Carta Semanal 1042 en catalán
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Fuentes oficiales anuncian que aún faltarán meses para conocer las causas concretas del apagón que el pasado día 28 dejó sin electricidad a toda la península ibérica. Pero, a falta de esos detalles, sí es posible explicar las causas profundas de esa gran avería que paralizó la mayoría del territorio español y portugués. Y que ha causado, al menos, diez muertes.
Un acontecimiento previsible
En lo que coinciden muchos expertos es en una afirmación: el apagón era no sólo previsible, sino inevitable dado la estructura de nuestro sistema de producción y distribución de electricidad.
En septiembre de 2020, técnicos de Red Eléctrica -hoy, Redeia- (la empresa encargada de las redes de distribución de alta, media y baja tensión) presentaron un estudio sobre el sistema eléctrico nacional, cuyo resultado fue concluyente: la integración masiva de renovables tendría un mayor impacto en la estabilidad de la red en España que en otros países de Europa por su limitada interconexión (España, por su limitada conexión con redes europeas y su orografía, es especialmente vulnerable). Para hacer frente a esta amenaza, los técnicos de la empresa pública propusieron una batería de medidas “imprescindibles” para evitar desajustes “inadmisibles” de frecuencia. Esos informes internos hablaban con claridad: «riesgo inadmisible de pérdida de frecuencia», «déficit de inercia», y la necesidad de «implantar baterías masivas o plantas de respaldo». Nada de eso se puso en práctica.
Concretamente, propusieron elevar la capacidad de almacenamiento o las interconexiones para «asegurar la operatividad» de la red en la transición verde. Cinco años después, estas perturbaciones son la causa a la que apunta la propia compañía para explicar el apagón.
En enero de 2025, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) volvió a denunciar esta problemática en un informe sobre el control de la tensión en el sistema: “En algunos momentos, las tensiones de la red de transporte han llegado a alcanzar valores máximos cercanos a los umbrales permitidos por la normativa, llegando incluso a superarlos en momentos puntuales”. El organismo supervisor pronosticó que este escenario podría ir en aumento en el corto y medio plazo.
El pasado febrero fue la propia Redeia la que reconoció ante inversores el “riesgo a corto plazo” de “desconexiones de generación por la elevada penetración de renovables”. Una información que incluyó en el último informe anual de cuentas que la compañía remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La electricidad, bien de primera necesidad, en manos privadas.
Una de las claves está en la falta de inversiones. Redeia mantuvo entre el año 2013 hasta el 2023 un volumen de inversión anual inferior al tope que le fija la ley, del 0,065% del PIB nacional. A lo largo de la década, y con la complacencia de todos los gobiernos, la empresa se ha mantenido sistemáticamente por debajo del máximo permitido, acumulando un déficit de 3.200 millones de euros entre la inversión posible y la ejecutada. Y ello aunque –como veremos más adelante- ha obtenido pingües beneficios.
Hay que recordar que Redeia, a pesar de controlar un bien esencial para la población y para la economía, como es la distribución de electricidad, fue privatizada, siguiendo el mandato de la Unión Europea. El proceso de privatización fue iniciado a finales de mayo de 1999, bajo el gobierno Aznar, en el que Rodrigo Rato y Josep Piqué ocupaban respectivamente, las carteras de Economía y Hacienda y de Industria y Energía. Hoy, sólo un 20% es de titularidad pública, a nombre de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), presidida hoy por Beatriz Corredor, exministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero.
La externalización no sólo no ha sido corregida por los sucesivos gobiernos de Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez, sino que, ya bajo el gobierno de “coalición progresista”, en la reforma aplicada en 2022 a la ley de Regulación del Sector Eléctrico, se establece que la SEPI “mantendrá en todo caso una participación en el capital de la Red Eléctrica de España, de, al menos, el 10%”, con lo que la privatización puede ir a más.
Es interesante recordar que la primera fase de la privatización, que afectó al 31% del capital social y aportó a las arcas públicas 341 millones de euros. Después, en 2005, Red Eléctrica vendió otro 8,5%, que reportó 265 millones. Casi un 40% vendido por 600 millones de euros, cuando, entre 2011 y 2020, esa empresa acumuló beneficios por valor de 6.202 millones de euros, y repartió dividendos por 2.003 millones (evidentemente, la decisión empresarial fue primar el reparto de dividendos sobre las necesarias inversiones).
Como decíamos, el principal accionista de la compañía es aún el Estado, aunque con solo un 20% de las acciones. Según los datos de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), los siguientes paquetes se encuentran en manos de Amancio Ortega (5%), el propietario de Inditex (Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti), y del fondo de inversión estadounidense BlackRock (4,99%). Entre el resto de accionistas destacan (o han destacado) diversos bancos, como Bank of America, BNP Paribas, Deustche Bank, Fidelity, HSBC, JP Morgan, Norges Bank o el UBS.
No sólo Redeia fue privatizada. Endesa, una poderosa compañía de producción de electricidad, constituida en 1983 unificando todas las compañías eléctricas de titularidad pública, y que suministraba a casi la mitad del país, fue privatizada entre 1988, bajo el Gobierno de Felipe González, fue privatizada de manera paulatina, en tres Ofertas Públicas de Venta, hasta completar su privatización: en 1994, 1997 y 1998 (estas dos últimas ya bajo el mandato de José María Aznar).
La electricidad es un bien imprescindible para el funcionamiento de una sociedad industrial avanzada. Sin embargo, pese a su carácter social, ha sido dejada en manos de empresa que priman el beneficio de sus accionistas. Empresas que mantienen sin suministro desde hace casi dos años a la Cañada Real de Madrid y que someten a los barrios obreros de Sevilla a continuos apagones porque no consideran rentable el mantenimiento de la red.
Es la privatización lo que explica el apagón (y los que vengan).
Puede volver a suceder
Como señala Antonio Turiel, investigador del CSIC experto en energía, “mientras no se refuerce la red de transporte, no se desarrollen mecanismos de almacenamiento y no se revise el mix energético para incorporar fuentes firmes que estabilicen la frecuencia, el riesgo de nuevos apagones se mantendrá”.
Este mismo experto explica que “este apagón no ha sido un accidente. Ha sido la consecuencia inevitable de ignorancia técnica, pasividad política y desinversión pública. Un país que aspira a liderar la transición energética no puede construirla sobre redes obsoletas, planes caducados y silencio institucional ante las alertas del sector”. Y añade que “el apagón es producto de la codicia de las grandes eléctricas”.
Turiel añade que, debido a los cambios que se han producido en los últimos años, con el enorme incremento de producción de energía fotovoltaica, que reacciona mal a los cambios de demanda “Necesitas un estabilizador, que es una especie de batería, que cuando sobra energía la acumula y cuando no, la saca. Normalmente los estabilizadores hay que ponerlos cada cierta cantidad de potencia, por planta de unos 50 megavatios”.
“Este problema de la estabilización lleva años ya y de hecho hay un informe muy interesante del organismo regulador de la energía en la UE, un superregulador que coordina a todos, que explica el caso de lo sucedido el 8 de enero de 2021, cuando hubo un problema parecido al de este 28 de abril y que estuvo a punto de acabar con la red europea entera. Es un incidente que se analizó con mucho detalle y se vio que el problema era la inflexibilidad al cambio de demanda. Desde entonces, por eso, la nueva regulación obliga que los sistemas nuevos vengan con características de estabilización más exigentes”.
“Ha habido un exceso de codicia y eso genera inestabilidades y los sistemas empiezan a fallar. Se sobrecargan los cables, se desconectan y se produce desconexión en cascada”.
Turiel añade que “si la central de ciclo de gas combinado hubiera estado preparada para coger el relevo, los problemas hubieran sido más pequeños. Las tenían paradas y eso es una responsabilidad criminal”.
Y señala claramente a los responsables de tener paradas esas centrales: “Iberdrola, Endesa, Naturgy… Las grandes energéticas son las que controlan las centrales de gas de ciclo combinado (…) Yo entiendo que tires de renovable pero lo lógico es que tengas las centrales de ciclo combinado en reserva. Pero cuesta mucho dinero mantenerlas”.
¡Nacionalización de la producción y la distribución de electricidad!
La electricidad es un bien social. Las principales fuentes de las que sale la producción (el sol, el viento, la hidráulica) son gratis o de titularidad pública. Y sin embargo la producción y la distribución de energía eléctrica quedan en manos de multinacionales, bancos y especuladores que suben los precios, poniendo en peligro la producción industrial de las ramas que consumen mucha electricidad, se resisten a pagar impuestos, dejan a barrios obreros sin luz.
El caos de un sistema sometido a la búsqueda de beneficios de unos pocos ha producido el apagón. Y puede producir más apagones. Garantizar un suministro eléctrico adecuado, barato y fiable exige poner la producción y distribución bajo control público, nacionalizando las compañías eléctricas.
Es necesaria una política de ruptura
Ahora bien, la privatización del sistema eléctrico (ENDESA existe desde 1944) no puede separarse de la política privatizadora desarrollada por todos los gobiernos, en especial desde 1986, con la entrada en la Unión Europea, como Portugal.
Nacionalizar es una necesidad, pero está relacionada con el combate por la ruptura con la política desarrollada por todos los gobiernos. Política que ha desindustrializado el país, precarizado los servicios públicos, atacado el Estatuto de los Trabajadores, introduciendo las reformas laborales (solo muy parcialmente revertidas). Una política que lleva hoy a plantear como salida a la crisis del capital la economía de guerra, o sea, la destrucción a costa, en particular, de la clase obrera.
Por ello, el apagón pone en evidencia la necesidad de dotarse de una política de ruptura.