Carta Semanal 1060 para descargar en PDF
No sin razón muchos medios de comunicación han calificado el encuentro en Bruselas del martes 2 de septiembre entre Carles Puigdemont y Salvador Illa como la amnistía política que aquél reclamaba, ya que la amnistía legal, la que debería haberse implementado en aplicación de la ley desde hace más de un año, no se ha producido. La razón es conocida de todos: la herencia franquista que impregna algunas de las instituciones y poderes del Estado, particularmente el poder judicial, encabezado por el CGPJ, y la obstaculización vehiculizada a través del Tribunal Supremo, han impedido hasta este momento aplicar totalmente la amnistía, especialmente a los principales dirigentes del «procés». No se trata de una simple anomalía. Es la enésima constatación de la aversión que tienen a la democracia y a cualquier solución política, y de su apuesta por el enfrentamiento. Sin duda, tiene razón Pedro Sánchez cuando afirma que “hay jueces haciendo política que no cumplen la ley”. Pero someterse a ellos, o “sufrirlos en silencio” como hace el gobierno que preside, no es ninguna solución. Al contrario, les da cuerda.
LAS COSTURAS DEL RÉGIMEN AL DESNUDO
Sí, efectivamente, la herencia franquista representa una amenaza directa contra las libertades y las conquistas democráticas. Pero no menos nocivo resulta la estructura del Estado monárquico basado en las autonomías. La catástrofe producida en Valencia por la DANA el pasado 29 de octubre mostró el aspecto más indecente, e incluso criminal, de una administración incapaz de garantizar la seguridad más elemental de los ciudadanos ante una emergencia como la que se produjo. Incapaz de gestionar los recursos públicos que ayudan a anticiparse a la catástrofe y de facilitar que las zonas inundables estén como están, aún hoy. Tienen razón también los valencianos y valencianas que cada mes exigen, como punto de partida para la reconstrucción, la dimisión de Mazón y su procesamiento.