el marco político que hace pocos días llamaban a desobedecer.

Es evidente que en medio de la confusión y a falta de otras salidas, buena parte de la población y de la juventud va a participar: unos para cerrar el paso a los del 155, para expresar el rechazo al régimen y al gobierno del PP, o para reclamar la libertad de los detenidos … y otros para mostrar su desafección ante un proceso que ha dado la espalda a los trabajadores y pueblos del Estado español, que solo ha mostrado sus señas identitarias al margen de los derechos sociales, y que ha sido encabezado por dirigentes caracterizados por su política antisocial.

Y muchos se preguntan con razón ¿después del 21, qué?

Por nuestra parte, consideramos que desde el punto de vista de la mayoría social que existe en Cataluña, partidaria del derecho a decidir, desde el punto de vista de los cientos de miles de trabajadores y jóvenes que no separan la lucha por los derechos nacionales, de la lucha por los derechos sociales, etc., no hay más salida que aunar fuerzas para conseguir un verdadero cambio político.

Sólo hay una salida al bloqueo político: la República

Para quienes defienden la libertad de los pueblos y para quienes echan en falta la lucha por las reivindicaciones sociales, contra los recortes, por el empleo digno, por la recuperación de los salarios y la defensa de las pensiones, no hay otra salida que la lucha contra el régimen que niega todos y cada uno de estos derechos, y que se los niega por igual a andaluces y vascos, a murcianos y catalanes, a madrileños y gallegos. No hay otra salida que la lucha por la República, que no consiste en proclamaciones vacías sino en promover la movilización unida de los trabajadores y los pueblos por las reivindicaciones, de inmediato, la lucha por la retirada del 155, por la libertad de los presos, al tiempo que por la derogación de las últimas reformas laborales y de pensiones.

Como partidarios de la República, de la República Catalana  libre, de la unión libre de Repúblicas soberanas, somos conscientes de que el enfrentamiento en curso solo es el preludio de las grandes movilizaciones que, arrastrando a las organizaciones, enfrentarán a la mayoría de los trabajadores y los pueblos contra el régimen heredado del franquismo, fiel servidor del gran capital.