PRESENTACIÓN: “En el 80 aniversario de la insurrección obrera de mayo de 1937: Diez meses de revolución y contrarrevolución”
Autor: Josep Antoni Pozo González
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Diez meses separan las jornadas de julio de 1936, de las barricadas levantadas en Barcelona durante los primeros días del mes de mayo de 1937. Diez meses en los que la revolución social que estalló en respuesta al golpe de Estado de los militares, fue subsistiendo en medio de una guerra civil, sin que los dirigentes de las organizaciones que se reclamaban del movimiento obrero quisieran, unos, o fueran capaces, otros, de conducirla hacia la toma del poder, única forma de garantizar el triunfo pleno de aquella.
Durante todo ese período, los obreros y campesinos resistieron con las armas en la mano a los generales facciosos, se apoderaron de fábricas y tierras, establecieron el control obrero en la industria y los servicios, y levantaron organismos de poder revolucionario que substituyeron localmente a las autoridades legales. Y lo hicieron casi intuitivamente. Con el convencimiento de que era la mejor manera de combatir al fascismo. Porque, efectivamente, la mejor estrategia para vencerlo militarmente no era otra que la de desplegar consecuentemente el programa revolucionario de emancipación social. No había arma más poderosa que ésta.
Pero durante todo este período, los dirigentes de las principales organizaciones del movimiento obrero hicieron todo lo posible por “encauzar” la revolución, por impedir que traspasara los límites del Estado burgués, y cedieron ante las propias exigencias de los gobiernos imperialistas europeos que con su política de No-Intervención, contribuyeron a aislar a los trabajadores españoles. Unos, como por ejemplo Indalecio Prieto y el ala derechista del PSOE, porque consideraban que España no estaba madura para una revolución de tipo socialista. En esto coincidían con los dirigentes del PCE-PSUC, y con el mismo Stalin, quién en carta al entonces presidente del gobierno de la República, Largo Caballero, le “aconsejaba” sobre la conveniencia de respetar la propiedad privada y la necesidad de no aplicar medidas revolucionarias. Y otros, como los dirigentes de la CNT y la FAI, y también del POUM, por su incapacidad para organizar la revolución de la que se reclamaban, y a la que no ayudaron en absoluto participando en los gobiernos que se propusieron como objetivo político prioritario acabar con ella.
El sector caballerista tuvo igualmente mucha responsabilidad en ese sentido. Después de que durante el mes de agosto hubiera explorado –y desechado- la posibilidad de constituir un “gobierno obrero” formado por la UGT y la CNT, se avino finalmente a substituir al gobierno Giral por otro de concentración de fuerzas de tipo frentepopulista. Así, en septiembre de 1936 se constituyó en Madrid un gobierno presidido por el secretario general de la UGT, Largo Caballero, con la participación de seis ministros socialistas –en representación del PSOE y de la UGT-, tres procedentes de los partidos republicanos burgueses –IR y UR-, dos ministros del PCE, y dos ministros que representaban ERC y PNV respectivamente. Como explicó Largo Caballero a Koltsov pocos días después, lo que acababan de constituir era un “un organismo único, con un objetivo único: derrotar al fascismo”. Era lo que querían oír tanto Stalin como los gobiernos “democráticos” de Francia e Inglaterra.
La CNT no participó inicialmente en este gobierno pero si lo haría en el que se constituyó en noviembre, presidido también por Largo caballero, después de que los cenetistas catalanes decidieron integrarse, en ese mismo mes de septiembre, en el gobierno de la Generalidad de “unidad antifascista”. Gobierno del que también formó parte el POUM hasta su expulsión del mismo, y cuya primera medida fue precisamente disolver todos los comités revolucionarios que existían en Catalunya.
Con la ayuda de estos gobiernos, poco a poco, fue restableciéndose la legalidad republicana en contraposición a las conquistas revolucionarias. En el campo obrero, uno de los argumentos para convencer a los militantes que se resistían, fue que había que sacrificar todo, incluido la revolución, al objetivo común y prioritario de ganar primero la guerra. Un argumento que se demostraría trágicamente falaz, y detrás del cual se parapetaron todos los que, en el campo republicano y entre los gobiernos europeos supuestamente interesados en parar los pies al fascismo, no querían de ninguna manera que hubiera una revolución socialista triunfante en España. Desde los Stalin, Blum y Chamberlain, hasta el propio Azaña, pasando por Companys e Irujo.
Sin embargo, el objetivo de restaurar la legalidad republicana contra las conquistas revolucionarias, chocó con la resistencia de la clase obrera, especialmente en Catalunya, dando lugar a una situación de conflictividad extrema. Durante el último trimestre de 1936 y los primeros meses de 1937, tuvo lugar en la retaguardia catalana una lucha enconada entre los partidarios de implantar cuanto antes un orden “antifascista” –el gobierno de la Generalidad y los dirigentes de las organizaciones que lo apoyaban incondicionalmente, el PSUC, ERC, UR, y ACR-, y quienes se aferraban al espíritu del “19 de julio”, es decir, a la defensa de un orden revolucionario, de las colectivizaciones, de las patrullas de control, etc., integrados aunque no exclusivamente, en el movimiento libertario y el POUM.
Y fue precisamente en Catalunya, donde subsistía buena parte de las conquistas revolucionarias, donde centraron su atención quienes tenían el objetivo de acabar con cualquier atisbo de oposición. Durante la primavera de 1937, los conflictos derivados de las denuncias de antiguos propietarios que habían sido expropiados en los meses anteriores, o los enfrentamientos entre miembros de las patrullas de control y los cuerpos de policía “oficiales”, se incrementaron notablemente. Desde diciembre de 1936, había sido nombrado un nuevo Comisario de Orden Público, Eusebio Rodríguez Salas, un militante del PSUC, quien declaró en el momento de tomar posesión de su cargo, su disposición a hacer cumplir lo que el Gobierno acordara y a actuar con firmeza para acabar con los “incontrolados”. Eufemismo con el que se hacía referencia a todos aquellos militantes que se resistían a aceptar las disposiciones del gobierno que liquidaban las conquistas revolucionarias, y pretendían anular la correlación de fuerzas establecida durante las jornadas de julio a nivel local por los comités revolucionarios.
Era toda una declaración de intenciones y, por otro lado, la señal que esperaban los partidarios de acabar con los “excesos” revolucionarios. Después de los hechos acaecidos en diversas poblaciones catalanas –La Garriga, La Fatarella, etc.- la actitud provocadora de la policía fue en aumento. Y la determinación del gobierno de la Generalidad también. Amparados en la presencia de representantes cenetistas en el gobierno, el 12 de febrero el Consejero de Seguridad Interior y militante de ERC, Artemi Aiguader, presenta un plan de reorganización de los servicios policiales que incluye la disolución de las patrullas de control y de los consejos de obreros y soldados que operaban en los distintos cuerpos policiales, la prohibición para los Ayuntamientos de mantener las funciones de Seguridad y Defensa en los casos en los que todavía se ejercieran, así como el restablecimiento de la censura. El 20 de este mismo mes, el gobierno de la Generalidad declaraba nulas todas las colectivizaciones que no se hubieran realizado de acuerdo con el decreto que las regulaba, y el 27 se organiza en Barcelona una manifestación de policías que pedían la dimisión del Jefe Superior, el cenetista Eroles.
En pleno “oleaje contrarevolucionario” como calificaba la situación uno de los futuros impulsores de la Agrupación Los Amigos de Durruti, Jaime Balius, el órgano del POUM recibe el 12 de marzo una orden de suspensión que es anulada horas después. El artículo que provocó la orden de suspensión llevaba por título “¿Se intenta entregar Madrid al fascismo para negociar un abrazo de Vergara?”. Con anterioridad, La Batalla ya había recibido una sanción de 5000 pesetas. El 18 de marzo, unos guardias intentan asaltar el local del Sindicato de la Metalurgia de la CNT. Por otra parte, el gobierno de la Generalidad entra en crisis, después de mostrarse impotente para hacer cumplir los decretos sobre reorganización de los servicios policiales que fueron aprobados finalmente el 1 de marzo.
Durante el mes de abril los acontecimientos se precipitan. Roldán Cortada, militante del PSUC y dirigente de la UGT es asesinado en un control de carreteras. La prensa del PSUC acusa inmediatamente de su muerte a los anarquistas de l’Hospitalet, quienes a su vez tenían la información que Cortada había ido a París a comprar armas cortas para dar la batalla a la FAI. Dos días más tarde se producen los enfrentamientos en un pequeño pueblo, Bellver de Cerdanya, muy cerca de la frontera con Francia, donde encuentra la muerte el dirigente anarquista de Puigcerdà Antonio Martín.
La situación es crítica y no faltan voces, dentro y fuera del gobierno, que exigen actuar de inmediato contra los anarquistas y la “chusma revolucionaria”. Los actos del 1 de mayo son anulados por temor a que se produzca algún incidente, pero también por temor a que puedan ser escenario de alguna demostración de protesta entre los sindicatos cenetistas, las Juventudes Libertarias y el POUM.
Los hechos que se suceden a continuación son más o menos conocidos. El lunes 3 de mayo, dos camionetas de Guardias de Asalto, dirigidos por Rodríguez Salas, asaltan el edificio de la Telefónica con la pretensión de recuperar los servicios que se encuentran desde julio, bajo control de un comité obrero CNT-UGT. La noticia se extiende por toda Barcelona, e inmediatamente se produce una reacción espontánea de buena parte del proletariado de la ciudad, que levanta barricadas en el centro y en las barriadas. Inicialmente, los obreros que se lanzan a la calle creen que se trata de una provocación policial, una más de las muchas que se habían producido en las semanas anteriores. Por la noche, se produce una reunión de urgencia del gobierno catalán. Los representantes de la CNT exigen la dimisión de Aiguader y de Rodríguez Salas, pero Companys no solo se niega a ello sino que los defiende. Es entonces cuando la militancia que se ha echado a la calle comprende que se trata de algo mucho más grave y muchas fábricas se declaran en huelga, mientras que los transportes paran. El día 4, la insurrección es un hecho. Los obreros se han apoderado de la ciudad y el movimiento se extiende a otras localidades catalanas, pero los dirigentes de la CNT vacilan y claudican finalmente, mientras que los del POUM –que en los primeros instantes de la insurrección habían declarado que había llegado el momento de aplastar la contrarevolución- se acaban adaptando y ceden.
Lo que siguió también es conocido. La represión contra los militantes revolucionarios se desató inmediatamente. La campaña estalinista se puso en marcha y apuntó directamente al POUM como instigador del “putsch”, es decir, como si fueran los ejecutores de un plan premeditado que solo existía en la imaginación de quienes cultivaron esa versión para justificar las calumnias y los asesinatos. El 8 de mayo, el secretario general de la UGT de Catalunya, José del Barrio, enviaba una circular a todos los sindicatos comunicando la expulsión de los dirigentes del POUM y exhortándolos a que fueran igualmente expulsados todos los militantes de este partido que no condenaran los hechos. El 13, en una reunión del gobierno de la República, los ministros del PCE piden la ilegalización del POUM, a lo que se niega Largo Caballero. Los ministros del PCE abandonan la reunión en señal de protesta, provocando la crisis y la dimisión posterior de Largo Caballero que sería substituido por Negrín. El 28 de mayo el órgano del POUM, La Batalla, es prohibido y los talleres donde se edita incautados.
El 4 de junio son disueltas oficialmente las Patrullas de Control, y el 16 es detenido Nin y todo el Comité Ejecutivo del POUM. Nin es conducido a una prisión privada y asesinado por orden de Stalin. Otros militantes correrían su misma suerte. Centenares serían detenidos y encarcelados, entre los cuales, muchos militantes cenetistas.
La insurrección obrera de mayo de 1937 fue el último episodio de la revolución española. La última posibilidad de corregir el curso contrarevolucionario y dar un giro a la situación y al desarrollo de la guerra. La derrota de los obreros barceloneses constituyó un golpe mortal para la suerte de la revolución y, como pudo comprobarse posteriormente, también para el desenlace de la guerra. Naturalmente, la llama de la revolución no se apagó inmediatamente. De hecho continuó encendida aunque tímidamente, a través por ejemplo del combate de muchos militantes y sindicatos cenetistas, por la liberación de los presos antifascistas que poblaban las cárceles y que fueron abandonados a su suerte por la dirección confederal.
En el verano de 1937, un año después del inicio de la revolución y la guerra, la República española estaba más aislada que nunca. A pesar del aplastamiento de la oposición revolucionaria, los gobiernos a los que se encomendaron los dirigentes republicanos españoles no movieron ni un solo dedo para impedir el triunfo de Franco. De hecho, tras la caída de Cataluña, los gobiernos de Francia e Inglaterra se apresuraron a reconocer al gobierno de Burgos. Stalin por su parte, después de ajustar cuentas con todos aquellos responsables –diplomáticos, asesores militares …- que tuvieron algo que ver con la revolución española, acabaría propiciando un pacto de no agresión con la Alemania de Hitler en agosto de 1939.
A propósito de lo ocurrido en Barcelona los primeros días de mayo de 1937, y polemizando contra un camarada belga que defendía que, en lo substancial, el POUM había actuado correctamente, y que intentar tomar el poder en aquellas circunstancias era puro aventurismo, León Trotsky afirmaba por el contrario, que esta posibilidad no solo estuvo al alcance de la mano, sino que además, si se hubiera producido habría sido coronada muy probablemente por el éxito. Naturalmente, escribía Trotsky, “en toda insurrección hay un elemento inesperado y de riesgo. Pero toda la marcha ulterior de los acontecimientos ha demostrado que, incluso en caso de derrota, la situación del proletariado español hubiera sido incomparablemente más favorable que lo es ahora, sin tener necesidad de decir que el partido revolucionario hubiera asegurado su porvenir para siempre”. (La verificación de las ideas y de los individuos a través de la revolución española, 24 agosto 1937. Texto dirigido a todas las secciones de la IV Internacional).