Carta Semanal 1087 para descargar en PDF

La clase trabajadora empieza a sufrir en su vida cotidiana las consecuencias de la guerra desencadenada por los EEUU e Israel contra Irán: los combustibles han subido hasta un 20% en pocos días, y se prevén más subidas, y se anuncian incrementos de los precios de los alimentos y la energía. Todos ellos componentes que suponen buena parte de los gastos de las familias trabajadoras, especialmente las que sobreviven con salarios más bajos, y que ya llegan con enormes dificultades a fin de mes.

La inflación, además, puede desencadenar nuevas subidas de los tipos de interés y, con ellos, de los intereses de las hipotecas, lo que puede abrir paso a una nueva oleada de desahucios.

Subidas debidas a la especulación

La clase trabajadora, expulsada de los centros de las ciudades –e, incluso, de las propias ciudades- por la especulación inmobiliaria y los pisos turísticos, depende en buena medida de sus vehículos particulares para ir a trabajar (ante la ausencia de una red eficiente y rápida de transporte público o por el deterioro y mal funcionamiento de la misma). La subida de los carburantes le supone una dificultad añadida para llegar a fin de mes. Una subida que se produce por el traslado inmediato al consumidor de la subida del petróleo, aunque el combustible que se vende ahora se compró hace meses a precios mucho más baratos. Pero las compañías distribuidoras de combustible aprovechan la ocasión para especular con los precios. Tiene razón Podemos al plantear, entre las medidas para hacer frente a la subida de precios, la nacionalización de Repsol.

En cuanto a la subida de la electricidad, hay que recordar que sólo un 20% de la producción viene del gas natural, ya que el gas funciona principalmente como energía de respaldo, cubriendo la demanda cuando las renovables no son suficientes, y este año las abundantes lluvias hacen que haya disponible mucha energía hidroeléctrica. Además, España no importa prácticamente gas de Oriente Medio.

En cuanto a las anunciadas subidas de los alimentos, los agricultores sufren sin duda, las consecuencias del incremento del precio del gasóleo para sus tractores, y del aumento del precio de los fertilizantes (que se han sumado a la ola especulativa), pero hay que recordar que lo que recibe el agricultor sólo supone, como mucho, un 30% del precio final que paga el consumidor por los productos. En cuanto al transporte, FENADISMER, patronal del sector, señalaba en 2020 que “el transporte apenas influye en su precio final (…) en un kilo de tomates, por ejemplo a 3,5 euros, el transporte representa tan sólo en torno al 3 % del precio final, esto es, unos 10 céntimos”. Además, las grandes distribuidoras raramente suben el pago del transporte cuando suben los combustibles. Quienes determinan los precios son las grandes distribuidoras de alimentos, un sector en que existe una alta concentración de la distribución, dominando los supermercados el 47% de las compras. El caso es que el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) muestra que el precio de los alimentos puede multiplicarse de media por casi 3 veces (273%) desde que el producto sale del campo hasta que llega al supermercado. En casos extremos de productos frescos, esta diferencia ha llegado a superar el 900%.

Sin embargo, Juan Roig, propietario de Mercadona, una de las mayores distribuidoras, pide al gobierno, como medida para paliar la subida de los alimentos, bajar su IVA al 0%. Hay quienes recuerdan que la última vez que el gobierno rebajó el IVA de los alimentos, Mercadona respondió subiendo los precios para hacer caja.

La situación exige medidas efectivas

Mientras el PP propone rebajas en el IRPF (que no afectarían a los perceptores del salario mínimo y a muchos pensionistas, que no declaran IRPF, y que mermarían los ingresos del Estado para financiar los servicios públicos), el gobierno ha anunciado que se va a reunir con los “agentes sociales” para proponer medidas para hacer frente a las subidas de precios. Se habla de rebajar impuestos a la electricidad y los combustibles, de ERTES y protección frente a los despidos… Paños calientes que no hacen frente a las causas del problema, la acción de los especuladores que provocan estas subidas de precios. Otros gobiernos europeos van más lejos. Por ejemplo, Hungría, cuyo gobierno ha decidido fijar un precio máximo para los carburantes, y ha prohibido temporalmente la exportación de combustible, o Croacia, que también ha empezado a limitar el precio de venta de los combustibles durante las próximas dos semanas. En cambio, el gobierno de Portugal ha aprobado un descuento temporal en el impuesto sobre el gasóleo, una medida que supondrá una reducción ridícula, de 3,55 céntimos por litro en el precio.

Podemos ha presentado una propuesta de ley que incluye medidas más efectivas: reducción del 40% del precio del alquiler, gratuidad del transporte público, limitar los precios de los alimentos, abaratar los medicamentos, prohibir el corte de suministros, moratoria anti desahucios de mínimo 12 meses. A lo que se añaden medidas que apuntan a los especuladores que causan las subidas de los precios: nacionalización de Repsol, creación de un supermercado público, expropiación de vivienda a fondos buitre para destinarla a vivienda pública.

Por ahí van los tiros, poner fin a las subidas de precios que estrangulan a la población trabajadora exige la intervención del Estado en la distribución de carburantes y alimentos, acabar con los monopolios especuladores (incluyendo las eléctricas). Y destinar –aunque la propuesta de Podemos no lo incluye- los miles de millones dedicados al incremento del gasto militar a atender las necesidades más inmediatas de trabajadores y trabajadoras.

Pero la acción no se puede limitar a la presentación de una iniciativa parlamentaria, por adecuada que sea, que, aún en el caso de que llegue a tramitarse, moriría víctima de la aritmética del Parlamento.

Movilización unida para exigir al gobierno que tome esas medidas

Imponer las medidas que la población trabajadora necesita –y especialmente sus sectores más explotados, los jóvenes, las mujeres, los contratados a tiempo parcial, los inmigrantes, quienes cobran el salario mínimo…- exige la movilización unida, a la que deberían dedicar sus fuerzas todas las organizaciones que pretendan defender a la clase trabajadora y, en primer lugar, los sindicatos. Y también las organizaciones y plataformas que luchan por el derecho a la vivienda, contra los desahucios, por los derechos de los pensionistas… Una movilización que no se contrapone a las movilizaciones contra la guerra, por el fin inmediato de los bombardeos en Irán, Gaza y el Líbano, que, al contrario, debe exigir el fin de la guerra, de la marcha hacia la guerra y del gasto militar.

Justamente, el gobierno ha rechazado que las bases de Morón y Rota sean utilizadas y que la marina española participe en el intento de «controlar» el estrecho de Ormuz. La lógica consecuencia de estas medidas seria acabar con el monstruoso gasto militar que, como ha demostrado en sesión parlamentaria el diputado Jordi Salvador, se elevan a 94. 000 millones.

No participar en la guerra exige decir basta a los gastos militares y denunciar los acuerdos firmados por Franco en 1953 sobre las bases de Rota y Morón