(Publicado en la Carta Semanal 726 – ver en catalán)
En las próximas semanas diversas convocatorias electorales -generales, municipales y europeas- van a celebrarse. No descubrimos nada nuevo si decimos que cuando se pone en marcha una campaña electoral hay una enorme presión mediática para que los problemas reales de los trabajadores sean “aparcados”, cuando no directamente sustituidos, por la agenda política “oficial”. Esto es, por los temas y preocupaciones, que muchas veces poco o nada tienen que ver con lo que interesa a los trabajadores y los pueblos. Pero, aunque sea un terreno lleno de minas y con muchas truculencias, lo cierto es que en lo inmediato todas estas convocatorias van a acaparar la atención de muchísima gente. ¿Qué esperan los trabajadores de estas convocatorias?
El balance de un año
El 31 de mayo de 2018, una moción de censura presentada a iniciativa del PSOE conseguía reunir los apoyos necesarios para echar fuera al gobierno del PP. Al mismo tiempo, la mayoría que hizo posible que la moción tuviera éxito, investía a Pedro Sánchez como presidente del gobierno.
Sin lugar a dudas, en aquellos momentos, una ola de alivio recorrió buena parte de la ciudadanía, harta de un gobierno indigno y corrupto, responsable de la política de recortes y de haber hecho del enfrentamiento entre pueblos, una de sus principales banderas. Justo es decirlo, la constitución de un gobierno encabezado por Pedro Sánchez, también despertó una cierta ilusión y esperanza entre sectores de trabajadores, avaladas por el hecho de haber conseguido desbancar al PP del gobierno, y alimentadas por el discurso del secretario general del PSOE acerca de la necesidad de revertir las reformas realizadas por Rajoy y recuperar derechos.
Ha pasado casi un año y, durante todo este tiempo, algunos de los problemas más acuciantes que tiene el país han quedado sin resolver, de la misma manera que no se ha dado cumplimiento a algunas de las promesas realizadas. Las reformas laborales no han sido derogadas, como tampoco ha sido derogado la LOMCE, el decreto 3+2, o el artículo 315.3 del código penal, y las pensiones han sido revalorizadas pero sigue vigente la reforma de pensiones de Rajoy del 2013 como amenaza real, mientras se habla de defender el sistema público, tal como se ha puesto de manifiesto con la ruptura del Pacto de Toledo, se apoyan unas recomendaciones que conducen a un sistema público raquítico que permite un amplio campo para los fondos privados de pensiones, insertos, además, en los convenios colectivos. En cuanto a la cuestión catalana, aparte de paños calientes, el gobierno se ha alineado tras el Rey y se ha dejado llevar por el mismo aparato de Estado que ha forzado la judicialización de la política y presiona con todas sus fuerzas para que no se adopte ninguna medida que apunte a la solución del problema. Hay que decirlo con toda claridad: las expectativas que generó entre los trabajadores y los pueblos, entre los sindicatos, la formación del Gobierno de Pedro Sánchez, no se han cumplido, por más que alguna medida –como la subida del SMI- haya supuesto un avance importante. En lugar de avanzar en una línea de reconquista de derechos, de soluciones democráticas, el gobierno ha tomado el camino de plegarse a las presiones que recibe.
Sin ruptura no hay avance social, no hay solución democrática
Pero la experiencia de estos meses pasados remite, como en tantas otras ocasiones en los últimos años, a un hecho ampliamente contrastado: la imposibilidad de solucionar los problemas del país si se cede a las presiones o se siguen los dictados de instituciones que van contra los intereses de la mayoría social. Por ejemplo, más allá de los discursos, no se puede acometer de manera real y concreta la defensa de la sanidad y la enseñanza públicas, o el mantenimiento de los servicios básicos a la ciudadanía, si la regla del déficit y el techo de gasto público es el criterio a respetar. No se puede garantizar el sistema público de pensiones, basado en el sistema de reparto –que ha demostrado perfectamente su viabilidad-, si lo que se impone y -se acepta- es el objetivo de disminuir el gasto en pensiones, siguiendo las recomendaciones de las instituciones que representan al capital financiero. Y no hay solución posible a la cuestión catalana si lo que se acaba aceptando es la negación de una salida democrática –que los catalanes decidan-, bajo la amenaza permanente de aplicación del 155. No hay salida, en definitiva, si ésta tiene que venir de la mano del Rey o de los jueces, o sometiéndose a ellos.
El programa antisocial de las “derechas” no es ninguna broma
Lo que proponen Casado-Rivera-Abascal es una auténtica patada a lo que queda del llamado Estado del Bienestar. Cualquiera puede comprobarlo. Un programa de demolición de derechos que multiplicará la desigualdad y la injusticia social, convenientemente aderezado con proclamas reaccionarias y el añadido de una campaña de acoso y derribo contra cualquiera que se proponga una salida que no sea judicial a la cuestión catalana. Cuando se les calienta la boca verbalizan sus intenciones. A Casado se le escapó lo del Salario Mínimo Interprofesional (quiere rebajarlo a 850), igual que a su asesor económico, Lacalle, se le escapó decir que el problema no es cuánto se revalorizan las pensiones, sino cuánto se recortan. Por otro lado, no tiene desperdicio el programa fiscal que proponen: bajar el impuesto de sociedades por debajo del 20%, suprimir al 99% el de sucesiones y al 100% el de patrimonio, y recortar a fondo el impuesto de la renta (40% el tipo máximo). En resumen, y como decía un articulista recientemente, bajar los impuestos a los ricos y reducir los ingresos a los pobres, lo que en su opinión constituye “una provocación a quienes aún sufren las secuelas sociales de los recortes”. A todo esto, hay que añadir lo que proponen sobre la reforma laboral (quieren profundizar la del 2012) o en relación a los derechos políticos de la ciudadanía.
Es natural que ante semejante programa los trabajadores sientan verdadero temor.
Hay que cerrarles el paso
Sin ninguna duda. Aunque muchas veces se haya utilizado y se utilice el espantajo de las “derechas” para colar determinadas políticas, desde luego no somos indiferentes a lo que pueda suceder en las elecciones. Sí, hay que cerrarles el paso. No nos es indiferente quién gobierne en la Moncloa o quiénes lo puedan hacer desde los ayuntamientos. Compartimos la inquietud de muchísimos trabajadores que ven con estupor la posibilidad de que una coalición de franquistas vergonzantes y derechistas sin complejos llegue al gobierno. Tal posibilidad constituiría un duro golpe y un retroceso. Por ello que compartimos la preocupación de todos aquellos que temen una victoria de los que abogan por destruir derechos y libertades, de los que quieren implantar en Catalunya una especie de Estado de excepción permanente con cientos, tal vez miles, de detenidos. Entendemos perfectamente a quienes, para evitar esta eventualidad, votarán con más o menos ilusión al PSOE, a UP, a ERC, o en general, sobre todo en Catalunya, a aquellas opciones que defienden el derecho a decidir sin utilizarlo como un arma arrojadiza contra el resto de pueblos del Estado español, sino contra la Monarquía. También a quienes dudan si ir a votar o no, desencantados por tantas promesas incumplidas. A todos ellos les decimos: ningún voto a las “derechas”, ni un voto para la coalición de la plaza Colón.
Hay una campaña organizada que pide el voto a las “izquierdas”. Como hemos dicho, entendemos que ningún trabajador puede dar su voto a las derechas que quieren acabar con todo. Pero muchos son, también, conscientes de que una victoria de la “izquierda” puede no bastar. Portavoces autorizados del capital financiero como la revista The Economist piden que si “los suyos” no ganan, se forme un gobierno, apoyado por Ciudadanos, que garantice que no se toque ni una sola de las contrarreformas y que se apliquen otros nuevos recortes de derechos. Por eso, decimos que, independientemente de la opción que cada uno escoja, lo decisivo es organizarse para defender nuestros derechos y exigir a quienes se reclaman de los trabajadores que no cedan a ninguna presión, que defiendan las pensiones, la derogación de las reformas laborales, de la Ley Mordaza, etc. Los trabajadores esperan que los candidatos que se reclaman del socialismo y/o del derecho de los pueblos, se pronuncien en este sentido. Y que, si forman gobierno, lo hagan para dar salida a las reivindicaciones, y no para cerrarles el paso.
Y abrir el camino a la República
Sí, hay que cerrar el paso a las derechas. Pero no hay otra manera de hacerlo que ayudar a los trabajadores a defender las reivindicaciones encabezando la mayoría social que quiere revertir la situación provocada por años y años de recortes. Apoyándose en los trabajadores, en las asambleas de pensionistas, en los movimientos de huelga, en los que en los barrios reivindican la República (que muchos diputados de izquierda no osan ni mencionar), en la juventud. En definitiva, en la población trabajadora que aspira a vivir dignamente y quiere un futuro igualmente digno para sus hijos. No hay otro antídoto que este.
Cerrar el paso a las derechas quiere decir también ayudar a desencadenar la única fuerza que puede acabar con las instituciones heredadas del franquismo en las que anidan, y desde las que se impiden soluciones democráticas. Abrir el camino a la República, del pueblo y para el pueblo, unir fuerzas en torno a este combate es, más allá de lo que pueda salir el 28 de abril y en sucesivas convocatorias, el único camino.