Carta Semanal 942 en catalán

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Reproducimos en esta Carta Semanal un artículo de Rodrigo Ibarra, trabajador inmigrante en EEUU, que ha sido publicado en el semanario francés Informations Ouvrières.

En el año fiscal 2022, más de 560 mil migrantes viajaban en grupos familiares, fueron detenidos cruzando la frontera entre México y Estados Unidos, informó el The New York Times 05-12-23. Mientras tanto, el portal Infobae informó que entre enero y abril de 2023, más de 127 mil migrantes han cruzado la frontera entre Colombia y Panamá, para ingresar a América Central, atravesando la selva del Darien, citando un informe de la Cruz Roja Internacional. 

El territorio de América Central se convirtió en los últimos años en el canal de tránsito de migrantes de paso hacia México y finalmente hacia Estados Unidos. La nacionalidad de migrantes que cruzan fronteras de forma ilegal es muy variada, principalmente latinoamericana, pero entre ellos se han visto indios, africanos y chinos.

¡Desmilitarización de las fronteras! ¡Legalización!

Los servicios sociales que los migrantes demandan en los países por los cuales caminan, han sido llevados al borde de su funcionamiento e incluso al colapso, cuando los pueblos son muy pequeños, donde ha colapsado hasta el servicio de agua potable, sin mencionar los servicios de salud y genera problemas con la alimentación e insuficiencia de albergues. 

La respuesta institucional ha sido la militarización de las fronteras, la represión y la persecución de los migrantes, criminalizando la migración. Las políticas migratorias fueron lanzadas bajo un enfoque de seguridad nacional que criminaliza a las familias trabajadoras migrantes. 

Esta política de seguridad nacional genera miles de muertes al año. La migración no debe ser criminalizada, las familias trabajadoras migran en busca de un trabajo que les permita vivir con dignidad. En los países de acogida, los migrantes entran en el mercado laboral sin ninguna protección legal. Por lo tanto, debemos luchar por la legalización inmediata, por una política migratoria justa en los países de acogida y contra las expulsiones y deportaciones. Al mismo tiempo, los trabajadores exigen conservar todos sus derechos constitucionales en sus países de origen, así como el derecho a votar en el extranjero, y tienen razón.

El capital, responsable de una destrucción masiva

En las últimas semanas se volvió a aplicar la regla conocida como Título 42, que ha permitido que muchos migrantes sean expulsados con rapidez. 

Se trata de una norma de salud pública de emergencia durante la pandemia, que permitió la deportación masiva y bloquear la mayor parte del acceso al asilo en la frontera desde marzo de 2020. 

La política migratoria aplicada en el cuadro de la Homeland Security no tiene en cuenta que la migración es una forma de resistencia de los trabajadores a la destrucción de las economías y a la desarticulación social que genera la descomposición de las economías y de las sociedades.

En efecto, el éxodo migratorio de trabajadores representa la mayor fuga de mano de obra joven y capacitada en los países latinoamericanos, disminuyendo abruptamente la productividad de cada país y a escala continental. 

Digámoslos con claridad: la migración masiva es la expresión más acabada de la profundidad de la decadencia del sistema capitalista. La migración es el resultado de la dislocación, sino de la destrucción misma de las estructuras productivas, sociales y políticas a escala de cada país y a escala continental. Los grados de destrucción varían de país a país, pero el fenómeno es el mismo. 

Hay un responsable en todo esto: el capital financiero internacional o capital transnacional. 

Las burguesías industriales construyeron estados nacionales en territorios unificados. Se constituyeron como burguesía nacional en defensa del territorio, al cual le nombraron nación. 

En la actualidad la clase que se nuclea alrededor del capital financiero no se vincula a industria nacional alguna, ni a un territorio, ni a una nación en particular, no hay más una burguesía propiamente nacional, sino que aparece detrás del capital transnacional. Los intereses que defienden son los de sus corporaciones y las contradicciones son entre bloques de corporaciones luchando por el control del mercado, desmantelando la propia soberanía nacional. 

El mecanismo infernal de las zonas de libre comercio

Los centros del capital financiero se ven obligados actualmente de gestionar un superávit monetario sin precedentes. Es la gestión de este superávit la que, desde el decenio de 1980, ha llevado a la aplicación de políticas de deuda externa y ajuste estructural para canalizar el ahorro generado hacia el reembolso de la deuda externa. La política de endeudamiento y ajuste estructural ha dado lugar a la privatización de las empresas públicas.

Una rápida revisión histórica muestra que, impulsados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los gobiernos han implementado reformas para «cambiar y fortalecer» las instituciones, pero las tambaleantes economías locales nunca han podido construirse sobre una base sostenible. Por el contrario, sólo han engendrado una corrupción generalizada dentro de las instituciones y sistemas políticos locales. Y la soberanía nacional, ya más o menos socavada, fue rápidamente aplastada. Fue en la Cumbre de las Américas celebrada en Miami en diciembre de 1994, bajo el mandato del demócrata Bill Clinton, donde se acordó establecer un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), es decir, a nivel continental. Pero las negociaciones no tomaron el rumbo esperado por el imperialismo, y el ALCA terminó siendo enterrado definitivamente en la cumbre de Mar del Plata en 2005. Sin embargo, las principales líneas rectoras del tratado continental no se abandonan y terminan materializándose en el marco de acuerdos regionales o incluso bilaterales, un proceso marcado por muchas etapas intermedias, incluido el Cafta, firmado con cinco países centroamericanos o más recientemente el TLC.

En cualquier caso, estas zonas francas han permitido la instalación exponencial de plantas de producción, creadas sobre la base de la llamada «inversión extranjera directa». Esta producción para el mercado norteamericano ha llevado al establecimiento de potentes estructuras comerciales dedicadas a las importaciones en países dominados. Las instituciones, leyes y clases políticas locales han sido subyugadas para lograr la extorsión más completa mediante el uso de mano de obra barata en el marco nacional de las áreas ubicadas dentro del territorio nacional, pero «liberadas» de la tutela estatal.

Dado que los beneficios de las industrias de las zonas de libre comercio y de las empresas importadoras creadas para abastecer el mercado interno son sistemáticamente repatriados al país inversor, no es posible el desarrollo nacional y local. Así, el área de libre comercio logra bajar los costos de producción mientras conquista los mercados internos de cada país miembro del acuerdo.

Mientras que la llamada empresa maquiladora dentro de la zona franca se beneficia de políticas arancelarias y fiscales que le permiten apropiarse de las ganancias en cada eslabón de la cadena de valor, desde la producción hasta el movimiento de mercancías, los sistemas de producción locales no se ven protegidos.

Un desastre para las poblaciones locales

El sector exportador en cada país asegura empleo para una pequeña porción de asalariados a escala nacional, y comparativamente reciben mejores salarios que trabajadores de pequeñas y medianas empresas. Así que quienes tienen un empleo en industria de zonas francas o en empresas de exportación son sectores relativamente privilegiados de la clase trabajadoras de un país. 

Por el contrario, las pequeñas y medianas empresas (en América Latina no se cuenta con estadísticas que concentren la información sobre las PYMES) sufren las peores consecuencias de las políticas de apertura económica y de los mercados. 

A pesar de que contribuyen a la mayor parte del empleo asalariado, por lo general son de muy baja productividad, poco valor agregado e intensivas en mano de obra, pero con poca inversión en capital y en tecnología. 

Destacamos aquí que el establecimiento de industrias de zonas francas no genera la incorporación de los sectores dedicados al mercado interno al proceso tecnológico. Además, la falta de acceso a financiación representa una losa sobre la pequeña y mediana producción. Muchos de estos negocios se encuentran en situación de informalidad y se originan o responden más bien a una forma de escapar al desempleo y la pobreza, o simplemente como un mecanismo de supervivencia, que a un verdadero proceso de desarrollo empresarial. 

Son negocios muy vulnerables a la liberalización del mercado y la libre competencia

del mercado, y cuando Walmart o cualquier gran capital importador nacional se establece en los mercados locales, la pequeña y mediana producción es arrasada, lanzando masivamente al desempleo de la mayoría de trabajadores en las ciudades y entre los productores campesinos.