(Publicado en la Carta Semanal 590)
Van a hacer nueve meses que los trabajadores y los pueblos derrotaron al gobierno Rajoy y nada ha cambiado en la situación de la mayoría. Dicen que hay más empleo, pero es imposible saberlo cuando cuentan como empleo un contrato de una hora, y se sustituye empleo indefinido a jornada completa por empleo parcial precario. Lo seguro es que la reforma laboral sigue hundiendo los salarios y las condiciones de trabajo. Lo seguro es que la sanidad está en una situación límite y continúa el desmantelamiento de la enseñanza pública. Los trabajadores y los pueblos no han votado al PSOE, ni a Podemos-IU ni a “nacionalistas de izquierda” para que en las Cortes un juego de trileros pisotee la voluntad popular expresada en las mayores movilizaciones y luego en las urnas. Las televisiones y todo tipo de personajes dan por hecho que el infame Rajoy tiene que volver a formar gobierno, como si hubiese sacado mayoría. Y los banqueros exigen que las organizaciones obreras y populares le apoyen.
Cunde la preocupación al ver que Rajoy y Rivera se juegan a los dados con el mayor descaro el salario, las pensiones y los derechos de los trabajadores. Que se proponen efectuar un ajuste a la griega, que reventaría la sanidad pública, la enseñanza, las pensiones y arrinconaría definitivamente la negociación colectiva.
Harto de ver que la única respuesta de los dirigentes del PSOE y de Podemos es tirarse del moño todos los días, el trabajador vuelve la vista a los sindicatos, que siguen siendo su fuerza principal. Ha visto con esperanza los pronunciamientos de congresos e instancias sindicales –especialmente en la UGT, pero también en CCOO– en el sentido de exigir la formación de un gobierno que derogue las principales contrarreformas y restablezca los derechos laborales, sociales y democráticos. Aunque llama la atención el contraste entre el apoyo masivo a este tipo de pronunciamientos (que en muchos casos se han aprobado por unanimidad o por aclamación), y el escaso alcance masivo incluso de la propaganda por las 20 medidas que proponían antes de las elecciones del 26J.
Pero al ver que la mayoría del Congreso disuelto no aprobó ni una sola ley para derogar las peores ataques de Rajoy, y que tras el 26J nadie en las Cortes le disputa el terreno al PP, los dirigentes sindicales, que afirman que hay una mayoría de diputados comprometidos con las reivindicaciones sindicales, no han buscado hasta ahora formas de hacer pesar la fuerza de los trabajadores para impedir que Rajoy siga en el gobierno.
Cierto, hay voces amenazando con la movilización obrera (“Si no derogan la reforma laboral en las Cortes la derogaremos desde la calle”), pero parece como si algunos dirigentes de nuestros sindicatos, presos de una especie de síndrome de Estocolmo con Rajoy, no pudieran librarse de la obsesión por el “diálogo social”, a pesar de los nulos –cuando no nefastos– resultados de esa orientación en los últimos años, desde el pacto de pensiones con el gobierno Zapatero a las 13 mesas de “diálogo” abiertas con el gobierno Rajoy, con el único resultado de parir un ratón, el acuerdo sobre los 426 euros para una mínima parte de los trabajadores y trabajadoras desempleados sin prestaciones de ningún tipo (cuyos resultados concretos ya analizamos en la Carta Semanal 522, de 27 de abril de 2015.
Defender los derechos con uñas y dientes
No somos solo nosotros quienes planteamos este problema. José Mª Álvarez viene repitiendo “que no nos llamen para efectuar más recortes”, que el diálogo social ha sido un instrumento de propaganda para el Gobierno.
No cabe duda de que muchos afiliados y cuadros de UGT y de CCOO compartirán las palabras del secretario de Acción Sindical de UGT Gonzalo Pino cuando dice: “Para lo que no estaremos es para negociar recortes sociales, ni para aparecer en fotos que tienen otros fines diferentes a la solución del paro, de la precariedad laboral y de los recortes de servicios básicos para la ciudadanía”.
El problema está planteado ya con la prisa de los banqueros y el PP por un nuevo recorte de pensiones y nuevas medidas de reforma laboral (aunque las disimulen con alguna concesión). Porque no es posible hacer abstracción de la enorme presión que ejercen el capital financiero y sus instituciones: UE, FMI, etc., presión repercutida por Rajoy y la monarquía de la necesidad de continuar con las «reformas» es decir nuevos ataques y recortes.
Así, el dirigente de CCOO Carlos Bravo “ha reiterado la propuesta de CCOO a las formaciones políticas con representación parlamentaria para que consideren el futuro de las pensiones como una prioridad de estado y recuperen el consenso forjado en torno al Pacto de Toledo, a fin de garantizar a medio y largo plazo la viabilidad del sistema público”. Una declaración conjunta de CCOO y UGT, entre muchas cosas justas pide sin embargo al Pacto de Toledo que plantee una “financiación a través de transferencias del Estado, a cargo de la imposición general”. ¿Se puede garantizar el sistema público sin empezar por derogar las reformas de pensiones de 2010 y 2013? ¿Se salva el sistema expulsando del sistema contributivo (para que dependan de lo que decida el Gobierno) las más de 800.000 pensiones de viudedad? Una cosa se puede decir, a la luz de la experiencia de muchos años: del Pacto de Toledo sólo podemos esperar nuevos recortes de pensiones, porque eso es lo que ha sucedido cada vez que se ha reunido para “salvar la seguridad social”.
¿Un “gran pacto con Rajoy”?
La necesidad de un cambio de política lleva a menudo a pedir “pactos de Estado”. Por ejemplo, “CCOO urge un Pacto de Estado por la Industria”, que (a menudo por suerte) quedan en buenos deseos porque la política del Gobierno es incompatible con las reivindicaciones más elementales.
Ante el atolladero actual, el recién elegido Secretario de Acción Sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha publicado en algunos medios unas reflexiones sobre la necesidad de llegar a un “gran pacto por el trabajo”, expresando en ellas una opinión que comparten otros muchos dirigentes, tanto de UGT como de CCOO. Es necesario abrir un debate sobre el significado de este tipo de propuestas.
En primer lugar, es obvio que para los trabajadores y trabajadoras y para el movimiento sindical, no es indiferente qué gobierno acabe por formarse. No es lo mismo un gobierno PP-Ciudadanos, cuyo programa sería no sólo la continuidad, sino incluso la profundización de las contrarreformas y recortes, que un gobierno que se basara precisamente en la derogación de esos recortes y contrarreformas.
Es más, en el actual contexto, si se constituyera un gobierno Rajoy, por definición endeble dado que no tendría el apoyo de una mayoría en Cortes, ¿no sería un pacto de ese tipo, en la práctica, un medio de sostener a ese gobierno débil? Y, lanzada antes de los debates de investidura, ¿no supondría esa propuesta animar, de hecho, a que se constituyera ese gobierno.
Es posible que un pacto de ese tipo obligara a Rajoy a hacer algunas concesiones fragmentarias, pero, ¿no serían a cambio de sostener de hecho al gobierno y facilitar contrarreformas inmediatas, empezando por las pensiones?
En última instancia, ¿no habría que preguntarse si caben las principales reivindicaciones de la clase trabajadora en un “pacto de Estado” (salvo que una gran movilización obrera pusiese al Estado de rodillas)?
De buenas intenciones…
En este sentido, las reflexiones hechas públicas por Gonzalo Pino deben haber preocupado, sin duda a más de un afiliado o activista de UGT. Este dirigente parte de una idea, la de que “es el momento de pasar a la acción [la negrita es suya] y desplazar la codicia y la avaricia del centro de decisiones, para colocar en él al ser humano y su bienestar”. Pero esa idea de “pasar a la acción” queda muy lejos de traducirse en el terreno propio de la clase y de sus organizaciones, la movilización en los centros de trabajo y las calles. Por el contrario, es más bien un llamamiento al gobierno que se constituya: “El próximo Gobierno que tengamos en España deberá hacer esta apuesta y deberá convocar a los agentes sociales para negociar un gran pacto por el trabajo [de nuevo, la negrita es suya], porque no olvidemos que es el empleo, los buenos empleos, la clave para superar esta terrible situación de crisis a todos los niveles, no solo económica, y garantizar, a través de él, el bienestar social” ¿El próximo gobierno, sea cual sea? ¿Es que no le basta al compañero la experiencia de dos años de intentos -frustrados- de llegar a cuerdos con Rajoy, para ofrecernos -o, peor aún, reclamar- más de lo mismo? ¿Debe ser el movimiento sindical un burro que tropiece una y otra vez con la misma piedra?
Añade el Secretario de Acción Sindical de UGT que “Está en las manos de las élites económicas y políticas, como ya lo hicieron en otros momentos de la historia, el entender que solo la paz social y el bienestar de la clase trabajadora, es decir del grueso de la población, es el camino para garantizar la estabilidad y el progreso de nuestra sociedad”. Cuando esas élites entendieron algo, fue porque la fuerza de los trabajadores y de sus organizaciones les obligó
¿Es posible “un pacto por el trabajo” con el gobierno responsable de los recortes sociales, del incremento de la precariedad y de los recortes en los servicios básicos.
El artículo aparecido en los medios no concreta los contenidos de ese hipotético pacto. Habla de “soluciones a corto plazo que frenen en seco las diferentes formas de esclavitud que han aparecido en el mundo del trabajo a raíz de la aprobación de las reformas laborales, y cuyo exponente más claro es la del trabajador pobre sin derechos”. ¿No sería más claro exigir, negro sobre blanco, la derogación de todas esas reformas? Porque muchos aconsejan a Rajoy suavizar algunos aspectos, pero manteniendo buena parte de sus contenidos. Y no es eso lo que reclaman los trabajadores y trabajadoras ni lo que han aprobado los congresos e instancias de la UGT.
Una pregunta se impone ¿No deberían los esfuerzos de nuestras organizaciones orientarse hacia la búsqueda de un gran acuerdo de todos los partidos y organizaciones que hablan en nombre de los trabajadores y la juventud para organizar en unidad el combate por las reivindicaciones y la derogación de las contrarreformas? ¿Y no debería eso, como primer paso, basarse en la lucha porque no se repita un gobierno de Rajoy? Es imposible mantener el silencio sobre esta cuestión vital. Si Rajoy quiere un gobierno con apoyo del PSOE es para obtener el máximo de apoyo a medidas que ya están escritas, que todo el mundo conoce. ¿Deben nuestras organizaciones ponerse de perfil ante esta cuestión vital?