Carta Semanal 1039 en catalán
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Millones de ciudadanos y ciudadanas de Norteamérica comienzan a sufrir las consecuencias de las políticas de Trump, que suponen una declaración de guerra contra la clase trabajadora.
La imposición de aranceles a las importaciones de numerosos países va a suponer un aumento inmediato de los precios, incluyendo los (según Reuters, un 73 % de los americanos esperan una subida de los artículos de primera necesidad, mientras sólo el 4 % piensan que los precios van a bajar). Los pensionistas han visto cómo el hundimiento de las bolsas ha generado pérdidas de miles de millones en sus fondos de pensiones (es el caso de David Chaffin, de 64 ans, que cita el Seattle Times del 4 de abril: “este habitante de Ballard había previsto iniciar su jubilación en agosto. Hoy, ese plan está en duda. Desde el inicio de la semana, el valor de su cuenta de ahorro-jubilación ha perdido 40.000 dólares. Y teme que las pérdidas se agraven con la entrada en vigor de los aranceles”. Por más que las bolsas se hayan recuperado tras la “tregua” de 90 días en los aranceles, los bonos de deuda siguen con intereses muy altos (lo que demuestra que la desconfianza de los inversores persiste)
Los empleados federales se ven amenazados con el despido, han perdido el derecho a teletrabajar, y el propio derecho a su negociación colectiva está amenazado.
Pero, sin duda, el sector de la clase trabajadora más amenazado por las políticas de Trump son los inmigrantes. A las expulsiones arbitrarias –en alguna ocasión, directamente a cárceles de alta seguridad de El Salvador- ha añadido recientemente una nueva medida: la imposición de multas de hasta 998 $ diarios a los inmigrantes que permanezcan en los EEUU tras haber recibido una orden de expulsión (las multas pueden ser aplicadas hasta con 5 años de retroactividad, lo que llegaría a más de un millón de dólares).
Al mismo tiempo Trump afirma haber autorizado un presupuesto militar próximo al billón de dólares, lo que supondría un notable incremento respecto de los 850.000 millones actuales.
Estas medidas despiertan un creciente descontento, que la semana pasada se ha traducido en la convocatoria de manifestaciones en 1.400 ciudades.
La mayor movilización registrada desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Las protestas fueron convocadas bajo el lema «Manos fuera», y los manifestantes salieron a las calles en Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Washington, entre otras ciudades.
En esas movilizaciones, los asistentes expresaron su desacuerdo con el conjunto de la agenda de Trump, desde los aranceles y la reestructuración del gobierno, hasta la ampliación de la autoridad presidencial. También se celebraron concentraciones fuera del país, en lugares como Londres, París y Berlín.
las marchas, que responden a lo que los organizadores – una coalición nacional formada por organizaciones de derechos civiles, veteranos, grupos de mujeres, sindicatos y defensores de la comunidad LGBTQ- llaman una “toma del poder hostil” y un ataque a los derechos y las libertades de los estadounidenses, recorrieron las capitales de los Estados de este a oeste del país. Entre los organizadores de ¡Manos fuera! figuran grupos progresistas como Move On, Third Act y Reproductive Freedom for All, que afirman tener tres reivindicaciones: “El fin de la toma de control multimillonaria y la corrupción desenfrenada de la Administración de Trump; el fin del recorte de fondos federales para Medicaid, la Seguridad Social y otros programas de los que dependen las personas trabajadoras; y el fin de los ataques a inmigrantes, personas trans y otras comunidades”. “Ya sea que te movilices por los ataques a nuestra democracia, el recorte de empleos, la invasión de la privacidad o el asalto a nuestros servicios – este momento es para ti,” dicen las octavillas der convocatoria. “Estamos buscando construir un rechazo masivo, visible y nacional a esta crisis”.
Las concentraciones fueron convocadas en edificios federales, los Capitolios estatales, sedes de la Seguridad Social y parques y ayuntamientos. En Estados como Nueva York, donde la protesta oficial se celebró en su capital, Albany, hubo una réplica en la Gran Manzana, donde un tiempo lluvioso y gris no impidió una gran participación imposible de cuantificar: en EE UU no es costumbre dar cifras de asistencia.
Los asistentes portaban pancartas que no solo criticaban duramente a Trump, sino también los recortes aplicados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), que dirige el magnate sudafricano Elon Musk.
«No queremos reyes», «No al fascismo» y «Apoyo a los trabajadores federales» eran algunos de los mensajes que se leían en las pancartas.
Una manifestante dijo a la BBC que salió a protestar porque quiere que la gente «preste atención al hecho de que estamos perdiendo nuestros derechos democráticos».
«Estoy muy preocupada por los recortes que están haciendo en el gobierno federal», aseguró. «Tengo un hijo con discapacidad y quiero asegurarme de que tenga acceso a la seguridad social y a sus derechos educativos».
En algunas ciudades, como Boston, los manifestantes expresaron su rechazo a las redadas contra los migrantes, especialmente contra el arresto y los procesos de deportación de estudiantes universitarios.
La alumna de Derecho Katie Smith declaró a la BBC que salió a protestar por el caso de la estudiante turca Rumeysa Ozturk, quien fue detenida cerca de la Universidad Tufts, en el área de Boston, por agentes estadounidenses enmascarados, en una operación que fue grabada en video.
En la manifestación en el centro de la ciudad de Boston sonaban flautas y tambores de la época de la Guerra de Independencia, un recordatorio del papel crucial que jugó la ciudad en la Revolución estadounidense hace 250 años, reportó la corresponsal de la BBC, Robin Levinson King.
En la ciudad de Washington, las líneas de metro estuvieron abarrotadas por manifestantes que se dirigían al punto de concentración en el Monumento a Washington, donde se reunieron miles de manifestantes llegados desde todo el país. Los manifestantes en el National Mall coreaban “Hey ho, Trump’s gotta go” (Trump se tiene que marchar), mientras sostenían carteles en los que se leía “Protejamos nuestra Constitución” y “Manos fuera de nuestros derechos”.
Una oposición política “dormida”
La movilización de este sábado rompe una dinámica de pasividad mantenida por la dirección del Partido demócrata desde la elección de Trump. Una actitud que se ha manifestado en hechos como como la aprobación con apoyo de 10 demócratas de una propuesta republicana para prorrogar el presupuesto de la Administración, han puesto en evidencia sus grietas internas. Sólo la reciente gira por el país de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, bajo el lema “Combatir la oligarquía”, con gran asistencia de público (se calcula unas 85.000 personas en los 5 actos realizados), pareció galvanizar la hasta ahora silenciosa oposición al Gobierno de Trump y el milmillonario Musk. El senador y la popular congresista estarán en Los Ángeles el sábado 12 de abril, lo que ayudará a mantener la energía de la protesta a lo largo de la semana.
Participación sindical
A la convocatoria se han sumado de numerosas organizaciones, entre ellas la confederación AFL-CIO y sus principales sindicatos (citemos, en particular, AFT, de maestros, NEA, de la Educación, UAW, del automóvil), así como los DSA.
En la protesta de Washington, dos presidentes de sindicatos de empleados federales contra Trump y sus políticas dirigidas a los trabajadores federales.
“La administración Trump está destruyendo absolutamente los servicios públicos en este país. Así es. Afirman que están haciendo que el Gobierno sea más eficiente”, dijo el presidente de la Federación Nacional de Empleados Federales (NFFE), Randy Erwin. “Eso es una broma, gente. Es una broma cruel. Están haciendo exactamente lo contrario”.
La NFFE y la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE) forman parte de una coalición de sindicatos que presentaron esta semana una demanda ante la Corte de Distrito de EE.UU. en San Francisco contra la Orden ejecutiva de Trump que prohíbe la negociación colectiva para los empleados del gobierno cuyo trabajo “afecte a cuestiones de seguridad nacional”, con una interpretación amplia, que se aplica al personal de numerosas agencias federales, incluyendo los departamentos de Estado, Defensa, Justicia, Salud y Servicios Humanos. También afecta a los centros de control y prevención de enfermedades, la Comisión Federal de Comunicaciones, y los departamentos federales de Inmigración y Aduanas.
“Pensaron que éramos un blanco fácil. Pero déjenme decirles algo sobre los miembros de los sindicatos y los veteranos. No nos van a intimidar. Yo mismo soy un veterano. Soy veterano del Ejército. No nos silenciarán. No nos doblegaremos. Nos levantaremos y diremos ‘quiten las manos de nuestro sindicato’. Nos pondremos de pie y diremos ‘quiten las manos de nuestro contrato’”, dijo el presidente de AFGE, Everett Kelley. Por su parte, Erwin calificó la medida de la administración Trump como “el mayor asalto a la negociación colectiva que jamás hayamos visto en este país”.
Inquietud entre los propios republicanos
La cuestión de los aranceles está lejos de tener apoyo unánime entre los propios capitalistas norteamericanos. Apple, por ejemplo, fabrica sus iphone en China y sus directivos han declarado que es inviable hacerlo en los EEUU por el “alto coste” de su mano de obra, y por la escasez generalizada de trabajadores industriales cualificados. Elon Musk, a pesar de ser uno de los aliados más cercanos de Trump, ha llegado incluso a defender una zona de librecambio entre Europa y los Estados Unidos. El Wall Street Journal, en un editorial del 7 de abril, explica que estos aranceles pueden provocar una implosión del comercio internacional, o puede que sólo lo afecten de manera pasajera, según lo que Trump decida: represalias, o negociación.
La inquietud gana las propias filas republicanas, mientras que la campaña de las elecciones de medio mandato se anuncia difícil.
El pretexto esgrimido por Trump para defender sus aranceles, la reindustrialización de los Estados Unidos, se enfrenta al coste de la mano de obra en el país. La única manera de hacer retornar al país a las grandes firmas industriales es atacar los derechos de los trabajadores americanos, tanto los de quienes tienen la nacionalidad como, sobre todo, los de los que no la tienen.
Sin duda, la clase obrera de los EEUU será el factor determinante
A pesar de que muchos comentaristas –incluyendo a buena parte de los que provienen de los viejos partidos estalinistas- no la tienen en cuenta en sus análisis, en los EEUU existe una clase trabajadora, que tiene sus organizaciones (casi 15 millones de personas afiliadas a los sindicatos), y, que defiende sus conquistas sociales enfrentándose al capital y a sus gobiernos. Hoy se enfrenta a los ataques del gobierno Trump y trata de levantar su propia alternativa política.