(Publicado en la Carta Semanal 654)
Al anunciar su apoyo a la aplicación del articulo 155 contra Cataluña, Pedro Sánchez anunció que había arrancado al PP su apoyo a una reforma de la Constitución. Una vez aplicado el artículo 155 de la Constitución con el apoyo de los dirigentes del PSOE, el PP ya puede hacer públicas sus intenciones. “No venimos con la idea de cambiar la Constitución para contentar a una minoría. No pensamos que en España haya un problema de autogobierno” decía un portavoz del PP. Pedro Sánchez, que pretendía justificar su sometimiento al Gobierno en la represión en Cataluña por el pacto alcanzado el 11 de octubre con Rajoy, ha dado su apoyo al Gobierno por nada.
El PP afirma que Rajoy no ha roto ninguna promesa, que sólo se comprometió a poner en marcha la comisión propuesta por el PSOE para el estudio del modelo autonómico. Un compromiso que, según Pedro Sánchez, vendría a dar cumplimiento a la reforma federal de la Monarquía de las autonomías que los secretarios generales del PSOE vienen pidiendo desde el año 2000.
Un mes después del acuerdo entre Sánchez y Rajoy se ha constituido la Comisión parlamentaria para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, también llamada comisión territorial. La comisión cuenta con 27 miembros de 7 partidos: PP, PSOE, Cs, UPN, CC, NC y Compromís. La mayor parte de los partidos contrarios a la aplicación del 155 han rechazado participar en la comisión: PDeCAT, ERC, PNV y Unidos Podemos, lo que supone la ruptura del consenso constitucional de 1978. El diputado del PSOE José Enrique Serrano, quien fuera jefe de gabinete de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero, con buenas relaciones con la Moncloa, todo un “hombre de Estado”, presidirá la comisión por acuerdo del PP; tendrá a la dirigente del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho como vicepresidenta primera y la mayoría de la mesa será del PP.
Según la hoja de ruta del PSOE, la comisión consultará a expertos durante 6 meses para pasar a realizar propuestas que abran la puerta a una nueva comisión que abra el debate para una reforma constitucional en clave federal. Si nos atenemos a la composición y objetivos de la comisión, nos creemos legitimados para llegar a dos conclusiones: En primer lugar, el pacto de Pedro Sánchez con Mariano Rajoy para constituir esta comisión ha sido la cobertura de la claudicación de la dirección del PSOE ante el PP para que el Gobierno pudiera aplicar el artículo 155. En segundo lugar, con esos mimbres no cabe ninguna reforma constitucional positiva, lo deja claro el PP. Esta comisión no surge con la fuerza necesaria para imponer la aceptación de sus conclusiones. El hecho mismo de que cualquier reforma necesita de mayorías suficientes, que le dan al PP capacidad de veto, genera todo tipo de desconfianzas en la operación.
O sea que después de años de pretender que se puede hacer una reforma constitucional positiva en este entramado institucional y legal… los montes parieron un ratón. Lo que confirma que la Constitución no es reformable, en sentido positivo. Pero sí lo es a peor, como pudimos comprobar con la reforma del artículo 135, realizada en agosto de 2011 por acuerdo entre Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy a instancias del Banco Central Europeo, que impone el pago de la deuda a la financiación de los servicios públicos y a cualquier otra necesidad social.
Esta pirueta será un elemento más que puede alimentar la crisis política e institucional que trata de cerrar.
Las propuestas del PSOE
Pero quizás la dirección del PSOE tiene alguna propuesta progresiva que hacer para reformar la Constitución. En el documento Propuesta socialista de reforma constitucional, expone los motivos que le llevan a plantear su reforma:
“Nos sentimos orgullosos de nuestra Constitución, de nuestra participación en su elaboración y defensa (…). Sin embargo, la crisis económica que azota a España con dureza desde 2008, y las respuestas dadas por los poderes públicos a la misma, han minado la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en el orden político surgido de la Constitución en tal medida que aquella crisis se ha extendido hasta incorporar manifestaciones claras de una crisis también social, política, territorial e institucional (…).
Esta nueva realidad no ha tenido reflejo, hasta ahora, en reformas parciales de la Constitución (…). Nuestro Estado ahora necesita remodelarse para un nuevo largo periodo de convivencia con el objetivo fundamental de garantizar el progreso, la paz social, la estabilidad política y la solidaridad territorial.”
Parece que los dirigentes del PSOE solo tratan de defender el Estado Autonómico, la Monarquía heredada de Franco, en un momento de crisis económica, política y social, en un momento en que la juventud, los trabajadores y los pueblos buscan una salida, una parte cada vez más importante de ellos contra el Régimen. Y no se puede olvidar la responsabilidad que tienen los gobiernos de Rodríguez Zapatero en la política dada como respuesta a la crisis, y que fue él quien reformó parcialmente la Constitución, imponiéndola a parte de los mismos diputados del PSOE, con la oposición de los sindicatos, para beneficiar a los bancos.
Sería prolijo enumerar cada una de las propuestas vacías de contenido y referencias generales que no implican nada y que, si pretendiesen beneficiar en algo a la mayoría social, supondrían el enfrentamiento abierto con la Iglesia y el capital financiero, como: “mejorar el reconocimiento del derecho al trabajo” –¿no exigiría eso derogar las reformas laborales, tanto la de Rajoy como la de Zapatero (es decir; las elaboradas por los partidos que protagonizan la Comisión)?–; “dotar de contenido el derecho a la vivienda”; “eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona” –para embellecer la institución monárquica– o “incluir en la Constitución a las CC AA por su nombre” –más café para todos-, medidas democráticas donde las haya, y “actualizar y consolidar el principio de laicidad”, sin mención a sacar la religión de la escuela ni a la ruptura del Concordato con la Santa Sede.
Sin embargo, el documento es explícito en acentuar la subordinación del Estado Autonómico a la Unión Europea, con lo que esto conlleva en cuanto a liquidación de derechos laborales y sociales:
“España necesita reafirmar en la Constitución su compromiso con el proceso de integración de la UE (…). Este compromiso debe plasmarse con la introducción de una cláusula europea que haga posible una mejor articulación jurídica y política con Europa (…).
Incluir una referencia expresa al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”.
Por ello proponen:
“Reformar el artículo 135 para incorporar las condiciones de salvaguarda de la “Estabilidad Social” del Estado (…) que, con criterios de sostenibilidad, aseguren en la distribución del gasto público un nivel adecuado y suficiente de financiación de los servicios y prestaciones sociales”.
Esto se dice en un país, España, en el que las familias aportan alrededor del 90% de la recaudación impositiva, y las empresas el 10% restante (las grandes empresas, menos del 2%). Por tanto, aportan el 90% de los impuestos quienes reciben menos del 50% de la renta nacional. Resulta evidente que hace falta un régimen fiscal democrático y progresivo, y acabar con la Monarquía que favorece la elusión y la evasión fiscal de las grandes empresas.
Lo que se propone es una mayor subordinación a las normas fiscales de la UE (techo de gasto, déficit, deuda, y rebaja de impuestos a los ricos), y sin derogar la reforma de 2011 del artículo 135 de la Constitución, todos podemos comprender lo que significa un “nivel adecuado y suficiente de financiación de los servicios y prestaciones sociales”: no tocar los privilegios del capital financiero, continuar recortando, en nombre de la “sostenibilidad” y del pago de los intereses de la deuda, los servicios públicos y las pensiones.
La financiación de la sanidad, de la educación y de la dependencia compete a las CC AA, lo que conduce no sólo al problema de la cantidad y de la distribución de los recursos entre territorios, proceso en marcha que requiere echar abajo el enorme aparato de Estado parasitario de la Monarquía, sino al reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos. Pero el documento cierra cualquier salida a una solución democrática en Cataluña, dice: “el Estado Autonómico fundado ineludiblemente en la unidad del (…) pueblo español, en el que reside la soberanía, se ha consolidado y ha sido positivo.” En fin, se trata de defender la Monarquía y toda la herencia franquista sin modificar nada esencial; en todo caso, los cambios sólo pueden ser a peor.
Haciéndose eco de las propuestas de reforma, algunas fuerzas, y algunos dirigentes sindicales, han propuesto añadir medidas sociales, ¡incluso apelando a la Cumbre Social de la Unión Europea!
La reforma imposible de la Constitución pone una vez más sobre la mesa la cuestión del régimen, o, para ser más exactos, de la incompatibilidad de la Monarquía continuadora del franquismo con los derechos nacionales y los derechos sociales. Es decir, la cuestión de la República. Pero la República no va a salir de ninguna “comisión parlamentaria de reforma”, ni de ningún “proceso constituyente” dentro del régimen. La traerá el movimiento de los trabajadores y los pueblos, combinando las reivindicaciones sociales obreras y las reivindicaciones democráticas, incluidas las nacionales, arrastrando en su combate a las organizaciones de la clase.