Carta Semanal 1091 para descargar en PDF
Las asociaciones patronales están en campaña contra el “absentismo”, ante crecimiento del 80% en las ausencias al trabajo en diez años. Por ejemplo, el Círculo de Empresarios ha hablado de “un fuerte aumento del absentismo laboral en España tras la pandemia”, debido, según esta organización empresarial, al aumento de las ausencias por enfermedad, accidente o incapacidad temporal (bajas laborales). Han denunciado que esta situación “tiene ya dimensiones económicas (pérdida de producción asociada a las bajas por incapacidad temporal asciende al 5,4% de PIB), sociales y éticas preocupantes”, por lo que reclaman “un acuerdo nacional que involucre a administraciones públicas, empresas y agentes sociales para frenar este fenómeno”. Esa organización deja claras sus intenciones: implicar a los sindicatos y al gobierno en la “lucha contra el absentismo”.
Hay que dejar claro un hecho, para empezar: en España, las bajas laborales no las decide el trabajador, las firma un médico, y corresponden a una imposibilidad de trabajar como consecuencia de una enfermedad o a una prescripción de reposo como parte del tratamiento de la misma.
La campaña
Las asociaciones patronales llevan años arremetiendo contra el “absentismo”. Un término con el que se refieren a toda ausencia en el trabajo, ya sea por enfermedad, por permisos legales o por ausencias voluntarias sin justificación (aunque estas últimas son un porcentaje muy pequeño, ya que son sancionables por el empleador). El vicepresidente de la patronal, Lorenzo Amor, arremete contra los trabajadores enfermos y habla de “bajaciones”.
La patronal y las mutuas hablan de un enorme gasto de las empresa en bajas laborales (recordemos que las empresas pagan el salario del 4º al 15º día de baja por ley y, en algunos casos, el convenio colectivo regula el pago, también de los tres primeros días de baja, que por ley no se pagan). Hablan de un gasto de entre 14.000 y 81.000 millones, pero el Banco de España, partiendo de datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, establece el coste directo empresarial de prestación por IT en 4.613 millones.
Su objetivo es aumentar el papel de las mutuas patronales en la gestión de las bajas de las bajas laborales (especialmente las debidas a trastornos músculo-esqueléticos y a Salud Mental) y forzar un acuerdo que implique a sindicatos y gobierno. Sin embargo, la duración media de las bajas por enfermedad común, controlada por los médicos de A. Primaria (39,2 días) es menor que la del IT por enfermedad profesional, controlada por los médicos de las mutuas (45,2 días).
Los hechos
En 2017, con una población ocupada de 18 millones de personas se registraron 4,7 millones de procesos de bajas laborales entre los trabajadores. Ocho años después, en 2024, con 21,8 millones de ocupados, hubo 8,6 millones de estas bajas (conocidas técnicamente como incapacidad temporal), prácticamente el doble. Mientras que el número de trabajadores creció un 19% en este periodo, los procesos de baja se dispararon un 83%. Sin embargo, CCOO explica que, al menos, 2/3 del incremento del gasto público en IT se explican por el aumento del empelo, las bases de cotización y en envejecimiento de la población trabajadora.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha elaborado un informe sobre el gasto público en incapacidad temporal, según el cual, en 2017 se contabilizaron 21,4 procesos medios al mes frente a 34 en 2024, casi un 60% más.
La Airef habla de una “deficiencia estructural”: quien reconoce el derecho a la baja no es quien la paga: los médicos de atención primaria —dependientes de las comunidades autónomas— deciden el inicio y el fin, mientras la Seguridad Social y las empresas asumen el coste. Para la Airef lo importante es sólo la repercusión económica de las bajas laborales, no la salud de las personas trabajadoras. Para el médico de familia, la baja es o parte del tratamiento, o la certificación de una incapacidad del asalariado para trabajar. Además, el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla Jesús Cruz Villalón recuerda que esta división de tareas no es nueva, por lo que no podría explicar el fuerte incremento del alargamiento de los procesos. Villalón apunta al “enorme deterioro de la sanidad pública” como una de las principales causas del fenómeno, si no la principal.
La propia Airef constata la relación entre el aumento de las listas de espera y el de la duración media de las bajas, que pasa de 40 a 46 días entre 2017 y 2024. Las personas en listas quirúrgicas suben de 13 a 18 por cada 1.000 habitantes y las pendientes de especialista o pruebas aumentan de 62 a 100, según cifras del Ministerio de Sanidad incluidas en el informe Evolución de las bajas por incapacidad temporal en España 2013-2025, elaborado por la patronal catalana de pymes Pimec.
A ello hay que sumar las demoras de cita en Atención Primaria.
Muchas de las bajas que se atribuyen a contingencias comunes son, en realidad, accidentes laborales o enfermedades profesionales no admitidas por las mutuas, que se apoyan en la redacción del artículo 156 de la Ley general de Seguridad Social, que establece que sólo se consideran enfermedades profesionales o accidentes laborales las que “contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que al enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo”. Lo que excluye toda enfermedad en que el trabajo tenga una importante, pero no exclusiva, relación de causalidad.
Más duración de las bajas en los más mayores.
A los problemas de una sanidad saturada hay que sumar otros dos fenómenos relacionados con la edad. La edad media de los ocupados en España era de 41 años en 2015 y ha subido a 43 diez años después. Una consecuencia del retraso de la edad de jubilación a 67 años, que hay que derogar cuanto antes. Ese envejecimiento de las plantillas supone, sobre todo, un aumento de la duración de las bajas. Según la Airef los trabajadores de 55 a 65 años presentan menos bajas (29,7 por cada 1.000 afiliados) que los jóvenes (41,1). Pero permanecen de baja mucho más tiempo (79 días frente a 46), por lo que el envejecimiento incrementa el gasto sobre todo por duración y no por número de procesos. Dicho esto, la duración de las bajas también ha aumentado en promedio, de 41 días en 2017 a 46 en 2024. Y, además entre el 7% y el 25% de las bajas, según el informe que se consulte, se concentran en la mitad de los trabajadores.
Detrás de este aumento en la duración de las bajas está también el fuerte incremento de los procesos por trastornos mentales, cuya incidencia crece un 80% entre 2017 y 2024, según la Airef. Y esto afecta especialmente a los jóvenes. Tras las enfermedades musculo-esqueléticas y respiratorias, son la tercera causa en incidencia y la primera en menores de 30 años. La duración media de estos procesos está entre las más altas y dura cerca de 100 días. Los trabajadores de 25 a 35 años registran 41,1 procesos por cada 1.000 afiliados frente a 24 en mayores de 55, según los datos de AMAT. Un informe de CCOO recuerda que los problemas de salud mental han crecido realmente, y que España es líder mundial en consumo de benzodiacepinas y el tercer país de la UE en consumo de antidepresivos, y reclama un aumento de los recursos de los servicios públicos de salud mental
Las propuestas de Airef y Patronal
Para la Airef y las patronales, la cuestión fundamental es la pérdida de beneficios de las empresas por las bajas. Para ellos, el asalariado debe incorporarse cuento antes al trabajo o, incluso, ir a trabajar enfermo. Las mutuas –que son asociaciones patronales- también se esfuerzan por no reconocer el carácter de accidente o enfermedad laboral de una baja y por devolver al asalariado al trabajo cuanto antes.
En el diálogo social, patronal, sindicatos y gobierno aprobaron la posibilidad de que las mutuas atendieran con sus propios medios todas las enfermedades músculo-esqueléticas de los trabajadores en activo, para saltarse las listas de espera de la sanidad pública. Una propuesta injusta, que pone por encima la prioridad de “reparación” de la mano de obra para que vuelva a crear plusvalía para el patrón, mientras que los jubilados, los parados o los estudiantes deben aguantarse el dolor y la incapacidad en la lista de espera. Varias Comunidades autónomas han firmado ya acuerdos con las mutuas, pero el sistema no acaba de arrancar.
La Seguridad Social ha abierto una mesa con patronal y sindicatos donde negocian cuestiones como la incorporación progresiva de la baja al trabajo o la intervención más temprana del INSS en el control de los procesos, como demanda la patronal. Además, muchas empresas han comenzado a intentar recortar los complementos salariales a los trabajadores de baja en las negociaciones de los convenios. Y la Airef, por su parte, reclama, entre otras cosas, una mayor intervención de las empresas en la gestión de las bajas y una mayor interconexión entre todos los agentes implicados, por la que los médicos reciban más información sobre las circunstancias laborales de los trabajadores y sus empresas. “Si me dan esa información, me aislaré de ella”, concluye un médico de familia, quien argumenta que sus decisiones deben de ser estrictamente clínicas.
La Airef también propone fortalecer las capacidades del INSS para el control y seguimiento temprano de la IT. Sin embargo, la inspección médica del INSS ya tiene facultades para citar a cualquier trabajador en cualquier momento de su baja laboral, si bien es cierto que las plantillas del INSS se han reducido entre 2009 y 2025 en un 18%, pasando de 12.966 empleados a 10.678
Un ataque a los trabajadores enfermos
La campaña patronal sobre el gasto en absentismo prepara un ataque al salario de los trabajadores enfermos, una reducción salarial, de hecho. Hay que recordar que, entre 1979 y 1994, se produjo una intensa reducción de las cotizaciones empresariales a Seguridad Social por contingencias comunes, que pasaron del 29,15% del salario al 23,6. Una transferencia de 22.000 millones al año de salario diferido a beneficio empresarial.
Nuestro punto de vista es que existe una masa creciente de trabajadores enfermos, que no son atendidos por la sanidad pública, permaneciendo meses en lista de espera, especialmente por trastornos músculo esqueléticos y de salud mental. Demoras que, en muchos casos, producen cronificación de su enfermedad y su sufrimiento. El gobierno no puede ceder al chantaje de la Patronal. Atacar esta situación no pasa por perseguir a las personas trabajadoras, sino por una inversión en infraestructuras y personal en la sanidad pública, empezando por un presupuesto extraordinario que recupere los enormes recortes sufridos entre 2010 y 2020. Ese dinero existe, debe salir del gasto militar. Una vez más, se pone de manifiesto la incompatibilidad entre aumentar el gasto militar y atender a las necesidades de la población.