(Publicado en la Carta Semanal 672)

Reproducimos, por su interés, extractos de un argumentario que publica la Plataforma de Sindicalistas por la Democracia y la Independencia Sindical

¿Es verdad que el envejecimiento de la población, el descenso del número de cotizantes y el aumento del número de pensionistas, auguran un futuro en el que las pensiones no podrán pagarse o deberá reducirse su cuantía?

No es verdad. Lo que desequilibra el sistema no es que la expectativa de vida de la población se haya ampliado, sino los bajos salarios (que repercute en las cotizaciones), el fraude en la contratación, o las numerosas exenciones y bonificaciones empresariales con cargo a la Seguridad Social.

Entonces, el sistema público de pensiones que tenemos en España ¿es sostenible?

Sin ningún género de dudas, sí. El sistema de pensiones de la Seguridad Social basado en el llamado sistema de reparto, financiado a través de cotizaciones sociales de trabajadores, ha demostrado incontestablemente que no solo es viable sino que es capaz de generar superávits. Así fue entre 1997 y 2004, en los que año tras año se generó un superávit gracias al cual se constituyó un Fondo de Reserva (la “hucha” de las pensiones) que llegó a acumular en 2011 un fondo de 66.815 millones. Fondo que debía servir para, eventualmente, hacer frente a cualquier contingencia negativa y que ha sido dilapidado por el Gobierno del PP.

¿Cómo se ha llegado a la situación actual?

El desequilibrio existente no es el resultado de ninguna fatalidad ni del envejecimiento de la población. Es consecuencia directa de la política del gobierno. La diferencia entre ingresos por cotizaciones y gasto en pensiones viene provocada por las reformas laborales, y por los recortes que se han hecho, que han llevado a una bajada generalizada de salarios. Junto con la escasa subida del Salario Mínimo, y la reducción del porcentaje de personas que cobran subsidio de desempleo (que cotiza a la Seguridad Social), han producido una bajada de cotizaciones. Además, el gobierno subvenciona a los empresarios con bonificaciones y exenciones de cotizaciones, con cargo a la caja de la Seguridad Social. Más de 3.000 millones cada año desde 2008. En 2016 fueron 3.735,79 millones, de los cuales más de la mitad son sencillamente reducciones a los empresarios que pagamos los trabajadores.

¿Por qué quieren acabar con el sistema de reparto?

Porque es el más sólido baluarte de nuestras pensiones y el único que garantiza la viabilidad del sistema público. El sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional e interterritorial y organizado en torno a la caja única, es la antítesis de los sistemas basados en la capitalización individual. Está en el punto de mira de todos aquellos que quieren cargárselo o desmembrarlo (desde el gobierno del PP y las organizaciones patronales, hasta las instituciones del capital financiero), porque es el principal obstáculo para abrir el camino a los fondos privados, y porque su propia existencia y la garantía que representa para las pensiones actuales y futuras, refuta otras supuestas alternativas.

Si no lo impedimos ¿qué futuro reservan a nuestras pensiones?

El propio gobierno lo puso por escrito en el documento que entregó a la Comisión Europea en el 2014: quieren reducir el gasto en pensiones en un 0,5 del PIB en el 2015. Lo que quiere decir que en los próximos años la tasa de reemplazo -es decir, el indicador que viene determinado por la diferencia entre el sueldo que percibe un trabajador en activo y la pensión que cobrará cuando se jubile- se situará en un 48,6%, cuando ahora es del 79%. Casi 30 puntos menos. En otras palabras, lo que van a provocar es que de un sueldo de 1000 euros, pongamos como ejemplo, quede una pensión de 400 euros. Este es el futuro que nos reservan: pensiones casi asistenciales en el sistema público, que habrá que complementar con otras posibilidades (fondos privados) quién las tenga.

¿Por qué decimos que el gobierno está saqueando la Seguridad Social?

En los últimos años el gobierno del PP lo ha dilapidado el Fondo de Reserva, y por si fuera poco, ha generado artificialmente una deuda a la Seguridad Social de más de 20.000 millones. ¿Cómo se ha generado esta deuda y por qué decimos que se ha hecho artificialmente? Por el incumplimiento continuo del gobierno que haciendo caso omiso de lo que le obliga la ley, ha sustituido las aportaciones que debería haber hecho para compensar la baja de ingresos por cotizaciones sociales, por “préstamos” a la Seguridad Social (el año pasado fueron 10.192 millones, y este año la previsión son unos 15.000 millones más), creando así una falsa deuda. Lo ha hecho de esta manera para cumplir con lo que dice Bruselas (los objetivos del déficit), trasladando lo que debería computar como déficit del Estado a déficit de la Seguridad Social. Y para saldar esta falsa deuda quieren utilizar un conjunto de más de 600 edificaciones, entre ellas algunos grandes hospitales, que se han financiado con cotizaciones sociales. A esto se le llama saqueo.

El establecimiento de impuestos para cubrir el déficit ¿es una alternativa?

No lo es. Si se hiciera así, se abriría la puerta a una vieja reivindicación de los empresarios: financiar las pensiones con impuestos para poder reducir las cotizaciones sociales (salario diferido de los trabajadores). El ejemplo lo tenemos en Francia: desde que se introdujo la Contribución Social Generalizada (impuesto específico creado para financiar las pensiones) las cotizaciones patronales no han dejado de bajar (y la CSG de subir). Las movilizaciones actuales de pensionistas en Francia son precisamente contra un nuevo aumento de la CSG. Además, dejar de financiar las pensiones con cotizaciones abriría la puerta a que el gobierno de turno (en función de sus necesidades, de su política, de las imposiciones de Bruselas, de la situación de la deuda…) manejara el valor de las pensiones en cada Presupuesto. Basta con recordar el reciente debate en Cortes del pasado día 14 de marzo y la utilización que hizo el gobierno.

¿Hay que sacar de las pensiones contributivas las de viudedad y orfandad?

Sería un error que acabaría por perjudicar gravemente a las viudas y huérfanos. Las pensiones de viudedad y orfandad son salario diferido como las de jubilación o invalidez. Su objetivo es garantizar a la familia del trabajador fallecido, que vivía del salario de éste, que van a seguir teniendo ingresos para sobrevivir. Pasar las pensiones de orfandad y viudedad a depender de impuestos supone abrir la vía a que se conviertan en meros subsidios asistenciales cuya cuantía dependerá del gobierno de turno y que pueden ser de 300 o 400 euros.

Reivindicar el Pacto de Toledo ¿es la solución?

Desde luego que no. ¿Alguien puede creerse que del seno de esta comisión –donde participan el PP y todas las derechas- puede salir alguna propuesta que beneficie a los pensionistas, actuales y futuros? La salida no está en el Pacto de Toledo. Eso es lo que piden a voces el PP porque ese pacto es una trampa para amarrar a las organizaciones de los trabajadores a un “consenso” con el PP y la derecha económica, del que solo puede salir el aval para nuevos recortes. Las direcciones sindicales de CCOO y de UGT deberían tomar buena nota y hacer balance de lo que ha significado la estrategia del “Diálogo Social” por lo que a las pensiones respecta, y de por qué el único beneficiado ha sido siempre el gobierno y las organizaciones patronales. En 2011, el gobierno persiguió –y obtuvo- un acuerdo con los sindicatos que significó un recorte de un 25% de las pensiones. En 2013, como el acuerdo con los sindicatos no fue posible, el gobierno la impuso por decreto.