Carta Semanal 823 en catalán
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Gobierno central y autonómicos, dirigentes patronales y sindicales, comentaristas económicos…, todos coinciden en decir que la salvación de la grave crisis económica desencadenada por la pandemia depende los fondos europeos, de 140.000 millones de euros: 72.000 en transferencias directas (a financiar con deuda europea que pagarán entre todos los Estados) y 68.000 en préstamos.
Para recibir esas ayudas, el gobierno ha elaborado un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con 30 apartados que incluyen 170 reformas. De esos 30 apartados, el gobierno ha concretado ya 28, que ha remitido ya a la Comisión Europea para su análisis y ratificación. Pero le faltan dos apartados: la reforma laboral y la de las pensiones.
Y aunque tanto el gobierno como otras fuentes –entre ellas, los dirigentes de UGT y CCOO- niegan reiteradamente que existan condiciones políticas y económicas para esas ayudas, es un secreto a voces que eso no es cierto. Sin ir más lejos, el pasado 13 de febrero, Andrés Gil, corresponsal en Bruselas de Eldiario.es, escribía lo siguiente: “Reforma laboral y pensiones. Pensiones y reforma laboral. Es donde se centran las negociaciones entre el Gobierno y la Comisión Europea para deshacer un nudo de 140.000 millones de euros, los de los fondos de recuperación”.
Los fondos tienen tres ejes fundamentales: que haya reformas, que haya inversión en los ámbitos de la transición digital y ecológica y que todo esté alineado con las recomendaciones del Semestre Europeo, el mecanismo por el cual la Comisión Europea presiona para que la política de todos los gobiernos se someta a las necesidades del capital financiero. Y, dentro de esas recomendaciones, es recurrente la insistencia de Bruselas en una reforma del sistema público de pensiones, amparada, supuestamente, en la preocupación por la sostenibilidad de las pensiones.
¿Por qué no se han enviado aún a Bruselas las conclusiones definitivas del gobierno con respecto a reforma laboral y pensiones? Sencillamente porque un nuevo recorte de pensiones y mantener –o incluso profundizar- las reformas laborales abocaría al gobierno a un enfrentamiento abierto con el movimiento obrero para el que no tiene fuerza suficiente. De ahí la necesidad de llevar todo al diálogo social, para buscar un apoyo de los dirigentes de UGT y CCOO..
La reforma laboral
Las exigencias de Bruselas ponen en solfa lo establecido en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que decía lo siguiente: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos arrebatados por la reforma laboral de 2012″, y añadía que: “Derogaremos la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales”. La presión de Bruselas se evidencia en el documento Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico, elaborado por el Ministerio de Economía y la Oficina Económica de La Moncloa”, y que fue publicado por El País, en el que se abogaba “por la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales”.
En el momento actual, a juzgar por lo que dicen distintos medios de prensa, después de semanas de tira y afloja dentro del propio gobierno, éste se inclina por proponer una modificación por etapas de la reforma laboral, que permita conservar lo más posible de la misma. Para ello se apoyaría, dentro del diálogo social, en la Patronal, que defiende abiertamente que no se toque un pelo de la reforma.
La ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, ha viajado a finales de 2020 a Bruselas, donde se ha entrevistado con el comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni, y el de Empleo, Nicolas Schmit, y, según la Comisión Europea, las negociaciones van por buen camino.
“Estamos de acuerdo con las recomendaciones de Bruselas en relación con el mercado laboral”, decía Díaz tras verse con la Comisión Europea: “Nos señalan que España tiene un problema de precariedad, de temporalidad, de segmentación del mercado de trabajo, de dualidad. No podemos estar más de acuerdo en el Gobierno de España. Por eso, por fin, después de 36 años, nuestro país va a comprometerse en reformular y tomar medidas para corregir estos efectos. Llevamos desde el año 84 con múltiples planteamientos que han permitido que tengamos niveles de temporalidad insoportables. Esto es lo que dice la Comisión Europea y el Gobierno de España no puede estar más de acuerdo”. Lo que no dice la ministra es que todas las reformas laborales, menos la primera, que creó precisamente los contratos temporales, se han hecho en nombre de acabar con la excesiva temporalidad y la dualidad del mercado de trabajo. Tampoco manifestó un compromiso nítido de derogación, de acuerdo a lo que sí proponían en la campaña electoral.
“La negociación está ya muy avanzada“, decía Gentiloni este jueves, precisando que “nuestros servicios ya están trabajando con el Gobierno de España y ahora nos centramos en la reforma del mercado de trabajo y en las pensiones. Así que todavía no podemos dar una evaluación completa”. Lo que confirmaban fuentes de Economía esta semana: “Hay que ver estos últimos detalles, cerrar algunos flecos con la Comisión Europea”.
Economía explica que tanto la ficha de la reforma laboral como de las pensiones “son las últimas que se mandaron y son especialmente densas y es normal que siga habiendo una discusión. La recepción que yo he visto es positiva y constructiva. En esos estamos, en los últimos flecos, son temas relevantes”.
La cuestión de las pensiones
Bruselas insiste en la necesidad de meter tijera en el sistema público de pensiones, bajo la excusa de su preocupación por el sostenimiento del sistema. A esta exigencia, el Gobierno español ha respondido proponiendo aumentar los años del cálculo para la jubilación, aún sin concretar ningún número de años. Una cuestión que estaba presente en los borradores que manejaba el Pacto de Toledo hasta muy avanzadas las negociaciones, pero que no se incluyó en el texto definitivo que aprobó la comisión.
En textos previos, se emplazaba al Gobierno a analizar el impacto de la ampliación del periodo de los 15 a 25 años y añadía: “Dicha evaluación debe contemplar, también, la posibilidad de efectuar futuras ampliaciones del periodo de tiempo que se tiene en cuenta para el cálculo de la base reguladora, alcanzando incluso, en su caso, la totalidad de la vida laboral”.
Calviño, además, ha afirmado en Bruselas tras reunirse con los comisarios económicos: “El mensaje que desde el Gobierno hemos querido lanzar es el de la protección de la capacidad adquisitiva de las pensiones ahora y, sobre la base del diálogo social, seguir reforzando nuestro sistema y garantizar la sostenibilidad en el largo plazo”.
“La Comisión Europea lleva años haciendo recomendaciones a España sobre las pensiones”, ha afirmado Calviño, “y está analizando junto con nosotros las distintas cifras, las distintas previsiones, el impacto sobre el sistema de pensiones como sobre el presupuesto público y por tanto el impacto fiscal de las diferentes medidas”.
La propia Unión Europea es consciente de la necesidad de implicar a los sindicatos en todas estas reformas “También estamos insistiendo”, decía Dombrovskis, Vicepresidente de la Comisión Europea, “que cuando los Estados miembros preparen sus planes de recuperación, deben hacer consultas con los interlocutores sociales y con las partes interesadas: los planes se debaten internamente”.
Las empresas del Ibex35, a la caza de los fondos europeos
El Plan de Recuperación incluye medidas en muchos ámbitos. Medidas para el conjunto de la economía y de “modernización de sectores estratégicos específicos”, entre los que se incluye el comercio, el turismo, el sector agroalimentario, salud, automoción, aeronáutica o administraciones públicas. Se incluyen, citamos a la prensa “la estrategia verde, modernización de la política de vivienda, agrícola y pesquera, el uso eficiente del suelo y el agua, la Estrategia de movilidad sostenible y conectada, la reforma energética, la reforma del sistema de depuración y saneamiento de aguas, la gestión de residuos y economía circular, Justicia, digitalización de las administraciones y mejora de la calidad regulatoria y el clima de negocios, la política industrial ‘España 2030’, la modernización y refuerzo del sistema de salud, la reforma educativa, de Formación Profesional y universidades, así como la nueva economía de cuidados, la reforma de la política de inclusión y los servicios sociales y la reforma fiscal”.
A pesar de la enorme vaguedad de lo que se ha incluido en la versión que se ha hecho pública del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está claro que todo se va a basar en una nueva figura de la mal llamada colaboración público privada, que en realidad es poner los recursos públicos al servicio del capital, es decir, privatizar: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES).
Según el documento enviado a Bruselas por el gobierno, “La COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA constituye un cuarto principio director indispensable (…). El uso de instrumentos financieros, como por ejemplo los fondos públicoprivados de inversión (para I+D, startups, o digitalización…), puede ser útil para articular esta imprescindible colaboración con el sector privado”. Precisamente por eso, las empresas del IBEX35 ya están a la caza de los 140.000 millones de fondos europeos. Cinco Días explicaba el 15 de febrero que “El Ibex se lanza a por fondos de la UE con planes por más de 100.000 millones”. Y añadía que “ACS, Aena, Acciona, Ferrovial, Iberia o Seat, entre otras, han entrado a competir con fuerza con las eléctricas y con las hoteleras, aventajadas en esta carrera por transferencias por 70.000 millones que se esperan entre 2021 y 2023”.
La “colaboración público-privada” no se va a limitar, sin embargo, a la inyección de fondos públicos a los negocios privados para proyectos industriales. La misma filosofía se aplicaría a las inversiones en sanidad, educación, servicios públicos, economía verde…, que se verían sometidos a una nueva ola de privatizaciones.
Llevar a cabo este conjunto de contrarreformas que exigen el capital financiero y sus instituciones exige no solo que la política de “diálogo social” paralice la acción de los sindicatos -lo cual nadie puede garantizar cuando miles y miles de delegados y de secciones están dispuestos a defenderse-, sino que por un lado el Gobierno tenga los acuerdos políticos para llevar a cabo estas medidas y por otro la población esté resignada a ello. Pero las movilizaciones de estos días, en particular las de la juventud por la libertad de expresión muestran que no hay resignación, sino que crece la rabia y la indignación, como también lo demuestran los pensionistas que convocan el 1 de marzo una nueva jornada de movilización.