(publicado en la Carta Semanal 500)

La rebelión del pueblo de Cataluña agrava la crisis del régimen. Sectores predominantes del aparato franquista exigen al PP que “actúe” contra el presidente de la Generalitat de Catalunya y varios miembros de su gobierno, y Rajoy ha ordenado a la fiscalía que les acuse de diversos delitos. Pero lejos de aglutinar a todo el aparato franquista y lograr la complicidad de las finanzas y de otros sectores políticos, la actuación de Rajoy ha tenido el efecto contrario. Para empezar ha abierto una crisis en el propio aparato judicial. El Fiscal General del Estado Torres-Dulce se negó a presentar de inmediato la querella que el Gobierno le exigía. El fiscal jefe de Cataluña se negó a presentarla él como le pedía Torres-Dulce y reunió a la Junta de Fiscales de Cataluña, que se han negado a acusar a Artur Mas, aunque –no se sabe en base a qué norma legal– se han permitido emitir oficialmente críticas a la decisión de organizar la votación del 9-N en una demostración más de su falta de neutralidad. Entonces el Fiscal General ha buscado el respaldo de la Junta de Fiscales de Sala, donde hubo alguna discrepancia y muchas críticas al Gobierno. Y finalmente presentó una querella contra Artur Mas, la vicepresidenta del Generalitat, Joana Ortega, y la Consellera de Educación, Irene Rigau, a quienes acusa de cuatro delitos: desobediencia grave, prevaricación, usurpación de funciones y malversación. Pero no está claro que pueda prosperar en todos sus extremos. De ser condenados por cualquiera de esos delitos, serían inhabilitados para cargo público, es decir, que la fiscalía busca que los tribunales depongan al Presidente elegido por el pueblo de Cataluña.

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