Carta Semanal 908 en catalán
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El gobierno y los dirigentes de UGT y CCOO han llegado el lunes día 3 de octubre a un acuerdo, pendiente de desarrollar aún en algunos aspectos, sobre función pública. En cuanto a subidas salariales para 2022, 2023 y 2024, ambas partes dan el acuerdo por cerrado.
Inmediatamente después de anunciarse el acuerdo, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, hacía pública su «intención» de que ese acuerdo salarial sirva además como «guía» y «ejemplo» de «cómo se puede seguir avanzando», un «referente para conseguir ese acuerdo que necesitamos todos como es el pacto de rentas». Pacto de rentas en el sector privado que, además, puede prefigurar las subidas del SMI e, incluso, las de las pensiones.
La web del gobierno (https://www.lamoncloa.gob.es/) explica que “el Gobierno ha señalado desde hace meses que la situación económica generada tras la invasión de Ucrania conlleva la necesidad de llegar a acuerdos que persigan, desde la justicia social, paliar los efectos ocasionados por la inflación. El pacto alcanzado hoy en el sector público se enmarca en ese contexto y puede contribuir a lograr un pacto de rentas en el diálogo social”.
Nueva pérdida de poder adquisitivo
Para valorar la subida salarial pactada, hay que partir de la pérdida de poder adquisitivo que sufren los empleados y empleadas públicas. Sólo en los dos últimos años ha sido de un 12,1%: en 2021, el gobierno les subió, sin negociación alguna, un 0,9% y el IPC subió un 6,5%: perdieron un 5,6%. En enero de 2022, de nuevo sin negociación, les han subido un 2% y el IPC está ahora en un 9% -aunque ha estado en un 10%-, y se prevé un IPC final del 8,5% (según el Banco de España, aunque otras fuentes suben a un 8,8%). Por tanto, en 2022 perderían un 6,5% más.
La web del gobierno explica que “el incremento salarial fijo durante el período 2022-2024 es de un porcentaje fijo del 8%, que se puede incrementar hasta un máximo de un 9,5% en el citado periodo, en función de diversas variables contempladas en las cláusulas de revisión. En términos reales, la revalorización salarial podría alcanzar un 9,8%”
Frente a la pérdida acumulada en dos años de un 12,1%, la subida salarial fijada en el acuerdo sería de un 3,5% en 2022 (sumando al 2% que ya les han subido un 1’5 % adicional), del 2’5% en 2023, con una cláusula “de revisión” salarial del 0’5% si el incremento retributivo del 2022 y el 2023 hubiera quedado por debajo del IPC armonizado de esos dos años (esto es casi seguro), más un 0’5% adicional en el caso de alcanzar un determinado incremento del PIB nominal (esto es bastante posible). En el 2024 sería del 2%, añadiendo un 0,5% más si el incremento retributivo de los tres años fuese inferior al IPC acumulado.
Frente a una pérdida acumulada ya del 12,1% (según la previsión de IPC para diciembre), se acuerda una subida probable de entre un 9,2 y un 9,8% en tres años. La inflación prevista para 2023 oscila entre el 3,8 y el 4,1% y, si tomamos un 2% para 2024 (una previsión más que optimista), el balance salarial del acuerdo supondría -aplicando las previsiones más favorables- una pérdida final de un 8,1% entre 2021 y 2024 (12,1 + 3,8 +2 – 9,8)[1].
Un 8% de pérdida de poder adquisitivo que se suma a las pérdidas ya sufridas en los últimos años por los empleados y empleadas públicos. Recordemos que sólo los recortes impuestos por Zapatero en mayo de 2010 en las pagas extraordinarias, y que aún persisten, supusieron una rebaja salarial de un 5% de media (hasta un 7% en los funcionarios del grupo A1, los de mayor nivel salarial). Y que el acuerdo hecho público mantiene intactos los recortes del gobierno Zapatero.
Tampoco se ha implantado la jornada de 35 horas para todo el personal del sector público. El gobierno se ha negado a incluirlo en la norma básica (el EBEP), donde seguirá figurando la jornada máxima de 37,5 horas semanales. Lo único que ha admitido es retirar de la norma las restricciones que impedían negociar la reducción de jornada en algunas administraciones públicas.
Además, hay que señalar una cuestión: la subida salarial de 2024 dependerá de lo que se apruebe en los presupuestos del Estado para ese año. Teniendo en cuenta que la legislatura actual termina a comienzos de diciembre de 2023, es más que previsible que los PGE de 2024 sean presupuestos prorrogados o, incluso, que dependan de otro gobierno, que puede o no cumplir el acuerdo.
Los dirigentes de UGT y CCOO defensores del acuerdo alegan que las subidas salariales incluidas superan a los aumentos pactados en los convenios colectivos que se están firmando. Como si esas subidas no dependieran, en buena medida, de las mismas organizaciones que han decidido dejar que se negocie y se movilice de manera separada, empresa a empresa o sector a sector, a menudo en cada provincia, en lugar de organizar la movilización unida que pueda obligar a las patronales a ceder. En todo caso, había que concluir, si se les diera la razón, que es aceptable – e incluso un buen acuerdo- para la población trabajadora perder un 8% de su poder de compra en tres años.
El contenido real del “pacto de rentas” que defiende el gobierno de Pedro Sánchez y Susana Díaz queda al descubierto en las palabras de la ministra. Bajo esa expresión se oculta la pura y simple moderación salarial, mientras el gobierno puede seguirse negando a intervenir los beneficios empresariales (que son, según un estudio de CCOO, los principales responsables de la inflación) y los precios de los bienes de primera necesidad.
¿A quién sirve este acuerdo?
La firma de las direcciones de UGT y CCOO deja como oposición al acuerdo al sindicato amarillo CSIF, a los sindicatos policiales de ultraderecha, a los corporativos y a los sindicatos nacionalistas. Es decir, objetivamente debilita a las organizaciones que reflejan la unidad de la clase trabajadora de todo el Estado, que han aceptado la pérdida de poder adquisitivo de tres millones de asalariados.
Evidentemente, el acuerdo fortalece las tesis de la patronal sobre las cláusulas de revisión. La referencia ya no sería el IPC, como hasta ahora reclamaban -al menos públicamente- los dirigentes de UGT y CCOO, sino que podría ser sólo un 0,5% o un 1%, fuera cual fuera la diferencia entre las subidas pactadas en convenio y el IPC real.
Y, sobre todo -ahí están las palabras de la ministra Montero- el beneficiado es el gobierno, que se ahorra las molestas reivindicaciones -y movilizaciones- de actualización de salarios, pensiones y prestaciones de desempleo al IPC real. Y que puede permitirse escatimar a los casi tres millones de empleados y empleadas públicos la actualización de sus salarios, mientras dedica en esos mismos presupuestos del Estado 2.500 millones de aumento al gasto militar.
Comparemos la subida de un máximo del 3,5% para los funcionarios en 2023 con el 8,5% que se propone para los pensionistas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la movilización de los y las pensionistas, la lucha de clases. Movilización que incluye la convocatoria de la manifestación para el 15 de octubre, que el gobierno quiere desactivar con el anuncio de la subida del 8,5%. Precisamente, la firma del acuerdo de función pública supone la renuncia de los sindicatos a movilizar a los funcionarios en defensa del poder adquisitivo de sus salarios.
El acuerdo significa, ni más ni menos, que los dirigentes de UGT y de CCOO sacrifican las necesidades y reivindicaciones de los empleados públicos para no incomodar al gobierno “progresista”. Olvidando un principio fundamental por el que debería guiarse toda organización obrera: que, gobierne quien gobierne, las reivindicaciones se defienden.
En contra de ese principio elemental, los dirigentes de UGT y CCOO han acordado con el gobierno organizar un traslado fenomenal de las rentas del trabajo al capital. Al fin y al cabo, eso significa aceptar la inflación, significa capitular ante la guerra social que lleva el capital y que el gobierno vehiculiza. No es por casualidad que no se proteste contra el gasto militar (el público y el que está fuera de presupuesto), la lucha contra la guerra es inseparable de la lucha contra la inflación. Aceptar que la inflación-el impuesto de los pobres -recaiga sobre la clase obrera es aceptar la política de guerra.
Además, es necesario señalar el procedimiento adoptado para tomar una decisión que afecta a más de tres millones de personas asalariadas, en un medio en que hay cientos de miles de afiliados a UGT y CCOO. La firma del acuerdo se ha decidido de manera apresurada en órganos de dirección que ni siquiera han tenido en sus manos el texto preciso del acuerdo. Es fundamental exigir la participación de los trabajadores y trabajadoras, de la afiliación de los sindicatos en la toma de decisiones de esta envergadura. Aún hay tiempo de organizar verdaderas asambleas en los centros de trabajo de la función pública.
Y además abre el camino a la derecha, que ahora podrá apoyar su campaña en los sindicatos amarillos.
[1] 12,1 de pérdida en 2022 con la subida del 2%, más 3,8 de subida del IPC en 2023, más 2% de subida del IPC en 2024 menos la subida de 9,8% del acuerdo