(Publicado en la Carta Semanal 653)

Hay que acabar con las leyes que lo permiten y el gobierno que las aplica

El Ayuntamiento de Madrid acaba de ver como el Ministerio de Hacienda va a “supervisar” semanalmente (de hecho, controlar una por una) sus cuentas. Técnicamente, el ministerio ha rechazado el Plan Económico Financiero (PEF) enviado por el concejal Carlos Sánchez Mato.

En plata, el Gobierno interviene las cuentas por haberse saltado el gobierno municipal la llamada regla de gasto. Lo sucedido es algo parecido a la aplicación del 155 en Cataluña. Ya los más radicales del PP han pedido aplicar el 155 en Castilla la Mancha, en el País Vasco, en Navarra o en Valencia. Albiol, esa especie de guardaespaldas del PP de Cataluña, ya ha anunciado que si ganan los independentistas se seguirá aplicando el 155. Lo del Ayuntamiento de Madrid no es técnicamente lo mismo pero forma parte de la misma política de recortes de libertad, unas veces atacando la escasa autonomía municipal y otra a Cataluña. Han abierto la veda.

¿De donde viene estas leyes?

En plena amenaza de intervención de la economía española por parte de la UE, el gobierno de Zapatero, con el inestimable y apasionado apoyo del PP, propuso, en agosto del 2012, en plenas vacaciones, y promulgó la modificación del artículo 135 de la Constitución. Que, en su nueva redacción, da prioridad absoluta al pago de la deuda por encima de cualquier otro pago. “Para que no me intervengan me intervengo yo”. No es un saludo a la bandera este artículo. A partir de ese día no hay ley que no haga alusión a este artículo 135 de la Constitución para justificar las regulaciones más brutales.

De hecho, esta modificación, efectuada como respuesta a una carta del entonces presidente del Banco Central Europeo (representante del capital financiero) a Zapatero, parece hecha a propósito para impedir toda autonomía de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. De hecho esta intervención se lleva aplicando desde hace cinco años a las cuentas catalanas. Y a otras muchas. La UE controla directamente a los gobiernos, pero las administraciones regionales y locales le quedan más lejos. Esta ley facilita lo que se dio en llamar el principio de subsidiariedad.

Recordemos que, según estas normas, el Gobierno debe presentar el presupuesto a supervisión por parte de las autoridades de Bruselas antes de presentarlo a las Cortes. En teoría la Unión Europea debe velar porque las cuentas se adapten a sus exigencias de déficit, pero, evidentemente, intervienen otros factores, se aceptan cuentas en función de la situación política, y todos los gobiernos no son tratados por igual. Sin ir más lejos, al gobierno griego le aprietan sin piedad, mientras con otros, como Francia, se muestran mucho más flexibles.

En todo caso, el gobierno y las instituciones de la Monarquía actúan como obedientes ejecutores de las instrucciones de la Unión Europea.

Una medida política en la línea del 155

El Ayuntamiento de Madrid es de los más endeudados. Pero desde que está al frente Ahora Madrid –candidatura de “unidad popular” que incluye a Podemos, Ganemos Madrid, Izquierda Unida, Equo y otros–, tiene el “mérito” de haber rebajado la deuda y de tener unas cuentas saneadas. O sea, que gasta menos de lo que ingresa. O da menos servicios de los que podía dar. La ley de sostenibilidad obliga a los Ayuntamientos a destinar a pagar deuda a los bancos en vez de a inversiones una gran parte del superávit de cada año. Y cuanto más ahorras más tienes que destinar a disminuir la deuda. No es que Ahora Madrid no se esfuerce. De hecho, el gobierno municipal presidido por Manuela Carmena ha reducido la deuda municipal en más de 2.000 millones de los más de 7.000 millones que le dejaron Ruiz Gallardón y Ana Botella. Pero Hacienda le exige para los próximos 14 meses recortes de más de 600 millones. Y las consecuencias son demoledoras. No pueden dedicar el superávit a inversiones o a lo que decidan que conviene a los madrileños. En el caso de Madrid esta intervención puede llevar a una paralización casi completa de las obras de escuelas infantiles, polideportivos, del arreglo de las calles o de los centros de mayores.

Se acabó el mito de aceptar las leyes y no hacer recortes

Hay dos cosas que han caracterizado negativamente a las CUP (Candidaturas de Unidad Popular). En primer lugar el aislamiento. Cada CUP en su pueblo y muy poca actividad en común entre ellas. Algunas jornadas, charlas, alguna pequeña actividad. Pero en general cada CUP ha funcionado intentando hacer las cosas lo mejor posible en cada pueblo.

La otra característica de las CUP es el aceptar de hecho el marco normativo haciendo de su actividad una forma de ejemplarizar la acción política. ¡Es posible otra gestión de los recortes! Bajando salarios de los concejales, renunciando a cargos públicos, eliminando dietas y gastos suntuosos, con más voluntarismo, etc. Esta política no es tan original, ya había sido desarrollada igualmente por el PSOE e IU, cuando no han colaborado directamente en la aplicación de las leyes.

Normalmente esta orientación ha chocado con hechos tozudos. No hay forma de municipalizar servicios, o es difícil, no hay forma de subir el salario a los trabajadores, no hay forma de crear empleo, no hay forma de dar servicios en condiciones, no puedes poner unos impuestos justos… no puedes –como pasa en Madrid– ni gastarte el dinero que ahorras.

Ha habido ayuntamientos que a pesar de todo han adoptado medidas a favor de los vecinos. Otros ni siquiera se han atrevido a enfrentarse a Montoro. Uno de los ayuntamientos valientes en este aspecto es el de Madrid. Que se ha negado a aceptar la regla de gasto. Pero en general hay un choque de estas candidaturas del cambio con la realidad del marco constitucional del artículo 135.

Muchas de ellas se jactan de haber ahorrado. De gastar menos, de tener superávit. Bueno esto quiere decir que se dejan de dar servicios. Y señalan que esto se hace sin haber menoscabado la atención a los vecinos. Pues ya dirán. Pero lo de Madrid demuestra que esta política ha llegado a su fin. No bastan los recortes derivados de pagar miles de millones a los bancos, hay que pagarles aún cientos de millones más. Los derechos de los vecinos y vecinas exigen romper con el yugo del capital financiero, impuesto por la Constitución, e implantar la autonomía municipal.

Solo acabar con este gobierno y sus políticas

No hay otra solución. Lo sucedido con la aplicación del 155 en Cataluña y la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid demuestran la incompatibilidad de este gobierno y de las instituciones de la Monarquía con los derechos de los ciudadanos. También sacan otra vez a la luz pública la verdadera cara de la UE, exigiendo al Estado el control del gasto en los niveles locales y autonómicos.

A partir de ahí el ministro Montoro hizo aprobar en Cortes la Ley de Estabilidad 2/2012, que ampara la Regla de Gasto. Y en cuanto a la legislación local en 2013 aprobaron, recordemos todo con la mayoría del PP, la LRSAL (ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local).

Las elecciones municipales de 2015 dejaron al PP en minoría. La FEMP, ahora con el alcalde de Vigo de presidente, recurrió la ley al TC, con el apoyo de más de 3.000 alcaldes. Pero todo quedó en una negociación para mitigar sus efectos.

Si a esto sumamos la Ley de Presupuestos, con su ley de acompañamiento, tenemos todo el entramado legal que ahoga los ayuntamientos

¿Vienen tiempos peores?

El BCE acaba de comunicar que la compra masiva de bonos se reducirá a la mitad en lo referente a los activos públicos.

Esto nos llevará con toda seguridad a un aumento de los costes del endeudamiento para todas las administraciones públicas que emiten deuda y, también con toda seguridad, hacia una nueva ronda de recortes y privatizaciones que Bruselas ya ha exigido que se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Sin duda, como ha sucedido en otras ocasiones –y la Regla de Gasto es el mejor ejemplo–, los costes de este cambio de coyuntura serán trasladados a las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos.

Los trabajadores y ciudadanos eligieron a estas candidaturas para que aplicaran una política enfrentada al PP, a los recortes. No negamos las dificultades, pero en estos años las CUP, el PSOE e IU, los ayuntamientos con gobiernos de izquierdas, no se han apoyado en los trabajadores, en la población, para organizar una gran movilización contra las leyes que oprimen a los ayuntamientos. El ataque al ayuntamiento de Madrid, el mayor del Estado, plantea como cuestión de supervivencia pasar a organizar concentraciones, protestas, y no solo recursos, para acabar con estas leyes, ante un gobierno que es minoritario, y al que no hay ninguna razón para permitirle que siga gobernando. Los trabajadores siguen exigiendo otra política, que de llevarse a cabo conduciría, de hecho, a enfrentarse al régimen monárquico y a sus normas, que niegan la autonomía municipal.