(Publicado en la Carta Semanal 592)

Unas horas antes de que cientos de miles de personas asistieran a las cinco manifestaciones de la Diada de Cataluña, Enric Juliana publicaba un largo artículo en La Vanguardia, en el que, bajo el título “Cataluña es el factor que impide desbloquear la política española”, defendía que la imposición del Comité Federal de PSOE a Pedro Sánchez de no negociar ni pactar con quienes defienden el derecho a decidir, que le impide formar una mayoría de gobierno, es el factor decisivo del bloqueo político.

Sin compartir muchas de las afirmaciones de ese artículo, hay que reconocer que el abandono por parte de las fuerzas principales que representan a la clase trabajadora de la defensa de los derechos de los pueblos es una de las causas más importantes de que se mantenga un gobierno del PP. Y, a su vez, ese abandono es la explicación del acusado declive electoral del Partido Socialista en Cataluña y el País Vasco, donde otras fuerzas de la izquierda que defienden el derecho a decidir, superan ampliamente al PSOE en votos o en intenciones de voto, según todas las encuestas.

Negarse a defender el derecho de autodeterminación de las nacionalidades que forman parte del Estado Español es ir contra la experiencia política. Como lo es pretender que es posible la victoria de los pueblos contra el régimen monárquico sin la complicidad y el apoyo de la lucha de la clase trabajadora de todo el Estado, sin la alianza con los trabajadores de todo el Estado, que son una única clase con conquistas y reivindicaciones comunes

Las lecciones de la historia

La historia demuestra que sólo se ha podido enfrentar con éxito a la reacción cuando se han unido la defensa de los derechos sociales y la de los derechos de los pueblos.

Así fue el 14 de abril de 1931, cuando la proclamación de la República Española en Eibar y en Madrid se vio acompañada por la proclamación de la República Catalana -como parte de la Confederación Ibérica- por Francesc Maciá desde el balcón de la Generalitat. En 1934, la revolución obrera de Asturias se vio acompañada por la proclamación del Estat Català de la República Federal Española por parte de Lluis Companys. En 1936, la lucha contra el golpe militar se acompaña de una amplia libertad de acción para el Gobierno de Cataluña.

Del mismo modo, en la lucha contra el franquismo, la defensa de los derechos de los pueblos fue parte fundamental del combate común de los trabajadores y las naciones oprimidas contra la dictadura. Miles de trabajadores y jóvenes llenaban en Madrid, Valladolid o Sevilla los conciertos en catalán de Raimon o Luis Llach, y hacían de Al Vent o L’Estaca sus canciones de combate contra el régimen franquista.

La traición de los dirigentes del PCE y el PSOE, que en los Pactos de la Moncloa acordaron con los franquistas la continuidad de las principales instituciones del régimen, bajo la tutela de la Corona, encarnada en el heredero designado por Franco, significó el fin de esta complicidad entre las organizaciones del movimiento obrero y las reivindicaciones de los pueblos. Bajo la cobertura del “antiterrorismo”, en el caso vasco, y, en general, del “Estado de las Autonomías” se organizó el enfrentamiento entre pueblos, que acompañó a la destrucción de la industria pesada vasca y del conjunto del tejido industrial catalán. Del mismo modo que el triunfo de la reacción “republicana” tras las Jornadas de Mayo de 1937 supuso el fin de todo autogobierno para Cataluña.

¿Derechos nacionales sin derechos sociales?

Hay que constatar un hecho: Aunque son una amplia mayoría los partidarios del derecho a decidir, sólo el 48% de los votantes de Cataluña apoyaron a candidaturas partidarias de la “desconexión” unilateral de Cataluña. Y el porcentaje de partidarios de esta propuesta no ha crecido desde entonces. En particular, la clase trabajadora en su conjunto no acaba de sentirse entusiasmada con esta propuesta. Muchos sienten que la defensa de sus intereses específicos está siendo dejada de lado ante la priorización de la defensa de la independencia de Cataluña.

El gobierno de la Generalitat, que se llena la boca de proclamas de soberanía, es el más fiel ejecutor de los recortes dictados por el capital financiero y sus instituciones internacionales, como el FMI y la Unión Europea, y aplicados por Rajoy. De hecho, está en la vanguardia de esos recortes. Esquerra Republicana, desde el gobierno -Oriol Junqueras es, no lo olvidemos, Conseller de Economía- aplica puntualmente esos recortes. Y la CUP, que se declara “anticapitalista” y dice defender la ruptura con la Unión Europea, se dispone a aprobar los presupuestos de Cataluña, que mantiene todos los recortes, en nombre de la “independencia”.

El miércoles 7 de septiembre, en la inauguración del año académico, el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, era recibido en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona con una masiva protesta de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, convocados por sus sindicatos. Y es que según fuentes sindicales, en Cataluña faltan 7.000 docentes. Según dispone la Ley de Enseñanza de Cataluña, el 6% del PIB debería destinarse a la enseñanza, pero la realidad es que sólo llega el 2,06%. ¡Qué perspectiva de futuro ofrecen a los catalanes y catalanas si ni siquiera cumplen las leyes aprobadas por el Parlament de Cataluña! Y en especial, para el pueblo trabajador: los sindicatos denuncian también que la política de recortes de la Generalitat se concentra en la enseñanza pública, mientras se favorece a las concertadas. El 20 septiembre se anuncia una nueva movilización de la enseñanza en la Plaza de Sant Jaume.

Con razón, muchos trabajadores y trabajadoras se preguntan qué clase de soberanía es esa que se les ofrece si no puede defender, rebelándose contra los dictados de Rajoy y de Bruselas, su derecho a la salud, materializado en la sanidad pública, o a la educación de sus hijos.

No podemos sino compartir las palabras del secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, en el acto celebrado el 9 de septiembre en Sant Boi de Llobregat, cuando expresó la unidad del combate entre las reivindicaciones sociales y nacionales. Algo de lo que deberían tomar nota los dirigentes de las principales organizaciones que representan a los trabajadores y los pueblos, para ponerlo en práctica.