(Publicado en la Carta Semanal 775 – ver en catalán)

Este jueves 26 el Congreso de los Diputados adoptó la propuesta del Gobierno de prorrogar por 15 días -hasta el 12 de abril- el Estado de Alarma. Lo hizo con 321 votos a favor y 28 abstenciones, de los tres grupos nacionalistas catalanes y de Bildu. El viernes 27 el Consejo de Ministros tomó una serie de medidas, presentadas para “reforzar el escudo social”. Y el fin de semana se aprobaron nuevas medidas.

El Estado de Alarma supone, en primer lugar, una limitación profunda de las libertades, ya cercenadas con La ley mordaza y otros dispositivos liberticidas. En particular, da una desmesurada presencia, autoridad y competencias a la policía, la guardia civil y el ejército. Sin prohibir el derecho de huelga o de expresión, prepara, de hecho, la posibilidad de medidas de excepción superiores.

Y sin embargo, por el momento, el estado de alarma no ha permitido impedir que se multipliquen los contagios y los muertos todos los días.

El estado de alarma sin medios suficientes para el sistema sanitario, cuando esos medios  pueden conseguirse,  es sacrificio sólo para los trabajadores.

Los datos señalan que el gobierno es ineficaz, pero donde gobierna la derecha franquista que está votando a favor de sus medidas, la situación es aún más catastrófica, como sucede en la Comunidad de Madrid.

Al amparo del Estado de Alarma se están adoptando medidas muy graves que afectan a los trabajadores, la juventud y los llamados “autónomos”, muchos de ellos obligados a serlo.

La población trabajadora está pagando un precio muy caro. Las cifras son evidentes. Utilizando los instrumentos de las “reformas laborales”, ya hay 750.000 despidos oficiales, y cerca de millón y medio de afectados por los ERTE (el día 25 el Ministerio de Trabajo reconocía 1.200.000 afectados , o sea con pérdidas y retrasos de salarios  Unos ERTE que, con el pretexto de la ‘fuerza mayor’ no son negociados con los sindicatos. Sin contar con la imposición de vacaciones forzosas, en otros casos, cuando está prohibido viajar y hasta salir de paseo o a hacer deporte. Las proyecciones son difíciles, pero según las previsiones (citar fuente), pueden llegar a dos o tres millones de despidos. Esto sin contar con los autónomos que van a quedarse sin ocupación o los cientos de miles de la economía sumergida (España cuenta, según algunos estudios fuente, con un 27 por ciento de trabajo negro). Por ejemplo entre las 640.000 empleadas del hogar 240.000 no están declaradas.

Aunque la población trabajadora ha aceptado medidas como la cuarentena e incluso los ERTEs, hay que dejar en claro una cuestión: no estamos en el mismo barco, los capitalistas utilizan y van a utilizar todas las armas para hacer recaer la crisis sobre la clase obrera.

Las medidas adoptadas

Desde este punto de vista debemos analizar las medidas del estado de alarma. Por un lado la inmensa mayoría de la población comprende, sufre, pero acata el confinamiento (una medida de la Edad Media, que pone en evidencia que no se tienen los medios sanitarios precisos, a causa de años y años de recortes y  privatizaciones).

Por otro lado, muchas personas trabajadoras están abrumadas por el sesgo que toma la situación y se preguntan, con razón, si vamos por buen camino. Una sindicalista de la sanidad se preguntaba, en una carta a las autoridades sanitarias, “¿Cómo es posible que en un país donde se destilan cada año millones de hectolitros de vino no haya soluciones hidroalcohólicas? ¿Cómo es posible que el país que tiene a una de las mayores empresas textiles del mundo no pueda disponer de batas? ¿Cómo es posible que la décima potencia económica mundial no pueda fabricar respiradores? ¿Cómo es posible que cada día recibamos noticias de que tal o cual fábrica improvisa la fabricación de esos materiales, sin un plan del gobierno, de los gobiernos? Hablan de guerra contra el virus, pero no han puesto al aparato productivo a producir las armas y municiones para librar esa guerra, que se llaman batas, mascarillas, gafas”.

Como esta compañera, son muchos los que se preguntan por qué el gobierno no ha tomado desde el primer días medidas para obligar a las industrias textiles y papeleras a fabricar mascarillas y batas, a las alcoholeras y las químicas a fabricar gel hidroalcohólico, a las industrias a fabricar respiradores (hay estimaciones de que pueden necesitarse hasta 10.000 y apenas hay unos 6.000), a los laboratorios farmacéuticos a fabricar test de coronavirus.

¿Por qué la décima potencia económica mundial tiene que esperar a que todo eso llegue de China? Cada día conocemos de iniciativas, aquí y allá, de alguna empresa o de profesionales individuales de ponerse a fabricar estas cosas. Lo que demuestra que es posible.

¿Por qué los gobiernos tienen que recurrir a hoteles y hospitales de campaña cuando hay miles de camas en las clínicas privadas sin utilizar, e incluso éstas están obligando a sus trabajadores a coger vacaciones u organizando ERTE?

¿Por qué se sigue mandando al trabajo, a la “guerra contra el coronavirus” al personal de la sanidad sin medios de protección? Ya son casi 6.000 los trabajadores de la sanidad afectados, más del 14,7% del total de infectados (más del 20% en Andalucía y Extremadura), cuando en China sólo han sido un 4% y en Italia el 9%.

¿Por qué millones de trabajadores han seguido acudiendo durante dos semanas a sus empresas en medios de transporte hacinados, sin medios de protección, a fabricar productos no esenciales? Trabajadores de Correos, del Metro, de John Deere (ver suplementos especiales n.º 1 y 2 de Información Obrera) se han dirigido al gobierno exigiendo el cese de la actividad, o medidas efectivas de protección donde sea inevitable. La ministra Calviño respondía que todas esas empresas eran necesarias para que los trabajadores de la Sanidad hagan su trabajo. No es cierto. Por ejemplo, ¿para qué mantener Airbus fabricando aviones militares y aviones comerciales que no están volando y que seguramente no se vendan por la grave crisis de las compañías aéreas?  Porque no creemos que haya muchos profesionales de la sanidad que estén yendo a sus trabajos en avión.

Ahora el gobierno decide que todos los trabajadores se queden en casa, con hasta 12 días de permiso recuperable. O sea, que vuelvan al trabajo debiéndole hasta más de 80 horas a la empresa.

¿Por qué el gobierno decide mandar a trabajar a todos los sindicalistas de las residencias de mayores, centros sociales y ayuda a domicilio, a la vez que obliga a los trabajadores a trabajar sin medidas de protección y permite a las empresas cambiar a sus trabajadores de lugar de trabajo, cambiarles la jornada, obligarles a hacer trabajos no incluidos en sus contratos?

¡Que paguen los que más tienen!

El diputado Rufián reclamaba en el Congreso, en el debate sobre renovación del Estado de Alarma, medidas que la inmensa mayoría de trabajadores sin duda comparte, desde la prohibición de los despidos a asegurar el salario completo. Lástima que las medidas aprobadas por el gobierno catalán también se centren en dar avales y dinero a las empresas.

¿Qué es lo que impide al gobierno ir más allá, tomar todas estas medidas que hemos explicado antes? ¿Qué es lo que hace que algunas se adopten tarde, como la limitación -que no prohibición- de despidos, pues no los declara nulos sino improcedentes, que llega cuando oficialmente han sido despedidos ya 750.000 y no se va a aplicar de manera retroactiva? Todas las medidas, muy duras en su conjunto con la población trabajadora, se detienen en un punto: en el respeto a la sacrosanta propiedad privada y al régimen monárquico.

Mientras se obliga al confinamiento a la población, lo que puede ser razonable si es una decisión propuesta científicamente (aunque la escenificación con militares y policías en las ruedas de prensa es impropia de un régimen democrático, en el que, deberían hacerlo autoridades civiles) , ninguna medida se adopta para obligar a las empresas a  poner todos sus medios al servicio de la guerra contra la epidemia.

En esta línea, los miles de millones prometidos por el gobierno se concentran en los avales bancarios para las empresas. ¿Y para los trabajadores? Apenas unas mejoras del desempleo en caso de ERTE, y una renta básica, o sea mínima, poco más que una limosna. Y ninguna medida para obligar a los especuladores, a la banca, a las grandes fortunas, a poner el dinero necesario para las medidas económicas. Por el contrario, todo va a salir de los presupuestos del Estado, engordando la deuda que luego pagaremos las personas trabajadoras.

Medidas imprescindibles

La primera medida es restablecer la confianza de los trabajadores, lo que requiere contar con los sindicatos, con los profesionales, con los ayuntamientos y por los elegidos por los pueblos. Que hablen por televisión los ministros, los médicos, los elegidos por el pueblo. Y que se busque la colaboración democrática con todos ellos.

Al cortar la sangría de despidos, el Gobierno ha tratado de contener la preocupación de la mayoría, pero eso es insuficiente, el gobierno tiene que emprenderla sin contemplaciones con los que impiden que haya protección, garantías, soluciones:

• Incautación de todos los hospitales privados
• Cierre de las empresas en las que no se produzcan bienes de primera necesidad, sin que los trabajadores tengan que devolver las horas.
• Control de las residencias geriátricas por parte del gobierno
• Incautación de empresas para fabricar medios de protección y pruebas diagnósticas
• Prohibición efectiva de todos los despidos (declarando nulos todos los que se pretendan, no improcedentes), retroactiva desde el comienzo de estado de alarma
• Que paguen la banca, los especuladores, las grandes fortunas, mediante medidas confiscatorias, nacionalizadoras e impositivas, para que los recursos financieros se pongan al servicio de la mayoría

El papel de las organizaciones

Muchos sindicalistas que desde las empresas, las secciones sindicales, se están batiendo el cobre buscando salidas a la situación concreta, reclamando medios, asegurando el aislamiento de sus compañeros que han tenido contacto con contagiados, pidiendo el cierre de actividades innecesarias, sienten que las direcciones confederales no se desmarcan abiertamente del gobierno para denunciar las limitaciones de las medidas adoptadas, para exigir medidas más eficaces. Les bombardean con normas, manuales, indicaciones, pero tienen la sensación de que todo eso es “apáñate como puedas”.

Muchos se plantean que, cuando todo esto pase, habrá que dar un repaso a los que han dejado hundirse la sanidad pública, a los que permitían geriátricos con una dotación mínima de personal, a los que han consentido que, en un mundo en que ya había habido varios conatos de pandemia, no hubiera una reserva mínima de materiales de protección.

La lucha de clases no se ha parado, ni se podrá parar mientras sobreviva el régimen basado en la explotación que supone privilegios para unos pocos y padecimientos para la mayoría  Sigue desde todas partes empezando por el personal sanitario que padece las consecuencias de las exigencias del capital: los recortes, la precarización laboral, la carencia de medios. Que realiza duros esfuerzos para combatir la epidemia, mientras otros no sólo no hacen nada sino que se benefician de las medidas. Es lógico por tanto que se acumule el odio de clase que estallará en un futuro no muy lejano, como en Chile, en Argelia….

El papel de todo militante es hoy, ayudar a su clase a que se exprese de la forma más organizada, frente al capital y las instituciones franquistas del régimen monárquico.