Carta Semanal 860 en catalán
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Desde hace seis años, en Portugal existe una forma de gobierno, la Jerigonça, basada en un gobierno del Partido Socialista (PS), con el apoyo en la Asamblea de la República del Partido Comunista (PCP ) y el Bloque de Izquierdas (BE). Un apoyo de “geometría variable”, que es tutelado por el presidente de la República, Rebelo de Sousa, dirigente del partido de derechas PSD e hijo de un ministro salazarista.
Este modelo de gobierno es presentado por algunas formaciones de la izquierda como un ejemplo a seguir en nuestro país. Le atribuyen enormes mejoras para las clases trabajadoras, aunque la realidad es bastante más modesta. De hecho, gracias a la Jerigonça, durante seis años, el gobierno del PS ha podido aplicar una política derivada de las necesidades e imposiciones del capital financiero, a través de una “gobernanza de geometría variable”. Una gobernanza en la que los sucesivos Presupuestos del Estado fueron posibles gracias al apoyo del PCP y/o del BE, a cambio de algunas concesiones a las clases trabajadoras, acordadas con estos partidos políticos, revirtiendo algunas de las medidas contenidas en el llamado Memorándum de la Troika, implementado por el gobierno de coalición de la burguesía PSD/CDS, en el período 2011-2015.
Estas concesiones incluyen, entre otras cosas, el fin de los recortes en salarios y pensiones, aunque no la plena recuperación de derechos, así como el freno a la privatización del transporte público. Sin embargo, estas medidas positivas no cambiaron cualitativamente las condiciones de vida y de trabajo de la población trabajadora en general, que no han dejado de agravarse con el crecimiento de la precariedad, los despidos colectivos, la especulación inmobiliaria, el desmantelamiento de los servicios públicos, donde el colapso de varios hospitales públicos es presentado como inminente por las organizaciones sindicales de médicos y enfermeras.
La destrucción de miles de puestos de trabajo por parte de las multinacionales que controlan el sector energético (en nombre de la descarbonización / “transición energética”), la realizada por los bancos (en nombre de la “transición digital”), o en el transporte aéreo (donde la crisis se acentuó por la pandemia) dio lugar a procesos de resistencia y movilización, donde diversos sectores de las clases trabajadoras buscaron apoyarse en sus organizaciones sindicales para defenderse. Al mismo tiempo, las direcciones de estas organizaciones han podido controlar estos procesos, imponiendo una práctica de fragmentación de las luchas y “concertación social”, cuyas consecuencias se han traducido en el debilitamiento de los propios sindicatos.
En el mes de septiembre, las elecciones municipales pusieron de manifiesto el descontento de la clase trabajadora con esta política. La abstención fue del 46,3%, el segundo registro más alto desde que se celebran elecciones en 1976. El PS, declarado “vencedor” de esos comicios, perdió las alcaldías de Lisboa y algunas otras ciudades relevantes como Coimbra o Funchal. El PCP ha perdido algunas de las alcaldías de sus bastiones históricos como Évora o Loures, y el Bloco de Esquerdas, apenas despega en el ámbito municipal. El resultado de las elecciones municipales fue el detonante de un punto de inflexión en esta forma de gobierno, apoyado, en la práctica, por el PCP, el BE y los dirigentes de los principales sindicatos.
La derrota del PCP en los ayuntamientos que nunca habían dejado de ser gobernados por este Partido después del 25 de abril, los llamados municipios históricos, así como la abstención masiva, fueron una llamada de atención para el PCP. La prensa burguesa denunció el malestar de militantes y cuadros de la PCP, que exigen la ruptura con concesiones y compromisos con el Gobierno, así como la ruptura con el marco de la “unidad de la izquierda”, que ha permitido aplicar la política reclamada por la UE y el capital financiero.
Para poder mantener la Jerigonça, y para que ésta pudiera contener el descontento creciente de la clase trabajadora, era preciso hacer más concesiones. Pero los Presupuestos del Estado, diseñados para implementar los llamados “Fondos de Recuperación” definidos por las instituciones de la Unión Europea, en las condiciones fijadas por ésta, no permitían ese juego. De ahí la derrota del proyecto de Presupuesto del Estado para 2022, presentado por el gobierno del PS a la Asamblea de la República, que llevó a la ruptura de hecho de los acuerdos que permitían el sostenimiento del gobierno del PS, allanando el camino para una situación de vacío político que podría generar “sucesivas crisis políticas”.
A pesar de la inquietud experimentada dentro del PCP, su dirección trató de llegar tan lejos como pudo para mantener la cohesión de su partido preservando al mismo tiempo la política de “unidad de la izquierda”. Una política que requiere que este partido sea capaz de controlar la lucha de las masas a través del aparato sindical de la CGTP, la central sindical hegemónica, impidiéndoles poder desempeñar el papel histórico que es suyo.
Entre las condiciones exigidas por el PCP para aprobar la propuesta presupuestaria del Gobierno, incluyó la necesidad de cambios en la legislación laboral, a saber, la derogación de la expiración de la negociación colectiva. También situó la necesidad de cambios en la política de salud y en los salarios y pensiones, entre otros requisitos.
El Gobierno de António Costa, por su parte, ha hecho las concesiones necesarias para poder ejecutar un Presupuesto basado en el Programa de Recuperación y Resiliencia (PRP), firmado con la Unión Europea, de acuerdo con los intereses del capital financiero y de las grandes multinacionales. Por ello, Costa siempre ha dicho: “Tenemos que hacer unos Presupuestos del Estado que preserven las cuentas adecuadas” –léase, las condiciones acordadas en Bruselas; “No podemos alcanzar acuerdos a cualquier precio”.
Incluso cuando se “atrevió” a dar un paso hacia la modificación de algunas leyes laborales, como fue el caso del aumento de la indemnización por despido y el número de horas extraordinarias anuales que debían pagar los empleadores, los representantes de las Asociaciones de Empleadores abandonaron inmediatamente las reuniones del Consejo Económico y Social (la cumbre de la “consulta social”), llorando: “¡Alto ahí, no cambies esto!”. Costa no sólo dio marcha atrás, sino que se disculpó públicamente.
Por su parte, el BE solo podía adoptar la misma posición que el PCP, como parte de su estrategia de defensa de un gobierno que implementa “políticas de izquierda” en el marco de la Unión Europea.
Todo este conjunto de componendas políticas – alcanzadas bajo el chantaje ultimatista del Presidente de la República: “Si esta Propuesta de Presupuestos no es aprobada en general, disuelvo la AR y llamo a nuevas elecciones legislativas” – se hizo con la preocupación de mantener a las clases trabajadoras al margen de la escena política e impedirles llevar a cabo el frente único de clase, ante la sede de la soberanía del pueblo portugués, imponer una ley de presupuestos capaz de responder a sus legítimas demandas derivadas de los problemas a los que se enfrentan.
Obviamente, el llamado a una movilización en esta dirección sería un paso hacia la ruptura con la política del sistema basada en la propiedad privada de los medios de producción, un paso que todos ven como una pesadilla a evitar.
De ahí la prisa del Presidente por disolver la Asamblea de la República, un paso que hizo efectivo el día 4 de noviembre. ¿Qué busca con esta medida? Todo parece indicar que una nueva “geometría”, un acuerdo de “unidad nacional” con el PSD, partido de la derecha, para aplicar, de otra manera, las políticas pactadas con Bruselas.
Los Direcciones del PCP, y la CGTP, así como sectores minoritarios del PS, critican la llamada “precipitación del PR”, afirmando la posibilidad de presentar una nueva propuesta de presupuesto estatal, pero sin abrir nunca una salida que las clases trabajadoras pudieran captar: la movilización conjunta y la centralización de su movimiento ante la Asamblea de la República.
Pero los dirigentes no parecen apostar por esa vía. A pesar de su apoyo al rechazo del proyecto de presupuestos, la dirección de la CGTP ha decidido suspender “sine die” las huelgas anunciadas, en varios sectores, a saber, profesores, enfermeras y médicos, retrasando la movilización al 20 de noviembre, con la convocatoria de una manifestación nacional.