(Publicado en la Carta Semanal 611)

La semana pasada se ha reunido la “Conferencia de Presidentes Autonómicos”, que reúne al Presidente del Gobierno y a los de las 17 Comunidades Autónomas, aunque en esta reunión, como manifestación de la crisis de la Monarquía establecida en 1978 como “Estado de las Autonomías”, se han negado a participar los presidentes del la Generalitat de Cataluña y del País Vasco.

En esta conferencia se ha llegado a varios acuerdos, entre los que habría que destacar el apoyo al “pacto por la Educación” y, sobre todo, un nuevo acuerdo para iniciar la reforma del sistema de financiación autonómica.

La financiación, reforma tras reforma, en aplicación de los recortes

El sistema de financiación autonómica, puesto a discusión en la «Cumbre de presidentes» el martes 17 de enero, expresa en primer lugar el desbarajuste -y la inoperancia- del llamado «Estado de las autonomías».

Hay que recordar que ese sistema de financiación ya ha sido reformado varias veces. Ahora pretenden que sea una negociación global, que se basará en el trabajo de una “Comisión de Expertos”, propuestos por el Estado, las Comunidades Autónomas y las ciudades con Estatuto de Autonomía. En realidad, se trata de reformar la financiación de todas las administraciones, puesto que esa comisión “abordará, de forma paralela, la reforma del sistema de financiación de las Entidades Locales”.

Pero, para ir a la cuestión -o cuestiones- de fondo, ¿qué es lo que hace necesaria esa nueva reforma de la financiación? La causa no es otra que la situación de grave penuria del conjunto de comunidades autónomas, como resultado de cinco años de recortes, que todos los gobiernos autonómicos, ya sean de “derechas”, de “izquierdas” o “nacionalistas” han aplicado obedientemente, enfrentándose a los trabajadores y a la población.

La estructura del Estado establecida en 1978, manteniendo lo esencial del aparato franquista, no ha hecho sino aumentar las diferencias y la discriminación entre las diferentes regiones, a todos los niveles: educación, sanidad, peso de la industria, salarios, e incluso diferencias demográficas. Y esto tiende a aumentar por la diferente fiscalidad en cada comunidad, destacando en particular el caso de Madrid, con una estructura de recaudación más favorable a las multinacionales y las grandes fortunas.

Así, según datos de los presupuestos del año 2015, el gasto total por habitante oscilaba entre los 3.029€ de Andalucía y los 4.925€ del País Vasco o los 6.020€ correspondientes a Navarra, ¡unas diferencias del 60 o incluso del 100%, nada menos!

Como quiera que las dos terceras partes del presupuesto de las autonomías corresponden a servicios esenciales como la Sanidad, la Enseñanza o los Servicios Sociales, esas diferencias se manifiestan en unas importantes diferencias de presupuesto por habitante. Así el gasto en Sanidad por habitante es 1.000 euros al año en Andalucía y 1.600 en Euskadi (un 60% más), cuando los medicamentos, las gasas y los aparatos médicos apenas tiene diferencias de coste.

En el caso de la Educación, la Comunidad de Madrid gasta 550€ por habitante y año, mientras que el País Vasco gasta más del doble, 1200€. En el caso de los Servicios Sociales, las Baleares dedican 94€ por habitante y año, mientras que las Canarias gastan 370€. Parte de estas diferencias se deben a que cada autonomía dedica un porcentaje de presupuesto distinto a estas cuestiones, pero la diferencia esencial está en la financiación por habitante.

Los recortes aplicados desde 2010 no han hecho sino agravar las cosas. Los presupuestos globales de las autonomías se han reducido un 11% y la reducción media en Sanidad ha sido del 12%.

En cuanto al pago de los intereses de la deuda, se chupa un 8% del presupuesto de Euskadi y hasta un 27% del de Cataluña.

O sea que el “estado de las autonomías” rompe con la supuesta “unidad de los españoles», que tanto se encargan de defender en público tanto el PP como Susana Díaz y sus seguidores dentro del PSOE. Además, deja vía abierta a los trust y a las multinacionales que discuten directamente y acuerdan «facilidades» con las diferentes regiones para implantarse. Algo que sin duda se va a agravar con la «reorientación” de Trump, que no supone otra cosa que todo para los grandes grupos pasando por encima de las normas nacionales e incluso de las directivas europeas.

¿Un “balance positivo”?

Como era de esperar, la prensa del régimen, como hace de manera destacada El País, insiste sobre el carácter positivo de la Conferencia, poniendo énfasis en el hecho de que Rajoy esté obligado a negociar, el “clima positivo” de la reunión y otras alabanzas.

Pero las cosas no son de color de rosa. El problema es, como ha dicho Neus Munte (portavoz del Gobierno de Cataluña), que se trata de «acuerdos inconcretos y que llegan tarde».

Porque, por encima de las sonrisas y las buenas intenciones, ¿a qué acuerdos reales se ha llegado? por el momento, declaraciones vacías, el nombramiento de una comisión, y algunos hechos, por ejemplo, la reducción de la capacidad de las autonomías para endeudarse del 0,7 al 0,6 por ciento. Un nuevo recorte que curiosamente ha sido proclamado por Susana Díaz y la Gestora del PSOE como una victoria porque Rajoy proponía reducir al 0,5 por ciento.

¡Toda una victoria! sobre todo a la luz de la situación de la Sanidad, en especial en la misma Andalucía, donde decenas de miles de ciudadanos salen a la calle en las principales ciudades en protesta por los recortes y el cierre de servicios sanitarios (amparado en las fusiones de hospitales) y de la enseñanza.

La cuestión catalana y la cuestión vasca

No es por casualidad que tanto el gobierno vasco como la Generalitat catalana estuvieran ausentes. Aparentemente, cada uno ha faltado alegando razones diferentes, pero el fondo es otro. Cataluña y Euskadi son naciones y, compartiendo los ataques que sufren todos los pueblos bajo la Monarquía, viven también otra situación que marca todo. Son naciones que se sienten burladas porque se les prometió un autogobierno a través de los estatutos y tienen que seguir sufriendo la opresión del aparato franquista y el saqueo de Bruselas en un régimen monárquico en el que no hay siquiera ninguna autonomía política.

Es una constatación más del carácter fallido del «café para todos», según la expresión que inventó Adolfo Suárez, y que se aplicó y desarrolló entre 1978 y 1990 a partir del titulo VIII de la Constitución para crear 17 autonomías para diluir las reivindicaciones de los pueblos catalán y vasco.

Detrás de ello, se evidencia el carácter centralista, antidemocrático y antisocial de la Monarquía heredada del franquismo y perpetuada -junto con su aparato judicial, policial, militar y económico- por el “consenso” de 1978. Todo ello para mejor servicio del Capital Financiero.

Una explosión social en potencia

Esta situación es el reflejo del impasse político de un gobierno en minoría, tanto en las Cortes como, sobre todo, en la sociedad, que sólo se atreve a dar un paso si cuenta con el acuerdo de la gestora del PSOE, y que, en la práctica, vive suspendido a expensas de cualquier vendaval de crisis que puede venir del exterior -en este año las elecciones de Alemania y Francia abren una nueva incógnita del tipo del Brexit en Gran Bretaña.

Y por otro lado, se dan movilizaciones como las de Andalucía, que los aparatos sindicales se han demostrado incapaces de controlar. Así, en Granada, donde las direcciones sindicales han firmado un acuerdo con la Junta, las movilizaciones continúan con la misma fuerza, mientras que en otras provincias sectores del sindicato participan pese al pronunciamiento contra las movilizaciones de los más altos dirigentes. Movilizaciones que anuncian el resurgimiento de la resistencia de las masas que puede desembocar en una explosión social, lo cual hace decir a algunos dirigentes, como el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que no se puede descartar una Huelga General.