Carta Semanal 1117 para descargar en PDF
Un dato nuevo de la situación mundial es la movilización de la juventud en distintos países y por motivos diversos, pero, en general, relacionados con cuestiones que afectan a su vida cotidiana, como la situación de la enseñanza y la vivienda. Aunque en algunos países, la movilización apunta a elementos de política general. La juventud, que alimentaba un profundo rechazo hacia los distintos regímenes, que se manifestaba, sobre todo en una masiva abstención electoral, comienza a pasar a la acción política.
En Chile, una potente huelga, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), ha paralizado la enseñanza pública. En la capital del país, Santiago de Chile, una gran manifestación ha reunido a más de 20.000 personas en la Alameda, la principal avenida de la ciudad. La manifestación, cuya consigna ha sido Ni un peso menos para la educación, se ha desarrollado horas después de que el presidente, José Antonio Kast, anunciara su Presupuesto 2027, que incluye importantes recortes en una enseñanza ya muy deteriorada.
En Nueva Delhi, capital de la India, el pasado 9 de octubre, miles de personas, especialmente jóvenes, se han movilizado a pesar de la prohibición oficial de manifestarse y de las medidas de las autoridades, que cerraron los accesos de 45 estaciones de metro, suspendieron los servicios de internet móvil, y cancelaron 245 trenes con origen o destino en la capital. Las manifestaciones se han contra la revisión de las listas electorales, que, según los críticos, ha perjudicado a sectores del electorado y favorecido al gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP), del primer ministro indio, Narendra Modi. Convocaba la manifestación el llamado “movimiento de las cucarachas”, que surgió en julio pasado, cuando encabezó protestas multitudinarias por irregularidades en exámenes públicos que terminaron con la dimisión del entonces ministro de Educación.
El 11 de octubre, una marea roja, impulsada sobre todo por jóvenes y adolescentes, tomaba la avenida Paulista de São Paulo para demandar el voto a Lula en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y así, en todo el país.
Miles de estudiantes de los Liceos de Francia bloquean desde hace días las entradas de sus centros de estudios y se movilizan en las calles en protesta por la falta de profesores, el deterioro de las instalaciones y los recortes en la enseñanza pública. El gobierno ha respondido con una brutal represión, que ha provocado cientos de detenidos y varios estudiantes gravemente heridos. Diversas instancias sindicales han llamado a unirse a las movilizaciones para proteger a los estudiantes.
En Alemania, el 25 de septiembre, más de 45.000 estudiantes salieron a las calles en huelgas escolares y manifestaciones en un centenar de ciudades alemanas (como Berlín, Múnich y Núremberg), en una Huelga escolar contra el servicio militar obligatorio, al grito “No participaremos en vuestras guerras”
La Conferencia y mitin internacional contra la guerra, celebrados en Londres el 20 y 21 de junio, acordó convocar, en toda Europa, movilizaciones de jóvenes contra el rearme y el servicio militar obligatorio. En respuesta a esa propuesta, 23 organizaciones juveniles, de 12 países, llaman a una jornada de movilización el 20 de noviembre. En su llamamiento Young Strike, dicen: “¡Luchemos por nuestro futuro, no por sus guerras! 20 de noviembre de 2026: Jornada de huelgas y movilizaciones internacional estudiantil y juvenil”.
En España, la movilización por el derecho a la vivienda, en la que tienen una participación destacada los jóvenes, ha demandado la convocatoria de una huelga general, a la que han respondido favorablemente los principales sindicatos.
La convocatoria de Huelga General
Hay que señalar un hecho: en contradicción con la política de concertación y diálogo social que han venido desarrollando durante años, los principales dirigentes sindicales han dado el paso (que algunos consideran histórico), de responder a las organizaciones de inquilinos y aliarse con todas la fuerzas sindicales. Incluso los sindicatos vascos -tan a la suya habitualmente- han tenido que adherirse al llamamiento unitario.
Recordemos que la última movilización general convocada por UGT y CCOO data del 14 de noviembre de 2012, contra la reforma laboral de Rajoy. Después de esta jornada, los dirigentes Toxo y Méndez, en lugar de continuar por el camino de la movilización, decidieron volver a la oferta de diálogo social .Sin duda estos 14 años van a pesar, incluso en la capacidad de organizar la jornada de huelga. “La pólvora está mojada». Y, sin embargo, los argumentos y el clamor popular existen.
Desde el punto de vista de la acción sindical, la relación establecida entre salarios (lo que incluye las pensiones) y el aumento del precio de la vida es central. Pero la cuestión de los alquileres y la vivienda social difícilmente se puede negociar en un convenio colectivo. Por el contrario, exige medidas políticas por parte del gobierno. Gobierno por otro lado en funciones, ante la convocatoria de elecciones el 29 de noviembre. Y que hábilmente maniobra con los nuevos decretos, convertidos en arma electoral y que, al mismo tiempo, no son medidas de fondo, como señalan muchas organizaciones de inquilinos.
Argumentos principales
Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) del Censo de Población y Viviendas, hay en España 3.837.328 pisos y apartamentos vacíos, lo que representa el 14,4% del parque total de viviendas. Viviendas dedicadas, en buena parte, al alquiler turístico. Una parte significativa son propiedad de grandes corporaciones, desde la banca a la Iglesia, de lo que popularmente se llaman «fondos buitres». Hay también un sector de propietarios medios y un 80% de las viviendas en alquiler pertenece a varios cientos de miles de pequeños propietarios con una o dos viviendas, que en muchos casos los tienen en alquiler regulado. Pero, en un mercado con escasez de oferta, es el millón largo de viviendas en manos de especuladores, grandes tenedores y fondos buitres, el que determina el valor de mercado de la vivienda, ya sea en venta o en alquiler. Debemos, por tanto, huir de los que dicen «proteger a los pequeños propietarios”, argumento demagogo para proteger, en realidad, a los grandes tenedores.
Frente a la falta de viviendas y la carestía de los alquileres, hay, por tanto, una sola solución: la expropiación de los grandes propietarios, para colocar en alquiler social los pisos liberados. Una medida que se debe acompañar de un plan de construcción de vivienda social, de cientos de miles de viviendas, lo que requiere inversiones y, por tanto, es una cuestión política que se concentra en el presupuesto. Y, en especial, en la disyuntiva “cañones o mantequilla”, gastos militares o gasto social. España tiene poco más del 2% de viviendas en alquiler social, frente al 8% de la media europea. La cuestión de la vivienda está relacionada con los precios, al alza del coste de la vida, la inflación.
Todas estas medidas abordan la cuestión central: la propiedad privada. Vale de poco referirse a la Constitución y a su artículo 47, cuando la propia constitución establece otras prioridades, como el pago de la deuda. Las leyes que se aplican facilitan la acumulación de riquezas y el mercado especulativo. El derecho a la vivienda no puede subordinarse a la búsqueda del máximo beneficio en el “mercado”. Por tanto, esta cuestión no se plantea en términos abstractos. En lo concreto, se enfrenta al Estado, al régimen y a la constitución del 78.
La segunda cuestión que está en el centro de la convocatoria de huelga está relacionada con los precios, o sea, la inflación desaforada. El precio de los combustibles –y de la energía, en general- no es, principalmente, a pesar de lo que nos cuentan, el resultado de la guerra en Oriente Próximo. Lo determinante es pura especulación organizada por las grandes multinacionales (fruto, en nuestro país, de la privatización), que obtienen ganancias fabulosas. REPSOL es el buque insignia. Las dos confederaciones plantean, en su convocatoria de huelga, esta cuestión relacionándola con la actualización de los salarios en los convenios colectivos y con el AENC. Medidas que, en el mejor de los casos, serían soluciones a corto plazo. La medida que se necesita es la intervención del Estado bloqueando precios, y la renacionalización en relación a las grandes multinacionales.
En tercer lugar, el estado de los servicios públicos, su desmantelamiento por una combinación de penuria presupuestaria y privatizaciones, la falta de inversiones en infraestructuras. En última instancia, las prioridades presupuestarias. Por tanto, el despilfarro, desde el punto de vista social, que representa el hecho que se hayan como mínimo doblado los gastos militares. Por no hablar de lo que significa, en otros terrenos, la marcha hacia el rearme y la guerra, con sus connotaciones de guerra social y de reclutamiento de los jóvenes.
Las cuestiones políticas en juego:
Las movilizaciones, la huelga y la convocatoria de elecciones se producen en una situación en la que el sector del capital financiero más ligado al imperialismo, que se identifica con las instituciones heredadas del franquismo, se trata de suprimir las libertades y derechos conquistados después de la muerte de Franco y que el aparato de Estado tuvo que «reconocer». Aznar lo definió así: “no se trata de cambiar de gobierno, sino de sistema”. Quieren acabar con todas las conquistas del movimiento obrero, con el Estatuto de los trabajadores, la LOLS, con la ley orgánica de la Seguridad social entre otras. No es una cuestión ideológica «trumpista», es la necesidad del capital para subsistir en la guerra abierta en el marco de la competencia aguda, en plena descomposición del mercado mundial. Es una expresión central de la política de guerra.
En segundo lugar, hay que constatar el fracaso de la política de concertación y diálogo social, que ha desarmado a la clase obrera. Álvarez lo ha confesado «la patronal se niega a negociar el AENC y se lanzan tromba contra la huelga política”. El aparato sindical se ve obligado a reaccionar porque intuye que es su existencia lo que está en juego.
Contrariamente a lo que pretenden hacer creer ciertas publicaciones (y declaraciones como la de Mª J. Montero “la huelga es contra la oposición”), el contenido de la huelga no puede ser el apoyo al gobierno (que es el responsable de la situación actual de la vivienda). Como señala el sindicato de inquilinas, en su documento “huelga general por la vivienda y el coste de la vida”, ésta se hace “contra todos los gobiernos que protegen al rentismo frente a las trabajadoras en todos los niveles de la institución y según sus responsabilidades”.
Nuestra posición es clara: la huelga es para exigir a todos los gobiernos, actuales y futuros, centrales y autonómicos, soluciones al problema de la vivienda, los precios, los salarios… Gobierne quien gobierne, las reivindicaciones se defienden