(publicado en la Carta Semanal 421. También podéis leerla en catalán)

El 16 de mayo, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, se han reunido en el Palacio de la Moncloa con los secretarios generales de UGT y CCOO y los representantes de las patronales CEOE y CEPYME.

De la reunión no ha salido un Pacto de Estado como promovían Toxo y Méndez,   pero no han perdido el tiempo. El diario El Mundo resumía el resultado de la reunión con un titular: “Paz social a cambio de no reformar más”, y añadía: “Ayer sólo les faltó a Méndez y Fernández Toxo elogiar a Mariano Rajoy tras una entrevista en La Moncloa en la que no se alcanzó ningún compromiso concreto pero en la que ambas partes escenificaron un nuevo clima de paz social. (…) Lo que se constató ayer es que los sindicatos están dispuestos a dar un margen de respiro a Rajoy a condición de que el Gobierno no asuma ninguna reforma adicional…”.

Por su parte, Ignacio Fernández Toxo decía que el presidente del Gobierno “considera poco probable porque no se dan las condiciones” el pacto defendido por los sindicatos. Pese a ello, en opinión de Toxo la reunión no fue inútil porque “supone la recuperación del diálogo social”.

Hay que partir de un hecho: si alguien necesitaba esa foto de la Moncloa, esa promesa de paz social, ese alguien era el gobierno del Partido Popular, cuya política de destrucción de derechos y recortes sociales le ha granjeado el rechazo de la inmensa mayoría de la población, como reflejan no sólo todas las encuestas, sino las calles de todo el país, mientras se hunde en los escándalos de corrupción que afectan a su propia cúpula.

Vuelta al redil del diálogo social

El comunicado conjunto emitido tras la reunión se titulaba: “Gobierno e interlocutores sociales impulsan el diálogo social en materia de protección social, empleo y seguridad social”. El subrayado no lo ponemos nosotros, es del propio comunicado original. Seguidamente, anunciaba la creación de diversos grupos de trabajo formados por el Gobierno y los “interlocutores sociales”, “para estudiar medidas de protección social, abordar la reforma de la formación para el empleo y el empleo juvenil”. Por tanto, desmintiendo lo que decía El Mundo, lo acordado en la Moncloa es Paz social más participación en las futuras reformas.

Además, en ese comunicado “UGT, CCOO, CEOE y CEPYME reafirman su compromiso de moderación de salarios y beneficios para favorecer la competitividad y el empleo”.

En tercer lugar, en el ámbito de las políticas europeas, “Gobierno e interlocutores sociales han acordado establecer una unidad de actuación en el seno de las instituciones europeas para reforzar los intereses nacionales en el ámbito comunitario”.

Y al redil de los AENC

Muchos dirigentes de los sindicatos han explicado que en los Acuerdos de Negociación Colectiva (AENC) se había cumplido la moderación salarial (el incremento medio pactado para 2013 en los convenios firmados el último trimestre se sitúa en el 0,58%), pero que los empresarios no habían cumplido sus compromisos de reinvertir beneficios, mantener el empleo y moderar los precios. La propia web de CCOO dice en una revisión sobre los convenios que “ni las garantías de empleo ni las cláusulas de actualización están teniendo eco suficiente en los convenios firmados, ni las empresas están asumiendo un papel activo en la contención de los precios de los productos ni en el aumento de la inversión”. Y, sin embargo, en el comunicado conjunto se nos dice que “los interlocutores sociales han reafirmado su compromiso alcanzado en el II AENC 2012, 2013 y 2014 de hacer compatible la capacidad de competir mediante precio con una mejora de la demanda. Un acuerdo que contempla para el 2013 y 2014 una evolución moderada de los salarios y beneficios empresariales, con el compromiso de reinvertir parte de éstos. (…) Este acuerdo es una muestra de los cambios estructurales que el país necesita para tener éxito en la Europa del Euro”.

Todo ello cuando más de 1.500 convenios siguen estancados, tres millones y medio de trabajadores pueden quedarse sin su convenio dentro de menos de dos meses, y sólo durante el mes de abril ha habido 255 descuelgues de los convenios colectivos pactados, que han afectado a 44.000 personas. En lo que va de año, 907 inaplicaciones, con 72.000 trabajadores afectados por las rebajas salariales y otros recortes de sus condiciones laborales, 2,5 veces más que todos los del año pasado.

¿A quién beneficia, entonces, insistir en las bondades de esos AENC mientras el boicot de la patronal a la negociación va a dejar a cinco millones de trabajadores sin coinvenio de aquí a final de año?

Mesas de “diálogo” para las pasadas y futuras reformas

Gobierno e interlocutores sociales han acordado abrir una serie de mesas de diálogo. Según nos dice el comunicado, “el Gobierno, que ha comprometido por ley una primera evaluación de la reforma laboral, la analizará también con los sindicatos y organizaciones empresariales”. ¡Como si cualquier sindicalista no tuviera cada día ante sí una “evaluación” de los resultados de esa reforma!: un millón de despidos (con un ahorro total para los empresarios de 700 millones de euros en indemnizaciones), descuelgues de convenios, chantaje de la patronal para aprovechar el fin de la ultraactividad y conseguir eliminar conquistas de décadas de lucha y negociación colectiva. ¿Dónde queda entonces la lucha por la derogación de esa reforma laboral que hoy –los hechos lo demuestran– es más necesaria que nunca?

También se ha acordado “constituir el grupo de trabajo de seguimiento de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven presentada por el Gobierno tras un proceso de diálogo y participación con los interlocutores sociales para evaluar su resultado”. O sea, asociar a los sindicatos, que ya participaron en su elaboración, a la aplicación de esta reforma que supone, por primera vez en nuestra historia, que el hecho de ser joven sea razón suficiente para que un contrato sea temporal en vez de fijo.

Además, “Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en que la estructura del gasto público no siempre se corresponde con las necesidades de la sociedad y economía española. Han coincidido en que esta tarea de búsqueda y eliminación de duplicidades y gasto no necesario (…) debe ser liderada por todos los niveles de gobierno de manera que (…) cuente con el concurso de los agentes económicos y sociales. ¿No supone eso asociar a los sindicatos a la aplicación de la reforma de las Administraciones Públicas que supone un nuevo plan de ajuste de más de 5.500 millones de euros y, como denuncia el Sector de Administración Local de CCOO de Andalucía, un negocio para algunos de más de 45.000 millones de euros.

Para terminar, el comunicado emplaza a abrir negociaciones sobre un nuevo recorte de pensiones. “Por lo que respecta a la definición del factor de sostenibilidad, el Gobierno nombró un Comité de Expertos que tendrá hasta final del mes de mayo para elaborar (…) una propuesta de definición del citado factor. Posteriormente el documento del Comité será objeto de debate en el seno del Pacto de Toledo y, al mismo tiempo, el Gobierno convocará a los interlocutores sociales para abordar el factor de sostenibilidad en el marco del diálogo tripartito (…) El Presidente del Gobierno ha pedido a los interlocutores sociales su máxima colaboración en este tema …”. ¿Cómo pueden unos dirigentes de sindicatos obreros aceptar el concepto mismo de factor de sostenibilidad? Es el eufemismo para imponer un recorte en el poder adquisitivo de las pensiones desde el 1 de enero próximo, un recorte nominal de las nuevas pensiones, acelerar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años para todos, y abrir el camino hacia la jubilación a los 70.

Una mención especial conviene hacer al caso de Cataluña, pues la reunión en la Moncloa del 16 fue precedida por otra el día 15, en el Palacio de la Generalidad, entre el presidente Artur Mas, las patronales y los sindicatos, en la que se aprobó un “documento de bases para el impulso de la competitividad, la ocupación y la cohesión social” (Acuerdo Estratégico 2013-2016), en el que se señala que “no es posible seguir aplicando únicamente [cuanta importancia tiene este vocablo] políticas de austeridad”, juntamente con la petición unitaria de reclamar “un mayor margen de actuación en el objetivo de déficit público para Catalunya”. Es decir, que por un lado, los sindicatos aceptan que haya políticas de austeridad (recortes) eso sí, en paralelo a otras supuestas políticas de estímulo a la economía y la actividad productiva cuya única concreción conocida hasta el momento ha sido conceder a los empresarios más elementos de flexibilidad para pulverizar los convenios, ajustar plantillas y recortar salarios, y por otro, asumen los objetivos de reducción del déficit que están destruyendo el país, eso sí, dulcificando el ritmo. Es decir, la versión “catalana” del diálogo social que se hace en Madrid con Rajoy.

En el encuentro de la Plataforma de Sindicalistas⁽¹⁾ celebrado este 18 de mayo, los reunidos se preguntaban ¿a quién beneficia lo acordado en la reunión del día 16 en la Moncloa?

Una pregunta que se hace todo el movimiento obrero: ¿a quién beneficia que los dirigentes de nuestros sindicatos den un balón de oxígeno a este gobierno y se comprometan a hacer a los sindicatos partícipes y cómplices de nuevos recortes?

Los reunidos en ese encuentro han decidido actuar para que las cosas cambien, para que los dirigentes de UGT y CCOO rompan todo acuerdo con el gobierno, para “continuar la lucha por los convenios, contra los recortes, por la derogación de la reforma laboral”. Esta semana harán públicos los materiales de esa campaña.