Carta Semanal 1021 para descargar en PDF
La crisis actual viene de lejos. De hecho, es el producto del rechazo reiterado de la mayoría del pueblo francés, de los trabajadores y la juventud a la política desarrollada a favor del gran capital y la política guerrera de la presidencia de Macron. Podríamos hablar desde el surgimiento de los «chalecos amarillos» en noviembre del 2017.
En lo inmediato, viene de la doble derrota electoral del partido de Macron en las elecciones legislativas del 30 de junio y el 7 de julio pasados.
El hecho de que, tras el 7 de julio, la coalición mayoritaria, el Nuevo Frente Popular (NFP), no accediera al gobierno precipitó la crisis actual.
En efecto, según las prerrogativas de la constitución vigente, es el Presidente de la República quien propone al nuevo primer ministro y busca la mayoría parlamentaria. Michel Barnier, dirigente de Los Republicanos, era el representante de un partido que obtuvo poco más del 5 por ciento de los votos, y le sostenía una minoría de la Asamblea Nacional. Por tanto, su mayoría dependía, en particular del apoyo de RN (o sea, de la ultraderecha de Le Pen), grupo que dictaba las leyes -de hecho- al gobierno. La contradicción estriba en que el RN tiene un electorado ganado en la oposición a Macron, y demagógicamente, con exigencias de aumento de salarios y pensiones y derogación de la reforma de pensiones de Macron (reforma que aumentaba la edad de jubilación a los 64 y el número de años cotizados a 42).en estas circunstancias, Barnier presidía un gobierno minoritario que no ha durado más de 100 dias.
La gota que colmó el vaso
El lunes 2 de diciembre el gobierno anunció que aprobaría la ley de Financiación de la Seguridad Social por medio del artículo 49.3 (o sea, aplicando un procedimiento que permite aprobar leyes sin voto. A menos que hay una moción de censura contra el gobierno que las propone).
Esta ley significaba un recorte claro al sistema público, incluyendo la congelación de las pensiones hasta el mes de julio, al menos (negando el aumento automático del 1 de enero según la inflación). Esta ley forma parte del proyecto de Presupuestos para 2025 que implican recortes de 60.000 millones junto a un aumento de los gastos militares. Este anuncio provocó que LFI arrastrando al Nuevo Frente Popular –donde había algunas reticencias de socialistas y comunistas- presentara una moción de censura este jueves 4 de diciembre. Moción a la cual se vio obligada a sumarse Le Pen por su propios motivos (una parte importante de sus votantes son pensionistas) 331 diputados de 577 votaron la censura haciendo caer al gobierno.
Ahora, el presidente debe nombrar un nuevo primer ministro o dimitir, pues, según la constitución, no puede haber nuevas elecciones legislativas antes de julio próximo (el plazo de elección legislativo es de un año).
Emmanuel Macron anunció este jueves a las 20 horas que, a pesar de la derrota sufrida, tenía la intención de seguir como presidente hasta el 2027 y que nombraría un nuevo presidente de gobierno para aplicar un presupuesto de recortes y guerra. A la vez, este jueves también se desarrolló una huelga de los trabajadores de la función pública, con manifestaciones en 200 ciudades.
Y la lucha de clases directa
Este jueves 5 de noviembre está convocada una huelga de funcionarios y empleados públicos exigiendo aumento de salarios y creación de puestos vacantes.
Los días 10, 11 y 12 los sindicatos llaman a huelga en los ferrocarriles contra la privatización del transporte de mercancías y por aumento de salarios. El 12 se llama a todos los sectores. Entretanto, hay movimiento de huelga en Michelin, Arcelor, entre los choferes de taxi. Y movilizaciones de los campesinos contra las consecuencias de los acuerdos con Mercosur.
Para La Francia Insumisa, la caída de Barnier solo puede ser una etapa para la destitución o dimisión de Macron. De hecho desde el 7 de julio LFI ha recolectado centenares de miles de firmas por la destitución de Macron
¿Qué propone LFI?
La declaración publicada este miércoles por la noche no puede ser más explícita:
¡PASO AL PUEBLO!
El gobierno Barnier, que pretendía imponer un presupuesto injusto y cruel, ha caído.
Ahora Macron debe irse. El presidente de la República impone desde hace 7 años una política en favor de los más ricos y contra la gran mayoría.
¡Es minoritario y debe responder ante el pueblo!
¡OTRA POLÍTICA ES POSIBLE!
Y a continuación expone las principales medidas, basadas en las reivindicaciones.
Para los últimos datos, ver la entrevista a Mélenchon en El País del domingo.
Editorial de Información Obrera especial Valencia.
Por una reconstrucción rápida al servicio de la mayoría.
Las instituciones deben responder. Castigo a los culpables.
La juventud, los trabajadores y el pueblo valenciano exigen reparación y responsabilidades a todas las instituciones, sin excluir a la monarquía. La indignación y el sentimiento de abandono de todas las instituciones cristalizó cuando el 3 de noviembre el pueblo de Paiporta le impidió la entrada a la localidad al rey y a los presidentes del Gobierno y de la Generalitat valenciana. Los días 9 y 30 de noviembre, en dos manifestaciones históricas en Valencia, cientos de miles de jóvenes y trabajadores volvían a exigir responsabilidades a los gobiernos central y autonómico, pedían la dimisión y el encarcelamiento del presidente valenciano Carlos Mazón y tildaban las más de 220 muertes de asesinatos.
La tragedia conmocionó a los trabajadores y a los pueblos de España. Desde Madrid, Cataluña o Andalucía, salieron cientos y cientos de voluntarios a unirse a las decenas de miles de jóvenes voluntarios valencianos en las tareas de limpieza y ayuda a los damnificados. Bomberos y sanitarios de otras comunidades autónomas acudieron con sus medios de trabajo a ayudar, muchos no pudieron llegar a prestar sus servicios y debieron volverse porque la legislación autonómica da poder al presidente de la Generalitat para rechazar su ayuda.
La catástrofe ha puesto en evidencia la incapacidad de un Estado burocrático y parasitario, la Monarquía pactada a la muerte del dictador, para actuar en favor de los intereses de la mayoría. Unas instituciones que no fueron capaces de realizar las obras hidráulicas proyectadas desde hace decenios y que hubiesen evitado el desastre, como tampoco fueron capaces de alertar con tiempo a la población de la catástrofe que se avecinaba para que pusieran sus vidas a salvo. Son asesinatos. No es una cuestión que se pueda limitar a Valencia o al País Valenciano, es todo el entramado institucional del Estado autonómico el que está cuestionado por los trabajadores y los pueblos de toda España.
La devastación ha traído la destrucción económica y social a comarcas que suponen el 34 % del PIB y del 25 % del empleo de la provincia de Valencia. Son muy pocos los que confían en que la zona arrasada vaya a ser reconstruida por estas instituciones, por más que ahora se afanen en aparentar que lo están haciendo, por más que prometan que lo harán. Son instituciones en crisis que rehúyen su responsabilidad en todos los terrenos, son instituciones al servicio del capital financiero (rescataron a la banca con decenas de miles de millones cuando se hundió el mercado inmobiliario, pero no son capaces de garantizar una vivienda a los jóvenes ni a los trabajadores con bajos salarios), al servicio de las guerras de la OTAN (según un informe del Grupo Tortuga, el gasto militar español alcanzaría 60.000 millones de euros en 2024). Es evidente que la «reconstrucción» que pueda hacerse bajo el control de estas instituciones será en función de los planes de corruptos, especuladores y multinacionales.
Una reconstrucción rápida y racional al servicio de la mayoría exige desviar los gastos militares y los beneficios de la banca y de las multinacionales a las necesidades de la reconstrucción. Y esto no lo van a hacer generales que empiezan por multiplicarse el sueldo ni un gobierno que se declara firme partidario de la OTAN y de la UE.
Solo las asociaciones de damnificados uniendo fuerzas y coordinando acciones con un mismo plan, junto con las plataformas, los comités, pueden liderar la reconstrucción. Exigiendo a todas las organizaciones que dicen representar a los trabajadores y a los pueblos que vuelquen todas sus fuerzas por una reconstrucción racional al servicio de la mayoría. Los que nos agrupamos en torno al periódico Información Obrera apoyaremos cualquier paso adelante en este sentido.