Carta Semanal 1011 para descargar en PDF

En las últimas semanas, gobiernos y dirigentes políticos europeos se deshacen en alabanzas a las políticas de gobiernos de ultraderecha sobre la inmigración, o, incluso, adoptan medidas que formaban parte de los programas de la ultraderecha al respecto.

Todo ello sucede en un marco de crisis abierta del “modelo común de política migratoria” de la Unión Europea (espacio Schengen, Frontex…)

La ultraderechista Meloni, ¿un ejemplo?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, tras entrevistarse hace unos días con Giorgia Meloni, la ultraderechista primera ministra de Italia, declaraba que “la política migratoria en Italia funciona; en mi país, no”. Y añadía que “Italia ha trabajado y ha tenido buenos resultados, y España no ha trabajado y hoy es el país con mayor presión migratoria irregular de la UE”. Un dato que, por cierto, no se ajusta a la verdad. Como señala El País: “aunque el porcentaje de llegadas ha descendido, Italia sigue siendo el país que recibe más inmigrantes en el Mediterráneo: 44.957 en lo que va de año, frente a los 37.419 que han llegado a España, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones”.

Pero no es el líder del principal partido franquista el único en apuntarse a la política migratoria de la ultraderecha italiana. El premier británico, Keir Starmer, acaba de volver de Roma, donde se ha hecho acompañar del ex jefe de policía Martin Hewitt, al frente del recién creado Comando de Seguridad de Fronteras. Según El País, había ido a “recibir ‘lecciones’ de primera mano de la primera ministra Georgia Meloni sobre cómo combatir y controlar la inmigración irregular”. ¿Exagera el periódico? El propio Starmer declaraba que «Italia ha logrado una drástica reducción de la inmigración ilegal y quiero entender cómo ha ocurrido”, intercambiando risas con la ultraderechista delante de los fotógrafos. Starmer añadía que «parece que han hecho un trabajo en origen, con los países de donde proviene la gente (…) siempre he pensado que la prevención y evitar que esta gente viaje desde sus países de origen es la mejor forma de tratar este asunto». En realidad, como veremos, el gobierno de Meloni no ha adoptado ninguna medida en relación con los países de origen de los inmigrantes, sino con Libia y Túnez, países de paso de donde zarpan las embarcaciones que van a Italia.

El encuentro con Giorgia Meloni ha provocado críticas dentro del Partido Laborista, donde varios diputados han cuestionado si Starmer «está buscando recibir lecciones de un Gobierno neofascista». Además, las declaraciones del secretario de Exteriores David Lammy, alegando que el Gobierno británico va a estudiar propuestas como «el procesamiento de las solicitudes de asilo a través de un tercer país como Albania», ya habían despertado un importante rechazo en las filas laboristas.

¿Cuál es la política de Meloni que tanto alaban?

En primer lugar, la política del Gobierno de ultraderecha italiano se basa en acuerdos de con Libia y Túnez, países de donde zarpan la mayoría de las embarcaciones precarias que buscan las cosas de Italia, para que, a cambio de dinero, frenen a los migrantes y que éstos no zarpen rumbo a Italia. Según han denunciado organizaciones de derechos humanos, en realidad, lo que hace el gobierno italiano es pagar a los gobiernos de ambos países para que frenen la inmigración a cualquier costa. Así, Amnistía Internacional señala en su Informe 2023 sobre Túnez que “durante el año se produjo un marcado deterioro de la protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

El 21 de febrero, el presidente Saied hizo comentarios discriminatorios y llenos de odio que desencadenaron un repunte de la violencia racista contra las personas negras por parte de la ciudadanía y la policía, así como cientos de detenciones arbitrarias”, y añade que “las autoridades de seguridad practicaron redadas y llevaron a cabo expulsiones arbitrarias colectivas a Libia y Argelia, que afectaron a varios miles de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, incluidos niños y niñas. Según el ACNUR, al menos 28 personas murieron en la región del desierto de la frontera libia entre julio y agosto (…) Muchas de ellas se llevaban a cabo tras interceptaciones en el mar (…) que a menudo se hacían con maniobras imprudentes que causaban lesiones a las personas migrantes. La policía y la Guardia Nacional infligían tortura y otros malos tratos durante el desembarco, la expulsión y el tiempo de reclusión”.

En cuanto a Libia, el mismo informe explica que “las fuerzas de seguridad, los grupos armados, las milicias y actores no estatales cometían con impunidad y de manera sistemática y generalizada abusos y violaciones de derechos humanos contra las personas refugiadas y migrantes”.  Y detalla algunos hechos: “Desde finales de abril, agencias de seguridad de todo el país llevaron a cabo detenciones masivas, dirigidas contra miles de personas refugiadas y migrantes incluso si disponían de visados válidos o se habían registrado en ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados (…) A fecha de septiembre de 2023, 3.913 personas extranjeras permanecían recluidas arbitrariamente en centros de detención del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular, y miles más estaban bajo custodia del Aparato de Apoyo a la Estabilidad y otras milicias y grupos armados. Se hallaban recluidas en condiciones crueles e inhumanas y sufrían tortura y otros malos tratos, tales como violencia sexual, exigencia de rescates para obtener la libertad y negación de atención médica adecuada. Desde julio, las autoridades tunecinas expulsaron a miles de personas refugiadas y migrantes a zonas despobladas de la frontera con Libia, dejándolas allí sin alimentos ni agua, lo que, según informes, provocó muertes (véase el apartado sobre Túnez). Grupos afines a las Fuerzas Armadas Árabes Libias expulsaron a más de 22.000 personas refugiadas y migrantes a Chad, Egipto, Níger y Sudán sin darles la oportunidad de impugnar su deportación ni de solicitar protección internacional”.

Sin embargo, es necesario recordar que estas medidas de Meloni se inspiran en el acuerdo que en 2016 firmó la Unión Europea con Turquía para que retuviera a inmigrantes sirios y afganos, acuerdo que, cinco años después, Amnistía Internacional calificaba como parte de políticas fallidas que han conducido a que “decenas de miles de personas se hayan visto obligadas a permanecer en las islas griegas en condiciones inhumanas y han puesto en peligro a las personas refugiadas obligándolas a quedarse en Turquía”. Añadiendo que “este acuerdo ha sido un borrón en el historial de derechos humanos de la UE y ha puesto de manifiesto su voluntad de llegar a acuerdos para limitar la migración basados en meras razones de conveniencia política y sin apenas tener en cuenta el inevitable coste humano”.

Recordemos el acuerdo de España con Marruecos, una de cuyas consecuencias fue la terrible masacre de la valla de Melilla el 24 de junio de 2022. Y los intentos de Sánchez de llegar a acuerdos similares con Senegal y Mauritania.

Además de estos acuerdos con Libia y Túnez, la política de Meloni se apoya en el acoso a las ONG que salvan migrantes en el Mediterráneo.

En tercer lugar, en noviembre de 2023, la primera ministra italiana y su homólogo albanés acordaron trasladar a los migrantes que lleguen a Italia tras atravesar el Mediterráneo a Albania, para alojarlos en centros para inmigrantes, “mientras se tramitan sus solicitudes de asilo”.  Se calcula que Albania gestionará la llegada de aproximadamente unos 36.000 migrantes al año. Les llaman eufemísticamente “centros”, pero se podrían definir, más precisamente, como cárceles o campos de concentración. 

Amnistía Internacional denunció en un comunicado de prensa que «quienes desembarquen en Albania e ingresen en los centros de este país —personas refugiadas y solicitantes de asilo incluidas— quedarán detenidos automáticamente y no podrán abandonar los centros de detención en un periodo de hasta 18 meses. Según el derecho internacional, la detención automática es intrínsecamente arbitraria y, en consecuencia, ilegítima».

Por su parte, Human Rights Watch declaró que «sigue siendo un misterio cómo garantizará Italia un proceso justo de asilo cuando los detenidos se encontrarán en otro territorio». No hace falta mucha imaginación para ver que, probablemente, lo garantice igual que garantiza la situación de los migrantes en Libia y Túnez.

El gobierno alemán cierra las fronteras, como proponía el ultraderechista francés Bardella

Tras su derrota en las elecciones de dos länder, el gobierno alemán decidió instalar controles en todas las fronteras. A este respecto, la prensa francesa se explayaba: «Inmigración: Olaf Scholz aplica una reforma defendida por… Bardella” (Le Point) “El Gobierno alemán (cuyo canciller socialdemócrata, Olaf Scholz, lidera una coalición con los Verdes y los Liberales) decidió el 10 de septiembre restablecer el control en sus fronteras ‘como parte del refuerzo de la lucha contra la inmigración ilegal. Los refugiados que ingresaron ilegalmente pueden ser devueltos’, dijo”, informó el periódico Le Monde.  «Con controles en todas las fronteras de Alemania, la canciller alemana está asumiendo de facto la ‘doble frontera’ defendida por Bardella durante las elecciones europeas», comenta Le Point.  Tras conocer la noticia, el primer ministro húngaro, de extrema derecha, Viktor Orban, declaraba, exultante: «Alemania ha decidido imponer estrictos controles fronterizos para detener la inmigración ilegal. Scholz, bienvenido al club».

Esta carrera por adoptar las propuestas y métodos de la ultraderecha, que nos presentan como un intento de evitar el aumento de voto a ésta, sólo puede, como demuestra la experiencia, acabar por engordar a esa misma ultraderecha. El ejemplo de Francia nos muestra otra cosa: políticas de defensa de las reivindicaciones y las conquistas sociales, de reforzamiento de los servicios públicos son las únicas que pueden derrotar a la ultraderecha.