(Publicado en la Carta Semanal 670)
Las masivas movilizaciones del pasado día 17, que amenazan con llevar a derogar las contrarreformas de pensiones de 2011 y 2013 e, incluso, con hacer estallar todo posible “consenso” sobre pensiones, han abierto un amplio debate en el movimiento obrero. Por ello dedicamos esta Carta Semanal a analizar la situación.
El Sistema Público de pensiones es sostenible
El mismo día en que se preveía –como luego sucedió– que cientos de miles se manifestaran por las pensiones, la prensa se hacía eco de un informe del Fondo Monetario Internacional sobre el futuro de las pensiones en España.
Para el FMI, el actual sistema de pensiones es insostenible. Dice esa institución del capital financiero que “una pensión pública no está destinada a cubrir el ingreso completo que el jubilado necesita para retirarse. Si existe esta expectativa, debe dejarse claro que no se puede cumplir”, por lo que propone una reforma del sistema. Lo que defiende el FMI, entre otras cosas (atrasar la edad de jubilación, bajar las pensiones, sobre todo las máximas, compatibilizar pensión y trabajo…), es “enrolar a los trabajadores automáticamente en un segundo pilar privado respaldado por el Estado” (es decir, hacer obligatorios los Fondos de Pensiones privados). Unas propuestas que, según señala El País, coinciden con las de la Unión Europea y la OCDE.
Es decir, que hay unanimidad entre los organismos internacionales al servicio del capital financiero sobre la necesidad de “reformar” el Sistema Público de Pensiones en España, declarado por esos organismos “insostenible”. También son unánimes esos organismos en la necesidad de financiar el sistema con impuestos específicos.
Nada nuevo bajo el sol. Los defensores del sistema basado en el dominio del capital financiero sobre toda la sociedad reniegan del sistema contributivo de jubilación, conquista que les fue arrancada por el movimiento obrero en la lucha de clases, y exigen que los especuladores a quienes defienden puedan meter cuchara, a través de los fondos de pensiones, en la jubilación.
Lo que resulta más sorprendente es que haya, dentro de las organizaciones que representan a los trabajadores y al movimiento de pensionistas, voces que se hagan eco de esos informes interesados y que asuman algunas de sus propuestas y, en particular, la financiación con impuestos finalistas. Una propuesta que –ahí está el ejemplo de Francia– busca abrir paso a la reducción de cuotas “patronales”, es decir, ahorrar miles de millones a los empresarios. Precisamente en estos días cientos de miles de pensionistas se movilizan en Francia contra el aumento de la CSG, el impuesto creado en Francia, supuestamente, para “financiar las pensiones”.
Hay que decir, alto y claro, que el sistema público de pensiones en España, sistema solidario entre generaciones, basado en las cotizaciones obreras (salario diferido), y garantizado por el Estado, es perfectamente sostenible. No ha sido ninguna “calamidad” ni ninguna “evolución demográfica” la que ha creado las actuales dificultades, sino la política del gobierno, la bajada de cotizaciones generada por las reformas laborales, la bajada de sueldos a los empleados y empleadas públicos, la escasa subida del SMI (salario mínimo interprofesional) y la pérdida del subsidio de desempleo para millones de parados.
No hace falta, por tanto, ninguna “reforma”, ningún recurso a impuestos específicos. Bastaría con derogar las reformas laborales, devolver los derechos arrebatados a funcionarios y trabajadores privados, y, transitoriamente, que el gobierno cumpliera lo establecido en la Ley de Seguridad Social, que le obliga a cubrir las posibles diferencias entre ingresos por cotizaciones y pagos por pensiones con cargo a los Presupuestos del Estado.
Una inmensa movilización
Cientos de miles de pensionistas, y no pocos trabajadores y jóvenes han llenado las calles de 150 ciudades de todo el país, de Barcelona a Vigo, de Bilbao a Cádiz, demostrando que existe una sola clase obrera. En esas inmensas manifestaciones se han unido muchísimos pensionistas, pero también muchos jóvenes, y sectores de la clase obrera activa con sus sindicatos.
Han sido manifestaciones en las que se han expresado reivindicaciones y se han coreado consignas variopintas, a veces confusas, pero que han expresado, como sucedió el 8 de marzo, la rebelión contra las políticas del gobierno Rajoy, así como una aspiración común a defender el Sistema Público de Pensiones, y que han puesto al Gobierno contra las cuerdas, en la primera respuesta general a Rajoy, que el día 14, en el Congreso, intentó, a la desesperada, engañar a los pensionistas con algunas limosnas, para mantener su política de destrucción, haciendo, a la vez, un llamado acuciante al pacto para que las organizaciones que representan a los trabajadores le ayuden a salvar su reforma.
Conscientes de las dificultades a que se enfrentan, los portavoces del capital exigen que el Pacto de Toledo –trampa de “consenso” con los franquistas y la derecha económica para las organizaciones de los trabajadores– que ha estado paralizado desde hace meses, actúe, y esta presión que se ejerce sobre las organizaciones abre un debate fundamental porque fue bajo los auspicios de este pacto que se impusieron la mayoría de los recortes que hasta ahora ha sufrido el sistema público de pensiones.
¡Unidad hasta ganar!
La formidable movilización, que debe continuar, ha demostrado que es posible derrotar al Gobierno. El propio FMI se confiesa en su informe preocupado por la posibilidad de que el movimiento obligue al gobierno a retroceder y recomienda que se haga un “refinamiento” de las reformas, advirtiendo que, de lo contrario, se corre el riesgo de que se “reviertan”.
Sin embargo, un hecho ha empañado el balance: la división entre el movimiento, más patente en algunas localidades, como Madrid, Cádiz… donde se han hecho dos manifestaciones separadas, las dos masivas.
Hay que continuar la lucha hasta obligar al gobierno a retroceder, a eliminar el 0,25%, actualizando las pensiones al IPC, a no poner en marcha el “Factor de Sostenibilidad”, previsto para empezar a aplicarse en 2019, a derogar, en suma, la reforma de pensiones de 2013, pero también la aplicada en 2011 por el gobierno Zapatero. Pero para ello es imprescindible recuperar la unidad. Esta es la primera batalla en el movimiento obrero y en sus organizaciones: La unidad en torno a las verdaderas reivindicaciones: derogación de las reformas laborales y las reformas de pensiones, fuera el gobierno Rajoy, enemigo de los trabajadores y los pensionistas.
Una unidad en la movilización que no debe detenerse. El día 17 han sido más de un millón de personas las que han salido a las calles. Hay que preparar una nueva movilización. Como recogía la resolución aprobada el pasado día 10 por una Conferencia en Defensa de la Seguridad Social que reunió en Madrid a 150 delegados y delegadas, hay que preparar una gran movilización, una marcha a Madrid que reúna a cientos de miles, a un millón de trabajadores y pensionistas, con sus organizaciones. Hay que continuar la lucha hasta obligar al Gobierno a ceder, sin descartar la convocatoria de una Huelga General si fuera preciso. Porque si no son suficientes las manifestaciones, los trabajadores exigen a sus organizaciones, sindicatos, coordinadoras ir hasta el fin, hasta paralizar el país.