(publicado en la Carta Semanal 416)

“La propiedad privada es sagrada”, decía hace unos días un contertulio en Radio Nacional de España Evidentemente, no se refería a la propiedad de quienes pierden su vivienda y, con ella los ahorros de toda su vida en uno de los más de 500 desahucios que se producen cada día, ni a quienes los bancos y cajas de ahorro han estafado con las preferentes. Ni siquiera a quienes tenían su dinero en bancos chipriotas. No, los contertulios hablaban de la sacrosanta propiedad de banqueros y multinacionales, única propiedad sagrada que reconocen los voceros del capitalismo real de este siglo XXI o sea en su extrema descomposicion, en referencia al decreto recientemente aprobado por la Junta de Andalucía sobre desahucios, que permite la expropiación temporal de viviendas en determinados casos.

Sobre el decreto de la Junta de Andalucía, que los contertulios criticaban por su “izquierdismo”, baste con citar a dos juristas que se pronuncian en sendas  tribunas en El País. Alfonso Villagómez, juez y exletrado del Tribunal Constitucional, lo califica como “una medida legal y constitucional”, y hace referencia a la Ley de Expropiación Forzosa, del año 1954, y a una sentencia del Tribunal Supremo del 2 de marzo de 1964, ambas, por tanto, de plena época franquista. Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo señala que “no parece, en principio, que exista nada en el decreto ley que esté en contradicción con la Constitución”. Y añade que el decreto ley “busca un equilibrio entre los intereses de las distintas partes que están presentes en la relación: entidades financieras, familias que van a ser desahuciadas y la sociedad, representada por la comunidad autónoma”, y que no cree “que las entidades financieras puedan quejarse porque no estén recibiendo un trato objetivo y razonable”.

Escraches y dación

Entretanto, el PP –y, en menor medida, el PSOE– arremeten contra los escraches,  a la vez que las Subdelegaciones del Gobierno castigan a quienes se manifiestan de manera pacífica ante las viviendas de dirigentes del PP con cuantiosas multas, siguiendo el nuevo modelo represivo del Gobierno (arruinar a quienes se movilizan). La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría condenaba cínicamente los escraches en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros diciendo que “mi casa es otro terreno, es el de mi vida personal y, sobre todo, el de mi familia”. ¡Como si no fuera de sus casas, junto con sus familias, de donde los bancos y los especuladores echan a la gente en los desahucios! Su gobierno, mientras tanto, destroza a su gusto en las Cortes el texto de la ILP presentada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y avalado por 1.400.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas, y que se basaba en la dación en pago retroactiva.

En octubre de 2012, en la Carta Semanal n.º 392, a propósito de la dación en pago, decíamos que “para el deudor es mejor que la situación actual, pero el banco sigue ganando, y el hipotecado se encuentra en la calle. En el fondo, la dación en pago defiende los intereses de la banca, aunque los banqueros se resisten porque disminuye sus beneficios con respecto a la situación actual”. Pero sucede como con el decreto de la Junta de Andalucía. Nada que pueda ser malo para los sacrosantos beneficios de la Banca es aceptable para este gobierno.

¿A dónde vamos?

La confrontación social en torno a los desahucios es sólo una parte de la crisis política. Cada día, la crisis del régimen se agrava. En la cúpula, a los negocios del yerno y la hija del Rey sucede la herencia del propio monarca, pagada en cuentas secretas en Suiza. Y cada decisión del gobierno y los tribunales empeora las cosas. Como la sentencia provocadora del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a escolarizar en castellano a toda la clase (como bajo el franquismo)  si los padres de un niño lo piden.

Felipe González, uno de los principales creadores de este sistema político, decía en una conferencia el 9 de abril que “de la crisis política e institucional ya no estoy tan seguro de que vayamos a salir. Esa crisis galopa hacia una anarquía disolvente”. Y añadía: “¿Todo el esfuerzo de la Transición se está yendo por el desagüe? Las élites de referencia han dejado de existir en todos los ámbitos, y sin ellas un país tiene un problema muy serio. Si encima no cuidamos las instituciones… podemos entrar en otro momento oscuro de nuestra historia”. ¿Para los seis millones de parados, los miles de desahuciados, la población que necesita una enseñanza y una sanidad públicas, no es un “momento oscuro”? ¡La única preocupación de este hombre son las instituciones!

Porque es cierto, las instituciones de la Monarquía y los principales partidos que las sustentan se hunden en una crisis de corrupción y de rechazo por parte de los pueblos que han sido vendidos por este régimen al saqueo del capital financiero orquestado por la Troika. La gente trata de encontrar una salida mientras se instala una creciente desconfianza en los dirigentes de las organizaciones tradicionales de la clase trabajadora. Y como sucedió a la muerte de Franco (cuando nos impusieron lo que llaman “democracia”, con el heredero de Franco y de Alfonso XIII al frente), y de nuevo tras el referéndum de la OTAN (cuando se creó Izquierda Unida como ala izquierda del régimen), hay quienes se apresuran a ofrecer supuestas salidas, que preserven lo más posible el entramado institucional y constitucional.

¿Acaso no hay salida?

Mantener aunque sólo sea un poco más al gobierno actual supone dejarle que siga destruyendo todas las conquistas sociales, y la propia convivencia entre los pueblos (que sólo es posible porque existen esas conquistas sociales arrancadas en la lucha común de la clase trabajadora y de los pueblos del Estado Español).

Esperar tres años, a que haya nuevas elecciones, como dicen los dirigentes de UGT y CCOO, así como los del Partido Socialista y los de Izquierda Unida (cuyo cálculo político no va más allá de las encuestas que les prometen ganar un puñado de diputados más), es permitir que en estos tres años todo sea destruido, como exige la Troika.

Los “desmarques” que últimamente prodiga Alfredo Pérez Rubalcaba respecto del Gobierno no pueden tapar la responsabilidad que le corresponde, y que no cumple, que es volcarse a articular todos los esfuerzos para echar abajo este gobierno y el plan de ajuste.

Estos días se ha reunido el 41 Congreso Confederal de UGT, casi silenciado, como antes el de CCOO, por los mismos medios de comunicación que dedican 9 páginas a despedir a Margaret Thatcher. Temen reconocer la fuerza que en medio de la descomposición de las instituciones estatales, mantienen aún las organizaciones levantadas por los trabajadores, con sus más de dos millones de afiliados. Sin necesidad de sustituir a los partidos, las dos confederaciones obreras podrían dar un vuelco a la situación si en defensa de los intereses más elementales de sus afiliados y de los trabajadorse se plantasen frente al ajuste que Rajoy ejecuta. Esa responsabilidad no puede eludirse remitiéndose a las acciones sectoriales, ni diluirse en apelaciones a la “sociedad civil” so pena de que los trabajadores se consideren abandonados por sus organizaciones en una situación crítica.

Cándido Méndez ha dicho en el discurso de clausura del 41 Congreso que el Gobierno de Mariano Rajoy “puede contar con todo nuestro apoyo” si decide “plantar las políticas de Bruselas”. ¡Como si de un gallo se pudiera esperar que diera leche y pusiera huevos! La pregunta es: ¿Qué va a hacer la UGT, qué va a hacer Comisiones Obreras si el Gobierno, en lugar de “plantarlas”, aplica las políticas de Bruselas? Para el 26 de abril se anuncia un nuevo Plan de Reformas, exigido por Bruselas. ¿Es que los dirigentes de nuestros sindicatos no tendrían que anunciar ya su oposición a esos nuevos recortes, preparar la movilización para que no se lleven a cabo y para que se anulen los recortes ya impuestos y, en primer lugar, la reforma laboral?

El 8 de julio millones de trabajadores y trabajadoras pueden quedarse sin sus convenios colectivos, sin las conquistas arrancadas en 50 años de lucha de clases y de negociación colectiva, como consecuencia de la aplicación de las dos últimas reformas laborales. ¿No exige la situación que, en lugar de implorar al gobierno más acuerdos que sólo pueden servir para ayudar a imponer los recortes que exigen Bruselas y la Troika, los sindicatos anuncien solemnemente que no habrá ningún trato con el Gobierno mientras no anule los recortes? ¿Que organicen la más amplia movilización para defender esos convenios y todas las conquistas sociales?

El 1 de junio, sindicalistas de UGT y CCOO y de otras organizaciones tienen previsto reunirse en Madrid para debatir cómo actuar en esta situación. Desde todas partes hay que apoyar esta convocatoria para que sea un paso en la lucha por la independencia de nuestras organizaciones frente al gobierno y a Bruselas.

Es un esfuerzo más que paralelo convergente con la campaña por “¡ningún acuerdo con el gobierno corrupto, que se vaya!” que desarrolla el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos.