(publicado en la Carta Semanal 437)

Tras la reunión del pasado día 16 de mayo en la Moncloa entre el Presidente del Gobierno, los dirigentes de las patronales y los secretarios generales de UGT y CCOO, se emitió un comunicado conjunto. Con respecto a las pensiones, ese comunicado hacía referencia al Comité de Expertos nombrado por el gobierno Rajoy para estudiar el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones, y que concluyó sus trabajos a comienzos de junio. Concretamente, el comunicado decía: “Posteriormente el documento del Comité será objeto de debate en el seno del Pacto de Toledo y, al mismo tiempo, el Gobierno convocará a los  interlocutores sociales para abordar el factor de sostenibilidad en el marco del diálogo tripartito y de la vigente normativa de Seguridad Social. El Presidente del Gobierno ha pedido a los interlocutores sociales su máxima colaboración en este tema tan sensible para la sociedad española.”

CCOO y UGT en el Comité de Expertos

Se trataba, por tanto, de buscar un acuerdo con los sindicatos para hacer el recorte de pensiones que exigen la Unión Europea y la Troika. Para ello se incluyó en el Comité de Expertos a dos personas vinculadas a los sindicatos, el catedrático Santos Ruesga (vinculado a la UGT) y Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de CCOO.

Pero la asociación de los dirigentes de UGT y CCOO al nuevo recorte de pensiones tropezó doblemente. Santos Ruesga votó en contra del informe propuesto y dio amplia publicidad a su negativa al recorte propuesto, a la vez que denunciaba el carácter trucado de la Comisión. El economista de CCOO, por su parte, votó a favor, desencadenando una importante rebelión en las filas del sindicato, lo que obligó al Comité Federal de CCOO (que reúne a la Ejecutiva Confederal y los secretarios generales de todas las organizaciones territoriales y de rama) a desmarcarse de su postura y a hacer público un comunicado que decía que su participación había sido “un error”. En ese comunicado, CCOO manifestó que “no está justificado que circunstancias coyunturales se utilicen como excusa para promover un nuevo y sustancial cambio estructural del sistema público de pensiones”, y que “la verdadera razón” del Gobierno para plantear esta reforma es la de “satisfacer las demandas de la Comisión Europea en cumplimiento de las condiciones del rescate al sistema financiero”.

CCOO añadió que “en ningún caso” avalaría medidas que supongan reducción de las pensiones presentes y futuras, cuestionando que se tenga que introducir “un nuevo elemento para el cálculo de la pensión y que éste esté asociado a la ‘esperanza de vida’”, así como el que la revaloración de las pensiones deje de estar referenciada a la evolución del IPC.

El Gobierno presenta una nueva propuesta

En esta situación, y teniendo en cuenta la debilidad del Gobierno, acorralado por los escándalos de corrupción y odiado por la inmensa mayoría de la población, los dirigentes del PP han decidido efectuar la reforma por etapas. Ya a finales de agosto, la prensa anunciaba que la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, preparaba una nueva propuesta de reforma y que esperaba llevarla a cabo “sin sufrir otra huelga general”, haciendo énfasis en que se trataba de evitar “un nuevo conflicto con los sindicatos”.

Como señalaba El País el 28 de agosto, “el Gobierno pretende suavizar esta propuesta [la de la Comisión de Expertos]. En Moncloa vislumbran que la situación económica está cambiando y quieren evitar incendios políticos como el que podría provocar una reforma de las pensiones radical”. El periódico añadía que “el Ejecutivo pretende alcanzar un acuerdo con los sindicatos y la patronal para presentar un texto legal que remitirá al Congreso a finales de septiembre. La ministra Báñez pretende esquivar una nueva huelga general…”.

El pasado 2 de septiembre, la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, se reunieron con los dirigentes de UGT y CCOO y los de la Patronal, y les presentaron verbalmente las propuestas del gobierno. La propuesta que la Ministra de Empleo presentó a la patronal y los sindicatos contempla desligar las pensiones del índice de precios de consumo (IPC), y sustituir el IPC por un nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones que tendrá en cuenta no sólo la inflación, sino también los ingresos y gastos del sistema cada año, y el déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social.

Al mismo tiempo, Báñez anunció que esa reunión suponía el pistoletazo de salida a la negociación que, según ella, será “en paralelo” con agentes sociales y grupos parlamentarios para buscar “el máximo consenso posible”. La propia ministra ha marcado un plazo muy ajustado al afirmar que ya en 2014 las pensiones tienen que calcularse según la nueva fórmula de revalorización anual.

A la salida de la reunión, los representantes sindicales manifestaron que la propuesta del gobierno supone una bajada de las pensiones. Tanto Carlos Bravo, de CCOO, como Carmen López, de UGT, consideran que esta fórmula se traduce en una reducción del poder adquisitivo de las pensiones a largo plazo. “A vuela pluma sale una bajada de pensiones”, ha afirmado López. Ambos advirtieron de que su opinión solo puede ser superficial puesto que el Ejecutivo no les ha trasladado la propuesta por escrito.

También se mostraron críticos con el hecho de que el Ejecutivo va más allá de lo que marcaba la reforma de 2011, que ellos mismos pactaron con el anterior Gobierno. “La propuesta aventura un proceso complejo y difícil”, ha analizado Bravo.

En todo caso, ninguno de ambos descartó, a pesar de todo, mantener negociaciones con el Gobierno sobre la propuesta presentada por Báñez.

Los sindicatos han reclamado que se utilice la reforma para abrir la puerta a que el sistema de pensiones también reciba más ingresos por impuestos y no solo de las cotizaciones, una alternativa que también recogían los expertos. Sobre esta propuesta, Báñez se ha declarado dispuesta a negociar. “Estamos abiertos al diálogo y cualquier mejora”, ha afirmado cuando se le ha preguntado si contempla dedicar más recursos procedentes de impuestos a las pensiones o cambios en los periodos de cálculo de las prestaciones.

Santos Ruesga analiza

Santos M. Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y único en votar en contra del informe de los expertos sobre la reforma de las pensiones, ha cargado contra la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, a la que acusa de anteponer el cumplimiento del objetivo de déficit público a la sostenibilidad del sistema.
Según escribe en el blog de Economistas Frente a la Crisis, la ministra ha optado por la “inmediatez” a la hora de aplicar el nuevo índice de revalorización de las pensiones, que sustituirá al IPC, “tratando de cumplir así con las exigencias comunitarias en materia de objetivos de déficit público”, a pesar de que los expertos habían ofrecido la opción de retrasarlo hasta 2019.

Ruesga recuerda que este índice será el que tendrá mayor impacto cuantitativo en cuanto a los gastos del sistema de pensiones, “dado que las reducciones subsecuentes que se producirán en la revalorización anual de la cuantía de las pensiones (con respecto al criterio actual de aplicar la variación del IPC, según la Ley General de la SS), son notablemente más cuantiosas, a corto plazo, que el ahorro derivado de la aplicación del Factor de Sostenibilidad, que se aplicará solo a nuevos entrantes en el sistema y, por tanto tardará unos cuantos años en afectar a todos los pensionistas”.

“No es un mecanismo para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a largo plazo sino un instrumento para reducir el déficit público a corto plazo”, denuncia el experto, que considera que esta medida se toma en línea con la política económica del actual gobierno y de las autoridades europeas, según la cual alcanzar un déficit inferior al 3% del PIB “nos llevará de forma inmediata e inexorable al paraíso (no sabemos a cuál y sobre todo a quienes)”.

Ruesga destaca que la principal consecuencia de esta medida será que “el valor real de las pensiones tenderá a disminuir, particularmente en los años de depresión, sin que se vaya a recuperar la pérdida de valor adquisitivo en la fase de recuperación”.
“No es sólo una forma de hacer frente a la coyuntura, para reducir el déficit; detrás de este tipo de reformas hay un discurso ideológico sustentado en un cierto grupo de poder económico (y político)”, afirma el catedrático, quien avisa de que estas medidas redundarán en una sociedad más desigual aún “y, de forma particular, con desigualdades crecientes en el nivel de vida de los pensionistas”.

¡Ninguna negociación para recortar las pensiones!

El acuerdo de pensiones ASE, firmado en 2011 por los dirigentes de UGT y CCOO y rechazado por la inmensa mayoría de trabajadores, supuso un duro golpe para las organizaciones sindicales, que han perdido desde entonces alrededor de un 20% de sus afiliados. Como ha demostrado el asunto del “experto” de CCOO, asociarse ahora al gobierno Rajoy para negociar un nuevo recorte de pensiones sería un duro golpe para las organizaciones.

Desde que se anunció la reforma de pensiones de febrero de 2011 –pactada con el gobierno de Zapatero– militantes sindicales de distintos orígenes constituyeron una plataforma y llevaron a cabo una campaña contra la firma de ese pacto y por la retirada de la firma de UGT y CCOO cuando ésta se produjo. Campaña que continuó cuando se anunció una nueva reforma. El pasado mes de junio se organizaron delegaciones a las direcciones de UGT y CCOO, apoyadas por el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos. A esas delegaciones, los dirigentes de ambos sindicatos les manifestaron que no aceptarían ningún recorte más.

Hay que continuar esa campaña. Desde todas las instancias sindicales hay que hacer llegar a las direcciones de UGT y CCOO el mismo mensaje: ¡ninguna negociación con el gobierno corrupto para recortar las pensiones! ¡Organizad la movilización contra las propuestas del Gobierno, y exigid su retirada!