(publicado en la Carta Semanal 500)

La rebelión del pueblo de Cataluña agrava la crisis del régimen. Sectores predominantes del aparato franquista exigen al PP que “actúe” contra el presidente de la Generalitat de Catalunya y varios miembros de su gobierno, y Rajoy ha ordenado a la fiscalía que les acuse de diversos delitos. Pero lejos de aglutinar a todo el aparato franquista y lograr la complicidad de las finanzas y de otros sectores políticos, la actuación de Rajoy ha tenido el efecto contrario. Para empezar ha abierto una crisis en el propio aparato judicial. El Fiscal General del Estado Torres-Dulce se negó a presentar de inmediato la querella que el Gobierno le exigía. El fiscal jefe de Cataluña se negó a presentarla él como le pedía Torres-Dulce y reunió a la Junta de Fiscales de Cataluña, que se han negado a acusar a Artur Mas, aunque –no se sabe en base a qué norma legal– se han permitido emitir oficialmente críticas a la decisión de organizar la votación del 9-N en una demostración más de su falta de neutralidad. Entonces el Fiscal General ha buscado el respaldo de la Junta de Fiscales de Sala, donde hubo alguna discrepancia y muchas críticas al Gobierno. Y finalmente presentó una querella contra Artur Mas, la vicepresidenta del Generalitat, Joana Ortega, y la Consellera de Educación, Irene Rigau, a quienes acusa de cuatro delitos: desobediencia grave, prevaricación, usurpación de funciones y malversación. Pero no está claro que pueda prosperar en todos sus extremos. De ser condenados por cualquiera de esos delitos, serían inhabilitados para cargo público, es decir, que la fiscalía busca que los tribunales depongan al Presidente elegido por el pueblo de Cataluña.

Al mismo tiempo, el Jefe del Estado Mayor del ejercito de Tierra, Jaime Domínguez Buj, ha proclamado en público que la rebelión del pueblo de Cataluña es el resultado de la “debilidad” del Estado y ha manifestado que el ejército está dispuesto a intervenir, si el gobierno se lo demanda, “estamos preparados para intervenir en la forma que el Gobierno decida en cada escenario interior o exterior” y “para ir a Afganistán o a Valencia”.

Entretanto, sólo Rosa Díez apoya en las Cortes esta actuación del Gobierno, que es rechazada por todas las demás fuerzas.

Una crisis mortal

Si a esta crisis abierta en las instituciones fundamentales del régimen, como el aparato judicial o la cúpula militar, añadimos la reiteración de los escándalos de corrupción, que afectan al edificio de arriba abajo y especialmente a su principal partido, los franquistas del PP, se hace evidente que la crisis del régimen es cada vez más profunda.

No podía ser de otra manera dado el fracaso del gobierno Rajoy, de todos los gobiernos, en imponer su programa de destrucción a la clase trabajadora, que, a pesar de los duros golpes recibidos, resiste, se aferra a sus convenios colectivos, a sus organizaciones, para defender sus conquistas, para derrotar la privatización de la sanidad o la Ley del aborto. Y que a nadie le quepa duda: si la movilización se organizara de forma unitaria y hasta el fin, Wert y Mato no tardarían en seguir el camino de Gallardón. Y Rajoy sería el siguiente.

El conjunto de las instituciones del régimen y también los partidos que lo han aceptado y gestionado se ven engullidos por su crisis. En primer lugar el PP, representante del aparato franquista acosado y dividido. Pero también el PSOE, cuyos dirigentes parecen empeñados en apostar todas sus fuerzas para salvar a la Monarquía, Izquierda Unida, se hunden en las encuestas. El auge de Podemos, a pesar de seguir sin programa definido, es la expresión de la voluntad de millones que creen ver en esta organización un instrumento para acabar con este régimen podrido, de recuperar derechos y conquistas, de imponer la democracia.

¿Una regeneración democrática?

Mientras el gobierno Rajoy se aferra a la Constitución y las instituciones de régimen, otros buscan salvarlas de otra manera. Ese es el sentido de las propuestas de “reforma federal” de la Monarquía adelantadas desde el PSOE por la dirección de Rubalcaba y que mantiene Pedro Sánchez, que busca convencer a Rajoy de que se suba al carro de una reforma (recordemos que las mayorías establecidas en la Constitución de 1978 para su reforma exigirían el “consenso” con el PP). Desde otro punto de vista, los dirigentes de Izquierda Unida proponen un “proceso constituyente” republicano, pero desde dentro de la propia Monarquía, que viene a ser lo mismo. Otros proponen, como Podemos o las diversas versiones de Ganemos, una “regeneración democrática” que supondría pensar que el régimen es regenerable y que puede convertirse en democrático. Todo vale para salvar lo esencial del régimen de 1978, como éste se creó en esa fecha para salvaguardar todas las instituciones que pudieran salvarse del franquismo.

Frente a todos estos cantos de sirena es preciso afirmar con claridad una cosa: no es posible la reforma o regeneración de las instituciones heredadas del franquismo, que hunden al país en la miseria y la corrupción. Para el pueblo trabajador no hay más posibilidad de salir adelante que acabando con el régimen, imponiendo la República con su movilización, como en 1931. Una República que no va a nacer, no puede surgir, de un proceso de reforma del régimen podrido, que no puede nacer manteniendo a estos jueces, a estos militares, a esta policía y esta Guardia Civil, al entramado económico corrupto criado en las entrañas del régimen franquista (no olvidemos que las 6 constructoras, los 8 bancos y las 5 eléctricas y suministradoras de equipos eléctricos que figuran en el IBEX 35 son el resultado de la protección del régimen franquistas, o incluso del uso de presos políticos como mano de obra esclava) y que ha medrado bajo la Monarquía manteniendo las mismas prácticas. Un entramado económico que ha engordado con las privatizaciones, directivas y políticas de la Unión Europea y unas instituciones políticas que se han perpetuado como apéndice de la OTAN y de las instituciones “supranacionales” de la UE.

Ruptura democrática. República

El cambio que necesita el pueblo trabajador no puede pude ser el resultado de ninguna regeneración del régimen. No se puede repetir la operación de 1978, cambiar algunas cosas para mantener lo esencial del aparato de Estado y el poder de los grandes grupos económicos.

Ni se puede pretender una “salida federal” impuesta desde Madrid a todos los pueblos y naciones del Estado, que no sería sino otro “Estado de las Autonomías” cambiándole la pintura. La fraternidad entre pueblos, que sólo puede ser establecida por la acción de la clase obrera, que es única en todo el Estado, sólo puede establecerse sobre la base del derecho a decidir de todos y cada uno de ellos, que permita la unión libre.

En última instancia, satisfacer las necesidades y reivindicaciones exige la ruptura, el desmantelamiento de todas las instituciones de la Monarquía, lo que supone desde el punto de vista de los trabajadores y los pueblos la necesidad de plantear la exigencia dirigida a todas las organizaciones que dicen defender sus derechos, de romper con este régimen corrupto.

La querella para procesar a los elegidos por el pueblo catalán es un llamamiento a profundizar el levantamiento del pueblo de Cataluña, pero también al movimiento obrero (también los sindicalistas son acusados en masa por este Gobierno) y a todos los demás pueblos para acabar con el gobierno enemigo de la democracia y abrir otro rumbo político.