Carta Semanal 1060 para descargar en PDF

No sin razón muchos medios de comunicación han calificado el encuentro en Bruselas del martes 2 de septiembre entre Carles Puigdemont y Salvador Illa como la amnistía política que aquél reclamaba, ya que la amnistía legal, la que debería haberse implementado en aplicación de la ley desde hace más de un año, no se ha producido. La razón es conocida de todos: la herencia franquista que impregna algunas de las instituciones y poderes del Estado, particularmente el poder judicial, encabezado por el CGPJ, y la obstaculización vehiculizada a través del Tribunal Supremo, han impedido hasta este momento aplicar totalmente la amnistía, especialmente a los principales dirigentes del «procés». No se trata de una simple anomalía. Es la enésima constatación de la aversión que tienen a la democracia y a cualquier solución política, y de su apuesta por el enfrentamiento. Sin duda, tiene razón Pedro Sánchez cuando afirma que “hay jueces haciendo política que no cumplen la ley”. Pero someterse a ellos, o “sufrirlos en silencio” como hace el gobierno que preside, no es ninguna solución. Al contrario, les da cuerda.

LAS COSTURAS DEL RÉGIMEN AL DESNUDO

Sí, efectivamente, la herencia franquista representa una amenaza directa contra las libertades y las conquistas democráticas. Pero no menos nocivo resulta la estructura del Estado monárquico basado en las autonomías. La catástrofe producida en Valencia por la DANA el pasado 29 de octubre mostró el aspecto más indecente, e incluso criminal, de una administración incapaz de garantizar la seguridad más elemental de los ciudadanos ante una emergencia como la que se produjo. Incapaz de gestionar los recursos públicos que ayudan a anticiparse a la catástrofe y de facilitar que las zonas inundables estén como están, aún hoy. Tienen razón también los valencianos y valencianas que cada mes exigen, como punto de partida para la reconstrucción, la dimisión de Mazón y su procesamiento.

Por si fuera poco, este verano más de 400.000 hectáreas de bosque y cultivos han ardido ante la impotencia de la población, la imprevisión total de las instituciones y organismos encargados de prevenir los incendios, y la absoluta insuficiencia de los medios de extinción, agravada además por la descoordinación de los mismos, la mayoría de las veces como resultado directo de la privatización. Es necesario repetirlo: el «café para todos» de la España autonómica no ha servido para solucionar la cuestión nacional y regional, ni para gestionar mejor desde la “cercanía”. Eso sí, ha servido para facilitar la privatización de los servicios públicos, para desarticularlos, desde la sanidad a las infraestructuras, facilitando la especulación y la corrupción. Del resto se ha encargado las numerosas directivas de la UE que han facilitado la destrucción de la agricultura y la ganadería para el consumo de la población según los intereses de las grandes multinacionales, que han provocado la desertización de zonas enteras.

LA NECESIDAD DE UNA FINANCIACIÓN SUFICIENTE

Pero si hay una cuestión que ejemplifica mejor que otras la bancarrota del sistema autonómico es la forma en la que se financian las “autonomías”, que lleva once años caducado. El acuerdo PSOE-ERC pretende solventar agravios y restablecer el principio de la ordinalidad, es decir, que quien contribuye más, reciba en proporción a ello. ERC ha explicado que con este acuerdo se ha conseguido una vieja aspiración del nacionalismo catalán: salirse del café para todos y conseguir una financiación singular para Catalunya, contestado rápidamente por el gobierno en el sentido de que la singularidad será para todas las comunidades, con lo que es lícito preguntarse si cuando la singularidad se generaliza, deja de serlo o no. En cualquier caso, polémicas aparte, y de las críticas de Junts o del PP, hay tres cosas ciertas: la primera, que el texto del acuerdo es en algunos aspectos suficientemente ambiguo (por tanto interpretable a conveniencia), la segunda, que poner en marcha algunas de las cosas concretas que sí recoge, requiere cambiar leyes orgánicas para las que no hay mayoría. Y la tercera y no menos importante, si lo que se pretende es encontrar la financiación adecuada para garantizar los servicios públicos, la sanidad, la enseñanza, las infraestructuras… para solventar los problemas de vivienda, para despejar el futuro de las pensiones y garantizar la caja única y el sistema de reparto, entonces hay que concluir que ni la singularidad, ni la ordinalidad, por sí solas, garantizan todo eso, y máxime si se quiere hacer compatible con el incremento en los gastos militares. Separar el sistema de financiación (el que sea) del sistema fiscal, solo sirve para ocultar el fraude de las grandes fortunas, de las multinacionales, con otros debates. Difícilmente se pueden obtener recursos para satisfacer las necesidades de la población si no se ataca a fondo los privilegios de las multinacionales, de los bancos, etc. Por ejemplo, hay más de un millón de viviendas vacías en toda España en manos de los bancos y fondos buitres. Expropiarlos y crear un parque público de viviendas a precio asequible para la población, para los jóvenes, significaría una fuente de recursos importantísima. Pero hay quien prefiere seguir discutiendo otras cosas que no cuestionan estos privilegios y los negocios inmorales que penalizan a la población trabajadora.

POR EL COMBATE COMÚN DE TRABAJADORES Y PUEBLOS

Catalunya, como el resto de pueblos de España, necesita una financiación suficiente, pero esta no puede venir en detrimento de los demás pueblos del Estado. Urge situar el fondo del problema que no es otro que el de acabar con los privilegios de los poderes económicos parapetados tras un régimen parasitario que permite el saqueo de los servicios públicos. La derecha franquista azuza el enfrentamiento entre los pueblos, mientras el gobierno se muestra incapaz de enfrentarse a la herencia franquista. Pero hay una salida: el combate común de los trabajadores y pueblos de España que tienen los mismos intereses en defender las conquistas comunes, muchas de ellas obtenidas bajo la dictadura. Es la salida republicana que debe organizar la administración del Estado de manera que se asegure los recursos suficientes para atender las necesidades de la población no importa el territorio donde esté. Que asegure la fraternidad entre todos los pueblos sobre la base de la libertad de escoger cual debe ser su futuro. Es la vía de la República, de la Unión de Repúblicas libres y soberanas para acabar con toda forma de opresión y explotación.

¡Rechacemos la agresión de Trump contra Venezuela!

Estados Unidos envió buques de guerra al Caribe en amenaza al país vecino.

Desde el 14 de agosto, la administración Trump ha enviado buques de guerra y aviones espía al sur del Mar Caribe en una supuesta operación antinarcóticos, amenazando directamente a Venezuela.

El 1 de septiembre, como denunció el presidente Nicolás Maduro, ocho buques militares y un submarino nuclear, equipados con 1.200 misiles y una fuerza de 4.500 infantes de marina, navegaban por aguas caribeñas, «todos apuntando a la nación venezolana».

El pretexto de Washington para combatir el narcotráfico há sido la acusación de que Maduro era el jefe del «Cártel de los Soles», del que nunca se había oído hablar, además de ser un fugitivo de la justicia estadounidense con una recompensa de 50 millones de dólares por su cabeza. Una verdadera provocación, muy del agrado de Trump, quien el 2 de septiembre publicó un video que muestra la destrucción, en aguas internacionales, de una lancha rápida que supuestamente había salido de Venezuela, matando a 11 personas, presuntamente miembros del cártel del Tren de Aragua. El gobierno de Maduro afirmó que el video podría haber sido creado mediante inteligencia artificial (IA).

Lo cierto es que las armas desplegadas por Estados Unidos en la región no son compatibles con una operación para combatir el narcotráfico, sino más bien con una agresión militar directa contra Venezuela.

Reacción internacional

El presidente colombiano Gustavo Petro advirtió que una intervención militar estadounidense generaría “una crisis regional de gran magnitude”, además de denunciar la mentira del «Cártel de los Soles», al que comparó con las «armas de destrucción masiva de Irak», inexistentes. Petro y Maduro desplegaron tropas de ambos países en su frontera común para acciones conjuntas de defensa territorial. El presidente colombiano también propuso una conferencia continental para proteger la Amazonía del narcotráfico.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien había repudiado las acusaciones de Trump sobre la complicidad de su gobierno con los cárteles de la droga y cualquier presencia de tropas estadounidenses en territorio mexicano, rechazó el despliegue de la fuerza naval en aguas del Caribe y exigió respeto al «principio de autodeterminación de los pueblos… sin intervención extranjera». Los gobiernos de Brasil y los diez países miembros del ALBA-TPC, así como la gran mayoría de los países de la CELAC, adoptaron la misma postura, con la desafortunada excepción de gobiernos de derecha como los de Milei en Argentina y Noboa en Ecuador. China y Rusia también repudiaron cualquier intento de intervención militar estadounidense en Venezuela.

Trump, saque sus zarpas de Venezuela y Latinoamérica

El 16 de agosto, en una reunión preparatoria de la Conferencia Continental en Defensa del Derecho a Migrar, los Derechos de los Migrantes y la Soberanía Nacional, activistas venezolanos y colombianos discutieron la próxima operación militar naval de Trump, adoptando la postura de contribuir a la construcción de un frente continental antiimperialista unido en defensa de la soberanía de Venezuela, posponiendo esta propuesta para su debate en la conferencia en Ciudad de México los días 27 y 28 de septiembre.

Sin embargo, es imperativo que se realicen manifestaciones y movilizaciones en Brasil y otros países latinoamericanos en defensa de la soberanía de Venezuela contra la agresión de Trump, para bloquear cualquier nueva intervención militar. ¡Un ataque imperialista contra Venezuela es un ataque contra todos los pueblos de Latinoamérica!

Julio Turra