(Publicado en la Carta Semanal 570)

Desde la huelga general de noviembre de 2012, los dirigentes de UGT y CCOO optaron por la vía de retomar el “diálogo social” con el gobierno Rajoy. Una decisión que suponía, en la práctica, dar una tregua al gobierno, que fue escenificada con una foto en la Moncloa pocos días antes de la gran “Marcha de la Dignidad” del 22 de marzo de 2014, y de nuevo con otra reunión de Toxo y Méndez con Rajoy en julio de ese año, acompañada de nueva foto. En esta vía, llegaron a constituirse hasta 13 mesas de “diálogo” sobre diferentes cuestiones.

De toda esta actividad, los dirigentes sindicales sólo pudieron mostrar un resultado, un acuerdo con el Gobierno. Un acuerdo que, en sí mismo, ya era bastante modesto: una ayuda de 426 euros que se ofrecería a 400.000 personas desempleadas de larga duración que ya hubieran agotado todos los subsidios. Los dirigentes anunciaron entonces que se trataba de ayudar a las personas “más necesitadas” y que pronto vendrían otros acuerdos (que nunca se produjeron).

Nuestra posición es clara: no estamos de acuerdo con la política de “diálogo social”, que a nuestro juicio desarma a las organizaciones obreras y las asocia a la acción destructiva de derechos y conquistas de los gobiernos, a la vez que desconcierta y desmoraliza a la clase trabajadora. No tiene nada que ver con la negociación colectiva, en ésta los trabajadores luchamos por nuestra plataforma de convenio mientras que el “diálogo social” se abre con una declaración de objetivos comunes que subordina los derechos de los trabajadores a las exigencias del capital. Por eso combatimos contra esa política.

Hay compañeros y compañeras que nos manifiestan su desacuerdo con esta posición, y defienden esa política. No vamos a plantear ese debate de una manera rígida y dogmática, sino sobre la base de los hechos.

Ya hemos señalado el parco balance de esa política: 13 mesas de negociación, y un solo acuerdo, que iba a suponer un gasto de 1.200 millones (bien barata compraba el gobierno la “paz social”: Nos permitimos recordar que antes, con el gobierno Zapatero, el acuerdo “estrella” de esa política fue el ASE, que rebajó las pensiones y supuso el inicio de la desafección de muchas personas trabajadoras hacia los sindicatos.

Sólo un 15% de lo previsto

El acuerdo de los 426 euros fue firmado por UGT y CC OO, las patronales CEOE y Cepyme y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en diciembre de 2014 en La Moncloa en presencia del presidente Mariano Rajoy. Se anunció como el primer paso de algo mucho más ambicioso: la elaboración de un mapa de prestaciones (estatales, autonómicas y locales) que supondría reordenar las diferentes ayudas. Nadie puede oponerse a mejorar la situación de los trabajadores más desfavorecidos, por limitado que sea lo obtenido. Pero nadie puede negarse igualmente a debatir el balance de este tipo de acuerdos.

El objetivo de este primer paso era dar una ayuda de 426 euros mensuales durante seis meses a unos 400.000 desempleados de larga duración. La ejecución se extendería entre el 15 de enero de 2015 y el 15 de abril de 2016.

La semana pasada se hizo público un balance del acuerdo: a falta de dos semanas para finalizar el plan, sólo se ha gastado un 15% del fondo previsto. De los 1.200 millones presupuestados solo se han gastado 182 millones.

Apenas reciben el subsidio el 25% de los beneficiarios previstos. Se habló de unos 400.000 beneficiarios y sólo se ha llegado a 105.500. Si el plan hecho público cuando se firmó el acuerdo se hubiera llevado a cabo habría supuesto elevar en unos 10 puntos porcentuales la tasa de cobertura oficial frente al paro, entonces en el 57,6%. Y sin embargo, el gasto contra el paro baja en 4.000 millones y la cobertura cae al mínimo.

Llama la atención el hecho de que la bajísima cifra de beneficiarios reales (105.544 tienen la ayuda reconocida hasta febrero) esté lejos, incluso, de los 270.000 beneficiarios que pensaba Empleo que cumplían con los requisitos de la ayuda cuando echó a andar (a estos se sumarían unos 130.000 en los meses siguientes). Y hay que añadir otra cosa: la ayuda incluía planes específicos de formación para el empleo y de reinserción laboral. Pues bien, sólo 14.000 de los participantes en el plan se han reincorporado al mundo laboral.

El programa fue boicoteado por el Gobierno desde el principio. Se emitió una orden interna a los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) para que restringieran el acceso a la ayuda a todos aquellos parados que, aun cumpliendo las condiciones, hubieran recibido previamente alguna de las otras ayudas que tiene el Ministerio de Empleo (prestación contributiva, subsidio, renta activa de Inserción, plan Prepara). Con lo que quedaba limitada a un salvavidas de último recurso.

Los sindicatos protestaron y la Administración rectificó, en teoría. Porque de un total de 52.135 solicitudes rechazadas, más de 10.586 (el 20%) lo son por ese motivo, que es la primera causa de denegación.

Los dirigentes de UGT y CCOO son conscientes de que esta situación es el resultado de una decisión del Gobierno. Carlos Bravo, responsable de Políticas Públicas de CCOO, explica que “la única explicación que encuentro es que el Gobierno tenía interés en no consumir el crédito asignado”. La nueva responsable de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera dice que “es el resultado de una política. Si el primer paso que tomó este Gobierno fue despedir a los 2.000 orientadores laborales que había contratado el Ejecutivo anterior [como hizo en los recortes de 2012], es que no se cree en este tipo de medidas”.

Y sin embargo, los dirigentes no han pasado de las declaraciones de queja a los hechos. Siguen esperando a reunirse con el gobierno y que entonces se arreglarán las cosas.

¿Merecía la pena para este magro resultado la tregua que ha permitido al gobierno Rajoy mantener sus políticas de recortes durante estos dos años? ¿Merecía la pena la pérdida de prestigio, de apoyo de los trabajadores que ha supuesto esa política? Porque en este tiempo entre UGT y CCOO han perdido cerca de 300.000 afiliados y afiliadas.

Hoy, los sindicatos dicen que hay que recuperar lo perdido. “No se pueden hacer más ajustes ni en servicios sociales, ni en salud ni en pensiones. No entraremos a negociar más recortes en este país” (J. M. Álvarez). Y, a la vez, el pasado lunes, en su entrevista con IU, los representantes sindicales planteaban “la recuperación del diálogo social, junto con una derogación de las últimas reformas laborales –junto a la reposición de los derechos de los trabajadores y trabajadoras–, de negociación colectiva y de Administración Local”. Nosotros creemos que el balance del acuerdo de los 426 euros demuestra que hay que elegir entre diálogo social y recuperación de derechos.

Los trabajadores y trabajadoras, y en especial los activistas sindicales, esperan una reorientación de la política de sus organizaciones, de sus sindicatos. Se miran en la resolución del congreso de UGT que exige la derogación de las contrarreformas y ven como en Francia los sindicatos de clase exigen con la movilización unida la retirada de la reforma que liquida el Código del Trabajo, una actuación que cuenta con el apoyo del 80% de la sociedad y del conjunto de la juventud, que se suma a la movilización. Hay que luchar porque algo parecido sea posible en el Estado Español.