Carta Semanal 1054 para descargar en PDF
El debate celebrado en el Congreso hace unos días sobre la corrupción ha sido definido por algún comentarista como “Y tú más”, por las acusaciones cruzadas entre el PSOE y el PP. Pocos días después, a los escándalos vinculados al PSOE que motivaron el debate se suma un nuevo caso, que afecta a toda la cúpula del Ministerio de Hacienda bajo Aznar y Rajoy, comenzando por su ministro, Cristóbal Montoro. La población, que se enfrenta cada día a enormes dificultades para sobrevivir, asiste asqueada a este espectáculo, que alimenta a la abstención obrera y a la extrema derecha.
Pretenden convencernos de que se trata de casos aislados, que pueden atajarse con algunas medidas. Otros culpan al “bipartidismo”, para presumir de jimienza y, también, para salvar al régimen. Pero no es así: la corrupción –que es un fenómeno propio del capitalismo- se acentúa en España porque afecta a todo el régimen, que corrompe o ha corrompido a todas las organizaciones que viven de sus instituciones. La corrupción recorre al régimen desde la Casa Real al último ayuntamiento.
Juan Carlos I, el heredero designado por Franco, amasó en sus años de reinado una fortuna que Forbes calcula en 1.800 millones de euros (más de 46 millones al año). Cobraba mordidas y comisiones de todo tipo. La fiscalía le atribuyó, sólo entre 2008 y 2012, cinco delitos fiscales acreditados. En todos los ejercicios fiscales consultados. También le atribuyó un posible blanqueo de capitales por la transferencia ordenada a favor de su amante Corinna. Un posible cohecho pasivo por recibir 100 millones de dólares del rey Abdallah o 1.8 del Sultán de Bahrein. Todo fue archivado, ya sea por prescripción o por la inmunidad que le otorgaba su cargo.
Del rey abajo, el sistema corrupto mancha a todos. La web casos-aislados.com valora el monto total de la corrupción en 124.177 millones de euros, de los cuales atribuye al PP 48.427 millones, al PSOE 1.839 y a Convergencia 1.905. Pero no son los únicos corrompidos. Muchas formaciones locales han estado también implicadas en casos de corrupción, como lo han sido, a nivel local, en ayuntamientos y diputaciones, otros partidos. Recordemos que en el caso de las tarjetas black de Bankia estuvieron complicados consejeros propuestos por PP, PSOE, IU, CCOO y UGT.
Una podredumbre que viene del franquismo
El franquismo era un sistema absolutamente corrupto. Por ejemplo, los concejales, incluso en las grandes ciudades, no cobraban salario alguno (ya tenían al ayuntamiento para hacer negocios). El pacto de 1978 con el aparato franquista –pactos de la Moncloa y Constitución- impidió cualquier tipo de limpieza. Al igual que los responsables de la represión y los torturadores, los corruptos y los corruptores permanecieron en sus puestos con total impunidad, y los grandes negocios organizados bajo el amparo del régimen se perpetuaron sin que nadie les molestara. El método de conseguir contratos y concesiones administrativas que describió Luis García Berlanga en su película La Escopeta Nacional, de 1978, también se perpetuó. No es de extrañar, por tanto, que el partido de los franquistas, el PP, acumule en sus filas a la inmensa mayoría de los corruptos descubiertos.
El sistema no sólo se perpetuó, sino que ha demostrado un enorme poder de corromper a todos los que aceptan participar en el juego. Incluyendo a los “recién llegados”: ya hay varios casos de corrupción de cargos de Vox.
Las constructoras
Entre las empresas que se lucran de la corrupción ocupan un papel destacan las grandes constructoras, buena parte de las cuales se construyeron y medraron bajo el franquismo. Comenzaron beneficiándose de la mano de obra esclava, los presos políticos, y luego de las concesiones de obra pública. El negocio de la mano de obra esclava era fabuloso y cimentó muchas grandes fortunas: en aquellos tiempos un trabajador costaba 10,50 pesetas/día, un esclavo político sólo recibía 50 céntimos/día.
En la construcción del Valle de los Caídos intervinieron dos empresas, Agromán de la que uno de los fundadores, José María Aguirre Gonzalo, era el presidente del Banco Guipuzcoano y, posteriormente, en 1970, del Banco Español de Crédito, hasta 1983. También ha ostentado, además de la de Agromán, la presidencia de ACS y Acerinox.
Agroman se integró en Ferrovial, fundada por Rafael del Pino padre como una constructora en 1952, durante la dictadura de Franco, y que cimentó su crecimiento a base de contratos públicos con la Administración franquista, pero incluso también durante la etapa democrática.
Entrecanales y Távora —hoy Acciona— fue uno de los brazos ejecutores del desarrollismo tecnocrático de la dictadura. Participó en grandes obras públicas, como las presas de Almendra o El Atazar, estaciones depuradoras, líneas férreas, carreteras nacionales y centrales nucleares.
Construcciones y Contratas -hoy FCC- fue fundada en 1944 por Ernesto Koplowitz, un judío alemán que en los años cuarenta recaló en Madrid huyendo del nazismo con su familia. A través de sus relaciones con los altos funcionarios del régimen, Koplowitz inició sus negocios consiguiendo el contrato en exclusiva para el alumbrado y alcantarillado de la ciudad de Madrid. Luego, formaron parte de la dirección de la empresa miembros de la familia del dictador.
Dragados, hoy integrada en ACS, el holding de Florentino Pérez, también se benefició de mano de obra forzosa. En 2003, un artículo de Leslie Crawdford en Financial Times llamado Franco’s Slaves habla de Dragados citando un informe gubernamental de 1952 del programa de Redención de Penas por el Trabajo en el que se define como “un muy importante grupo de construcción que ha hecho uso de mano de obra presa durante los últimos 12 años”.
En julio de 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sancionaba a: Acciona Construcción con 29,4 millones de euros; Dragados, filial de ACS con 57,1 millones; FCC Construcción con 40,4 millones y Ferrovial Construcción con 38,5 millones por reunirse semanalmente, desde 1992, para repartirse las licitaciones públicas de grandes obras en hospitales, aeropuertos, carreteras, puertos… Y hoy aparecen en buna parte de los escándalos de corrupción.
Las grandes eléctricas, que también fueron creadas bajo franquismo, aparecen implicadas en el nuevo caso de corrupción que afecta a Montoro.
Las puertas giratorias
Antes señalábamos la integración de la familia Franco y de otros gerifaltes del régimen en los consejos de administración de las empresas. Hoy, esa práctica se perpetúa con la corruptela de las puertas giratorias. 15 de las 35 empresas que componen el IBEX 35 tienen entre sus consejeros a personas que han ocupado cargos de responsabilidad en la Administración durante los últimos diez años. Cuarenta altos cargos de los gobiernos de PP y PSOE se han colocado en las grandes empresas privatizadas, compañías cuyo paso a manos privadas gestionaron los ejecutivos entre 1984 y 2014 como Telefónica, Endesa, Repsol, Enagás o Red Eléctrica se convierten en el plan B de una élite política tras pasar por los ministerios.
Cómo acabar con todo esto
Tras cada escándalo de corrupción, oímos nuevas promesas, nos prometen nuevas medidas, más limpieza. Hasta el siguiente caso.
El sistema está podrido hasta la médula, está podrido desde sus orígenes, desde la continuidad del régimen con el franquismo. El primer paso para combatir de verdad la corrupción es acabar con la monarquía, limpiar de arriba abajo el aparato de Estado, expropiar a las grandes compañías que se alimentan de la corrupción y corrompen a los responsables públicos. Esa será una de las grandes tareas de la República. Pero hay que tener en cuenta una segunda cuestión: los establos de Augías heredados de la dictadura se han visto amplificados con las «normas del mercado único» de la Unión Europea, que, de hecho, promueve todo tipo de corrupción, con la especulación -en particular, inmobiliaria- y la luz verde a la acción de la banca (no es por casualidad que la Comisión Europea critique la oposición del gobierno a la fusión BBVA/Sabadell, que, entre otras cosas, provocaría más de 7.000 despidos)
Decíamos antes que el régimen ha corrompido a muchas organizaciones. Precisamente, en la lucha por la República, hay una exigencia para todas las organizaciones políticas y sindicales que se reclaman de la mayoría social: la independencia financiera –imprescindible para la independencia política- de las corruptas instituciones heredadas. Es una cuestión política. Es difícil vivir del régimen sin aceptar sus normas corruptas.