(Publicado en la Carta Semanal 671)
Declaración del Comité Ejecutivo del POSI – 25 de marzo de 2018
Unidad para acabar con este régimen y sus instituciones antidemocráticas
El viernes 23 de marzo por la noche miles de catalanes se manifestaban en las principales ciudades de Cataluña contra el brutal auto del juez Pablo Llarena que enviaba a la cárcel a otros cinco dirigentes independentistas con el candidato a la presidencia de la Generalitat Jordi Turull a la cabeza.
Y este domingo en Barcelona y en las demás ciudades de Cataluña, en Bilbao y otras ciudades vascas, de nuevo miles de manifestantes contra la detención de Carles Puigdemont por la policía alemana obedeciendo la euroorden que el Tribunal Supremo lanzó el sábado 24. Gritaban libertad detenidos, ¡qué vergüenza Europa!. Este lunes, 26 de marzo están convocadas manifestaciones en Valencia, Alicante, Denia y en otros múltiples lugares del Estado.
Son ya 25 los dirigentes políticos procesados por el Tribunal Supremo (cabeza del aparato judicial franquista, nunca siquiera depurado) y más de 900 los ciudadanos de todas condiciones: alcaldes, diputados, enseñantes, militantes, trabajadores, que en toda Cataluña pueden ser en cualquier momento procesados y/o encarcelados.
A lo largo del Estado a ellos se suman los más de 300 sindicalistas procesados o encausados por la aplicación del articulo 315.3 del Código Penal por ejercer el derecho de huelga, a los raperos, artistas, escritores, a los jóvenes de Alsasua en la cárcel o reprimidos en aplicación de la ley mordaza.
Este viernes 23, seis días después de que cientos de miles de jubilados, trabajadores en activo, parados, jóvenes se manifestaran contra la reforma que el gobierno de la Monarquía quiere emprender para liquidar el sistema público de pensiones.
La Monarquía y sus instituciones contra el pueblo catalán, contra los trabajadores
En efecto lo que está en juego no es solo la libertad y el derecho a decidir del pueblo catalán. Es el conjunto de derechos sociales y políticos arrancado al régimen, al franquismo coronado, después de la muerte del dictador.
Los encarcelamientos, el secuestro del Parlament decidido por los jueces, no son solo ataques a unos diputados concretos, a unas organizaciones, sino al conjunto del pueblo catalán, que con mayoría aplastante exige el derecho a decidir y en el que más de dos millones exigen la independencia.
Y estos ataques son una amenaza flagrante contra todos los pueblos y contra los trabajadores, a los que se les niega el derecho a decidir sobre todo, se les niega la soberanía, sin la que no hay democracia.
La defensa de los derechos democráticos y la democracia pasa en este momento por apoyar al pueblo catalán y a sus representantes perseguidos.
El rey, la monarquía aparecen como lo que son: defensores de los intereses del capital financiero y garantes de los privilegios de las instituciones del Estado, con los jueces y sus tribunales delante.
La incompatibilidad entre este régimen y la democracia y cualquier derecho social esta al descubierto.
¿Qué es lo que esperan los trabajadores y los pueblos?
A pesar de la aparente fortaleza del régimen la arbitrariedad de los jueces salta a la vista: se acusa de sedición, o de rebelión, es decir a las «personas integradas en bandas armadas o individuos terroristas y /o rebeldes» (articulo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) a militantes y dirigentes que combatieron y combaten por medios pacíficos por sus ideales y programa, que no ocultaron. ¿Qué podemos esperar de un aparato judicial, heredado del franquismo, en el que el 30% pertenecen a la secta Opus Dei, y que aprovecha cualquier retroceso de los partidos nacionalistas para golpear brutalmente al “limite de la ley”.
Por ello, los trabajadores esperan que las organizaciones que hablan en su nombre, que tienen en su programa la defensa de las libertades se pongan a la cabeza de la más amplia movilización en defensa de las libertades, por la anulación del articulo 155, por la libertad de los prisioneros y el derecho a volver del exilio en libertad.
En esta necesaria movilización pueden confluir los trabajadores en defensa de sus derechos como las pensiones y los pueblos en defensa de su derecho a decidir. O las mujeres que luchan por sus legítimos derechos.
CCOO de Cataluña ha declarado «su desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo y sus consecuencias nefastas para el pueblo catalán”.
UGT de Cataluña “manifiesta su total desacuerdo con la decisión del Supremo y reclama una solución política al conflicto”. “hemos reclamado con insistencia una respuesta dialogada, pero hay un paso previo ineludible, que es poner en libertad a todas y todos los presos que en este momento están en prisión preventiva”.
Los dirigentes del PNV y gobierno vasco, como el portavoz Josu Erkoreka, han declarado que con el 155 no habrá negociación de los presupuestos.
Es público que la Coordinadora de Izquierda Socialista reunida el 24 de marzo ha mostrado su desacuerdo con la aplicación del 155 y las detenciones en curso.
Cada ataque que hacen a las libertades es un paso más que da este régimen profundizando su crisis. Cada encarcelamiento es un llamamiento a la unidad de los pueblos del Estado español contra este régimen podrido y franquista.
Como partidarios de la democracia, es decir de la República, consideramos que para hacer retroceder al régimen es necesaria la Alianza de Trabajadores y Pueblos para cimentar el más amplio frente, como contra Franco. No es con la Unión Europea ni con los empresarios con los que Cataluña va a conseguir ejercer su derecho a la autodeterminación. Serán los trabajadores y los pueblos del Estado español, y de toda Europa, sus aliados.
En vísperas del 87 aniversario de la proclamación de la República, ésta es más que nunca de actualidad para allanar el camino a la satisfacción de todos los derechos y libertades.