Carta Semanal 1071 para descargar en PDF

Hasta la fecha exigida para hacer púbico el contenido de la sentencia, el 50 aniversario de la muerte de Franco, es significativa. En ese día, la cumbre del aparato judicial, el Tribunal Supremo, condenó al fiscal general nombrado por el gobierno sin ninguna prueba y modificando la acusación.

Es uno más de los ataques judiciales que buscan acabar con el gobierno y con las libertades conquistadas, a cargo de un aparato judicial que se mantiene como franquista porque no fue depurado en ningún momento tras la muerte del dictador.

Un aparato judicial que primero persiguió a Podemos (26 procesos, todos acabados en nada), a Alberto Rodríguez, a Mónica Oltra,.a cientos de sindicalistas por formar parte de piquetes de huelga, a cientos de catalanes, a los seis de la Suiza… Y que la ha tomado con un gobierno incapaz de defenderse porque no se atreve a enfrentarse con ese poder judicial.

Mientras el gobierno practica el “buenismo”, evitando acabar con la herencia franquista, Poder Judicial y Guardia Civil (a través de la UCO) hacen todo lo posible por precipitar su caída.

Otra vez Marchena

La decisión del TS (con dos votos particulares), haciendo pública la condena sin conocerse los argumentos de la sentencia, supone un verdadero golpe judicial a cualquier sistema que pretenda ser democrático.

El TS, como hizo durante el Procés, y, luego, contra la ley de la amnistía, nos lleva gobernando durante una década a golpe de sentencias,

Quienes exigen respeto a su independencia –respeto a la independencia de un poder antidemocrático, no elegido por el pueblo, que no responde ante nadie y que hace política como le viene en gana- se pliegan a los dictados del Régimen. Un Régimen putrefacto, carcomido por la corrupción de arriba abajo, incapaz de defender al pueblo ante cualquier catástrofe, pero que se sostiene porque “enfrente” (por decir algo) tiene a un Gobierno que está dispuesto a inmolarse en su defensa.

La gran Mayoría del Poder Judicial y de sus asociaciones se sienten insatisfechos de la sentencia, por más que la prensa afirme que se encuentran divididos: “Las principales asociaciones de jueces y fiscales se han posicionado ante la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con opiniones enfrentadas entre sí. Mientras las agrupaciones de perfil conservador sostienen que el fallo demuestra que la justicia funciona» con garantías, las de orientación progresista consideran que la condena «no es una buena noticia para el Estado de derecho» ¿Pero hay asociaciones de orientación Progresista? Todas, absolutamente todas contribuyeron al linchamiento de la Ley de amnistía porque entendían que era un ataque a su derecho a juzgar.

Aún se desconoce la sentencia, que no redactará la ponente, Susana Polo, por haberla preparado en términos de absolución, y que será dictada por el Juez Marchena, que ha impuesto su criterio. No parece que haya tenido que insistir mucho ni tener grandes discusiones con sus colegas.

Un Juez, que ante la ausencia de pruebas del delito por el que presuntamente se juzgaba al Fiscal General, no ha dudado en cambiar la causa, introduciendo otro delito para justificar una sentencia condenatoria que como mínimo inhabilitará al Fiscal y obligará a que sea sustituido.

La condena es mínima, pero sus objetivos son máximos.

1.- Contribuir al relato de la derecha (PP-VOX-JUNTS) de que el gobierno de Sánchez-Yolanda es un gobierno corrupto y que deben convocar elecciones de forma inmediata. Sin duda el régimen, a pesar del dique de contención que supone el PSOE frente a las movilizaciones masivas en defensa de los servicios públicos, Palestina y la política armamentista, prefiere un gobierno aún más fiable como el de la Derecha y Ultraderecha. O un gobierno del PP apoyado por un PSOE domesticado a la Felipe González. Informan de la sentencia, pero no explican en qué se fundamenta confiando que el tiempo ayude en la confusión. Tampoco nos han dejado ver, en una resolución inédita, el desarrollo del juicio ni en directo ni entero.

2.- Defender a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, ante el juicio por delito fiscal de su pareja. La noticia no solo coincidió con el 50 aniversario de la muerte del dictador, sino también con la noticia de que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había comprado el ático, justo cuando se encuentra a las puertas de su juicio. La condena al Fiscal General, sin duda, ayudará a su defensa proporcionándole argumentos para defender la nulidad de actuaciones apoyándose en la condena del Fiscal general.

Un tribunal que lejos de cumplir con su obligación de detener preventivamente a González Amador, para garantizar la realización de la vista judicial ante la afirmación de “o me suicidio o me voy del País” le recomienda que hable con su abogado. ¿Hubieran actuado igual si lo hubiera afirmado cualquiera de los procesados independentistas?

3.- La comunicación del sentido de la sentencia sin tenerla escrita persigue tratar de apagar los incendios del PP, el de la comunidad Valenciana con Mazón y la corrupción de Almería. Desplazando, de nuevo, el foco contra el gobierno.

4.- Y, finalmente, un aviso a navegantes, tratando de desmontar y arrinconar las relaciones de los medios de comunicación y sus fuentes. El tribunal ha tensado la cuerda: ante la imposibilidad de que los ocho periodistas que testificaron declarando que ya tenían el correo de la pareja de Ayuso antes incluso de que llegara al Fiscal General, hicieran público cuáles eran sus fuentes, no solo porque no les creyó (de ahí la intromisión del otro delito como el de la nota de prensa), sino porque han puesto al borde del abismo a sus propias fuentes.

Un poder impune

Jueces y fiscales hicieron tres días de huelga hace poco en protesta por las reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia. Esa huelga era ilegal, porque no tienen reconocido el derecho a la huelga. Pero a diferencia de los trabajadores comunes, que, en caso de huelga ilegal, pueden verse expuestos a graves sanciones e incluso al despido y, si la huelga es un servicio considerado esencial, pueden ser procesados, no tuvieron ninguna consecuencia. Ni siquiera sufrieron descuento alguno en sus salarios.

El gobierno, incluso, premia con subidas salariales. En 2023, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia tuvieron una subida extraordinaria de 450 euros mensuales, pero no el resto de funcionarios judiciales.

El sueldo de policías y guardias civiles subió un 26% en tres años, de 2018 a 2021 (además de la subida de todos los funcionarios), según datos del Ministerio de Interior, respondiendo a sus reivindicaciones de equiparación con las policías autonómicas.

El currículo de los miembros del tribunal

Susana Polo era la encargada de escribir la sentencia, pero al quedar en minoría deberá escribirla -como se dijo antes, según el dictado del Juez Marchena- el que actuó como presidente de Sala Andrés Martínez. Si bien a ella le corresponde el honor de encausar por primera vez a un Fiscal General. Pertenece al grupo denominado progresista. Votó en contra de la sentencia de los ERE de Andalucía y emitió un voto particular en defensa del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez.

Ana Ferrer, también identificada como del sector progresista, estuvo en el tribunal que condenó a los republicanos catalanes, pertenece a Jueces para la Democracia y fue vetada por los votos conservadores para dirigir el CGPJ.

Andrés Martínez, se autoproclama independiente, y hasta progresista, (si bien fue el fundador de la Asociación de jueces “Francisco de Vitoria) fue aupado por los votos de los conservadores en su carrera judicial.

El juez Marchena, Fiscal en excedencia, Presidente de la sala en el juicio del Procés. Renunció a ser presidente del CGPJ, para mantenerse en el Supremo para garantizar sus servicios a través de la sentencia condenatoria frente a los independentistas, encabezó la tromba judicial contra la ley de Amnistía, y ahora primer valedor de la sentencia condenatoria contra el Fiscal General. (El que pueda hacer que haga, como dijo Aznar)

Juan Ramón Berdugo, nombrado por CGPJ para el supremo (cuando el PP de Aznar contaba con mayoría absoluta). De la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Miembro del tribunal que condenó al cantante Cesar Strawberry (sentencia que posteriormente sería anulada) y se vio obligado a ratificar la condena del PP en la Trama Gürtel.

Antonio del Moral. Conservador y de fuertes convicciones católicas, fue el ponente de la sentencia condenatoria sobre Iñaki Urdangarin, también emitió voto particular absolutorio frente a la sentencia condenatoria del Juez Francisco Serrano (candidato a la presidencia de Andalucía por VOX) y exculpó a la que fue alcaldesa de Jerez, García-Pelayo, porque “no sabía lo que firmaba” en la trama Gürtel.

Carmen Lamela. Entre sus méritos constan que fue la jueza que inicio la causa contra el “Procés”, encarceló a los “Jordis”, instructora del caso de los jóvenes de Alsasua (que convirtió una pelea de bar en una acusación de terrorismo), y que mantuvo preventivamente dos años en prisión a Sandro Rosell, (Expresidente del Barça) y que posteriormente sería absuelto. Fue la candidata del bloque conservador para presidir el CGPJ.

Tras 50 años de la muerte del dictador Franco, pervive su legado en un Poder Judicial, no depurado tras su muerte, que sigue dictando la política a base de sus sentencias. La existencia de una parte progresista (mínima) no puede otorgarle la consideración de un poder imparcial. No olvidemos cómo expulsó de la carrera judicial a Garzón cuando osó intentar investigar los crímenes del franquismo, sentencia sobre la que el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó en 2021 que España había violado los derechos de Garzón, concluyendo que fue un «proceso arbitrario».

Apenas hubo debate sobre la sentencia contra el fiscal general, según han declarado algunos de sus miembros. Lo tenían todo claro. No se trataba de probar nada, sino de buscar un argumento para la condena, no la pretendida en un principio, pero condena, al fin y al cabo. Si eso hacen con el Fiscal General, qué no podrán hacer con cualquier ciudadano de a pie.

No es una sentencia más, es el «a por ellos» de Felipe VI el 3 de octubre de 2017 contra los catalanes. Es “el que pueda actuar que actúe” de Aznar

Hoy es contra el gobierno porque no se somete completamente buscando su propia supervivencia y se permite algunas veleidades –como la Ley de Amnistía- a pesar de que su política no corresponde a las exigencias de la mayoría social.

Un gran enfrentamiento se prepara, no caben términos medios, como pretende el gobierno.

O con la democracia, con los trabajadores y los pueblos, y contra la política de guerra, o ceder al chantaje franquista y dejar el gobierno en manos de ese órgano de extrema derecha, franquista, que es el Tribunal Supremo.

50 años después, el dilema sigue siendo el mismo: o ruptura democrática, República para los pueblos, depuración de los cuerpos estatales plagados de franquistas. O que sigan gobernado instituciones como el supremo, que los cuerpos policiales dicten el mantenimiento de la Ley Mordaza, que el ejército nos someta a todos a la OTAN.