(Publicado en la Carta Semanal 664)
El pasado día 30 debía haber tenido lugar la sesión de investidura para nombrar al presidente del gobierno de la Generalitat. Las circunstancias que han rodeado este hecho –cuya conclusión final está todavía por ver– demuestran una vez más el carácter antidemocrático del régimen heredado del franquismo. La sesión venía precedida del anuncio por parte del presidente del Parlamento, Roger Torrent, de presentar a Carles Puigdemont como candidato, a pesar de que, previsiblemente, no podría presentarse, so pena de ser detenido. La reacción del Gobierno no se hizo esperar: puso en marcha toda la maquinaria para impedirlo, utilizando para ello el desacreditado Tribunal Constitucional que, retorciendo la ley y contestando a lo que no se le pedía, emitió un auto prohibiendo que se invistiera a Puigdemont. La sesión fue suspendida formalmente a la espera de lo que decida el recurso presentado por Puigdemont ante el Constitucional, y del informe que los letrados de la cámara catalana deben realizar.