Según el gobierno de la Generalitat y los partidos que lo sostienen, 2017 es el año decisivo. Septiembre era la fecha límite en la que además, debía acabarse la legislatura diseñada en la hoja de ruta de 18 meses anunciada por Puigdemont en el momento de su investidura en enero de 2016. Sin embargo, a medida que pasan los días y se acerca el gran momento, crece la incertidumbre entre la ciudadanía y aumentan los golpes de timón de los supuestos “soberanistas”. O referéndum o referéndum decía no hace mucho el presidente Puigdemont, intentando aplacar a sus socios de ERC y la CUP, ante cualquier signo de flaqueza que pudiera ofrecer aquél, y queriendo mostrar de esta manera su determinación a realizar un referéndum tanto si era acordado con el Estado, como si no. No obstante, en los últimos días del pasado mes de diciembre se produjo el enésimo giro. El gobierno de la Generalitat proponía transformar el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, en el Pacto Nacional por el Referéndum, una modificación que representa más que una cuestión semántica.

En el centenario de la Revolución Rusa, 2017 puede convertirse ciertamente en el año en el que muchas cosas cambien. Que el cambio sea favorable a los intereses de la clase obrera y de los pueblos del Estado español depende también de que se imponga una salida democrática.