Carta Semanal 1004 en catalán
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«La batalla por la amnistía»
Esta semana sale a la venta «La Batalla por la amnistía», un verdadero manual para todo militante y activista que en defensa de los derechos democráticos de los pueblos y de los ciudadanos considera que la amnistía es una batalla que ganar. Como si de una fotografía se tratase, realizada el 31 de mayo de 2024, expone el funcionamiento y composición de los Juzgados y la Fiscalía relevantes en cuanto a la aplicación de la ley de Amnistía. En él encontraréis recopilada de forma íntegra, en la mayoría de los casos, la ofensiva de los jueces y sus asociaciones, así como de los fiscales, frente a lo que consideran el mayor agravio a la democracia de nuestro país. Jueces y fiscales, junto con otros altos cuerpos de funcionarios (inspectores de trabajo, inspectores de Hacienda…), y los medios de comunicación generalistas entraron en la arena política tratando de deslegitimar la victoria electoral del pasado 23 de julio de 2023, cuando todos daban por vencedores a la derecha. También encontraréis la actividad realizada por el POSI, el CATP e Información Obrera a través no solo de los actos en defensa de la amnistía sino de los artículos y documentos publicados durante este último periodo. También expone la situación judicial de todos los encausados, indultados o no, así como la actividad de la Comisión de Ugetistas por la libertad de Dolors Bassa, y una breve cronología de los acontecimientos del denominado Procés de Catalunya.
Su precio es de 15 € y para adquirirlo puedes dirigirte a
POSI – c/ Desengaño nº 12, 1º.3 A, Madrid 28004 o bien llamando al 611 162 654
En Barcelona puedes dirigirte a catalibros.com o bien llamando al 663 09 56 80
La Ley de la Amnistía y su recorrido
El pasado 25 de junio se anunciaba el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y para nombrar la vacante existente por enfermedad, en el Tribunal Constitucional. Precisamente para ese cargo en el Tribunal Constitucional, donde recaerá la decisión del carácter constitucional o no de la ley Orgánica de amnistía, ha sido elegido José María Macías Castaño, hasta ahora vocal del CGPJ, nacido en Barcelona, que ya se declaró contrario a la precitada ley al afirmar en una entrevista que la amnistía supone «Degradar la función judicial y con ello el Estado de derecho».
Se da en el imaginario colectivo que, al haber sido pactado, se garantiza la presencia en el CGPJ de una presencia por igual de miembros conservadores y miembros progresistas. Nada más lejos de la realidad.
Una vez más nos pretenden presentar, tanto el PSOE como el PP, a los jueces como personas imparciales. La pregunta es fácil, si todos los jueces son imparciales para cumplir y hacer cumplir la ley, ¿por qué 5 años para la renovación del Consejo General del Poder Judicial?
Obviamente, no solo no son imparciales, sino que, interpretan la ley según su ideología, o bien la interpretan como son mandatados que la interpreten por un mandato externo a los que les son serviles. Y la mayoría de los denominados progresistas se obstinan en aparentar su imparcialidad, escasos, muy escasos, son los juristas o magistrados que llegado a esa situación mantienen su criterio. Para ello bastaría leer el comunicado de la asociación de jueces y juezas por la democracia, ante la ley por la amnistía.
No es posible ni la renovación judicial ni la renovación democrática anunciada sin un cambio de régimen, cambio de régimen cuyo primer paso no puede ser otro que acabar con el régimen monárquico, y la restauración de la Republica.
La amnistía, de hecho, se enfrenta, si realmente se aplica a todo el entramado institucional, preservado después de la muerte de Franco. En este sentido, el hecho de que haya sido Pedro Sánchez el que la ha propuesto hace de él el enemigo a batir.
Los primeros amnistiados
Desde su entrada en vigor el pasado 10 de junio, el automatismo pretendido de la ley solo había beneficiado a 98 personas de las 489 personas susceptibles de ser afectadas, según fuentes de la propia Fiscalía. Todos ellos por tribunales con sede en Catalunya. Entre ellos encontramos miembros de los CDR, regidores y alcaldes y 46 policías nacionales, 4 Mossos d’Esquadra… y participantes en las manifestaciones convocadas. Cabe destacar la amnistía concedida al exconseller de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, investigado por un delito de malversación. La jueza entendió que los gastos que investigaba relativos al 2012 no supusieron un enriquecimiento personal, ya que de haber sido así nos encontraríamos ante un delito no amnistiable. En concreto, en su auto establece: «no motivaron enriquecimiento o beneficio personal, sino que se destinaron a sufragar viajes y actividades de terceros, vinculadas a la promoción de la independencia de Cataluña» y que, por lo tanto, son actos amnistiables.
Una vez ha sido imposible evitar la Ley, su único objeto de evitar o retrasarla al máximo, la amnistía en particular de Puigdemont, como exponente máximo, más que de la declaración de independencia de 44 segundos, el haberle facilitado con los votos de su grupo parlamentario “Junts” la investidura de Pedro Sánchez, los jueces se han puesto a trabajar en ello, en dos sentidos.
La primera opción consiste en imputarle delitos no cubiertos bajo el manto de la amnistía, y en segundo lugar retrasando al máximo su aplicación en un primer momento al Tribunal Constitucional y en un segundo momento al propio TJUE.
Todo ello acompañado de una campaña judicial y mediática de lawfare para derribar a Pedro Sánchez.
Está claro, que este entramado institucional, es contrario a todos los derechos democráticos, particularmente al de los pueblos y a los que, aunque de forma limitada los defiende. Es por ello por lo que no pueden aceptar la línea escogida por Pedro Sánchez, lo cual no significa, en absoluto, que su política sea la que necesitan los trabajadores y los pueblos.
«El que pueda hacer que haga»
Aplicar la Ley orgánica de la Amnistía supone una derrota, a los militares, al poder Judicial, a los cuerpos policiales, al PP y en particular al rey, es decir al régimen. No olvidemos que todos ellos, tras el discurso de Borbón el 3 de octubre de 2017, se lanzaron a la represión contra los republicanos catalanes. Y ante la imposibilidad de haber evitado su aprobación, tratan de centrarse en la única fotografía que ya no se pueden permitir, Puigdemont en Catalunya. Si bien la amnistía afecta también a los indultados sobre todo a sus inhabilitaciones, eso ya lo pueden dar por amortizado. Ahora se deben concentrar en Puigdemont y sobre todo en el díscolo Pedro Sánchez, después de su acuerdo con ERC
Recordemos algunos hitos de la cuestión:
El caso Voloh, la trama rusa y el juez Joaquín Aguirre. Juzgado de instrucción nº 1 de Barcelona.
El 28 de octubre de 2020 se inicia la investigación del desvío de fondos públicos para la organización de altercados durante el «Procés de Catalunya». En aquel momento se realizaron veintiuna detenciones, fueron puestos en libertad a los dos días siguientes. Algunos con medidas cautelares. El juez ha imputado a Carles Puigdemont y a doce personas más. Les imputa por delitos no amnistiables. Malversación de caudales propios (con enriquecimiento personal) y traición por los contactos con el Kremlin en vísperas de la DUI. En su auto manifiesta que elevará la causa al TS (por su condición de aforado) en el caso de Carles Puigdemont.
Si bien la Audiencia Provincial de Barcelona, ya le ordenó el archivo de la causa porque la prórroga nos estaba justificada, éste, un mes después de ser notificado de la orden, abrió una nueva pieza separada del caso Voloh, esta vez incorporando a la causa al expresidente Artur Mas.
El caso tsunami y el juez García-Castellón.
Por un error, que no por aplicación de la amnistía, han sido archivadas las causas. El error cometido, en su lujuria condenatoria, el juez García Castellón pidió fuera de plazo – tan solo por 24 horas- la prórroga y ampliación de la instrucción. Tras conocer el auto de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional que invalida todas las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años, el magistrado optó por el archivo de la causa.
La malversación y el juez instructor Pablo Llerena.
Dispuesto a no aplicar la ley de amnistía a Puigdemont, el juez instructor de la macro causa del “Procés de Catalunya” en una acrobacia judicial mantiene la orden de detención de Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Mantiene la orden de detención por dos delitos no amnistiables, el de malversación con propósito de obtener beneficio personal de carácter patrimonial y el de malversación que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea.
Contra esta orden se ha querellado Carles Puigdemont, presentando una querella con el juez Aguirre por los delitos de prevaricación y malversación. Solicita al TSJC que investigue al juez por la apertura de una pieza separada sobre la trama rusa del Procés por «arbitraria, estrafalaria e injusta».
El tribunal de cuentas
Si bien se ha solicitado la absolución y el cumplimiento de la amnistía, se está a la espera de la sentencia. Al mismo tiempo, el tribunal se ha dirigido al TJUE como cuestión prejudicial que se pronuncie al respecto.
El Supremo recurre al Constitucional
El 24 de julio, la sala de lo penal del TS decidió llevar la Ley de Amnistía al TC, en un auto en que, además, califica al procés de “golpe de Estado” (lo que no hizo en su propia sentencia sobre el mismo)
Dentro de su estrategia, el tribunal Supremo derivó al TC, el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía y sin duda dará instrucciones a todos los juzgados que deban resolver que se dirijan al tribunal de la Unión Europea, diga lo que diga el Tribunal Constitucional.
Si no pueden impedirlo, deben retrasarlo el máximo tiempo posible, mientras someten a Pedro Sánchez a un acoso y derribo. Es así como el PP, trata de retomar el control de todas las fuerzas franquistas.