Comunicado del Comité Ejecutivo del POSI – Martes 17 de octubre a las 8 de la mañana
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La juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional –tribunal heredero del Tribunal de Orden Público franquista– ha decidido enviar a prisión, sin posibilidad de fianza, a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, responsables de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, acusados de haber organizado la manifestación que el 20 y 21 de septiembre, ante la Consejería de Economía de la Generalitat, que reaccionó cuando la Guardia Civil invadió la sede para detener a 14 altos cargos. Se les acusa nada menos que de “sedición”, delito penado con 15 años de prisión. No nos extraña. Son los mismos fiscales y tribunales que persiguen con saña a más de 300 sindicalistas por organizar piquetes de huelga.
Por un lado Rajoy y Sáenz de Santamaría responden a Puigdemont hablando de diálogo y respeto de la ley, y al mismo tiempo anuncian la aplicación del artículo 155. Por su lado, el aparato judicial franquista mete en la cárcel a dos dirigentes catalanes por organizar una manifestación. Parece un eco del discurso del Rey, que negó toda posibilidad de diálogo y llamó a todas las instituciones del Régimen a actuar contra los “separatistas”. Se pone, una vez más, al descubierto el verdadero carácter y esencia de la Monarquía heredera de Franco: aplastar los derechos democráticos y sociales.
Este martes 17 en Cataluña han sido convocadas concentraciones a las 12 de la mañana, y manifestaciones a las 7 de la tarde en todos los municipios. También se han convocado movilizaciones en todos los municipios del País Vasco por Gure Esku Dago y manifestaciones hoy o en los próximos días en Valencia, Madrid y otras ciudades.
CCOO de Cataluña, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, el PSC, el secretario de UGT de Cataluña se han apresurado a criticar esta decisión de la juez. Los trabajadores y la mayoría de la población necesitan que las organizaciones que a escala de Estado representan a la mayoría social llamen sin tardar a la movilización para detener la mano de la “justicia” franquista.
La prisión de Sánchez y Cuixart demuestra que esto va mucho más allá de una cuestión “catalana”. Las libertades que tanto trabajo costó conquistar están amenazadas. El derecho del pueblo catalán a decidir se corresponde con el combate de todos los pueblos y de la clase obrera contra este régimen monárquico y su gobierno, que atacan los derechos democráticos más elementales y las conquistas sociales. El movimiento obrero no puede permitir que venzan. No es una cuestión de solidaridad, sino de defensa de unas conquistas comunes que están amenazadas.