Carta Semanal 1016 en catalán
Carta Semanal 1016 para descargar en PDF
Declaración Política del Comité Ejecutivo del POSI
2 de noviembre de 2024
Las palabras no pueden describir la magnitud de la devastación, del caos, de la desesperación, de la indignación y de la destrucción ocasionadas por el impacto de un fenómeno meteorológico: la DANA, que asoló las zonas más ricas y pobladas del País Valenciano este martes 29 de octubre. Desde nuestra solidaridad con los familiares de los fallecidos y damnificados, y nuestro apoyo a los miles de voluntarios que tratan de ayudar a paliar las consecuencias del desastre, es nuestro deber señalar que no se trata de una mera catástrofe natural. Existen autoridades que son responsables políticos, tanto de no haber tomado medidas para prevenir esta catástrofe como de no haber actuado como debían una vez que empezó el desastre; sus responsabilidades no son sólo políticas, son también penales. Porque se ha cometido un crimen contra la clase trabajadora, a la que pertenecen la mayoría de las víctimas. En el momento de escribir estas líneas son casi 2.000 los muertos y desaparecidos.
El desastre era perfectamente predecible. Desde 2004 hay planes del Estado y de la Confederación Hidrográfica del Júcar para prevenirla. El sábado 3 de julio de 2004, Las Provincias, publicaba: «La Confederación del Júcar prevé actuaciones en los barrancos del Pozalet, la Saleta y el Poyo. Cerca de una veintena de municipios ya no mirarán al cielo con temor cuando lleguen las tormentas. El Gobierno anunció ayer el plan contra riadas para 16 municipios que incluye la creación de una presa en Cheste.
La comarca de l’Horta Sud ha sido históricamente una de las más castigadas por las grandes inundaciones en temporadas de gota fría. Poblaciones enteras han visto año tras año como el agua del barranco del Poyo se ha desbordado llegando a anegar bajos, viviendas y causar serios desperfectos en vehículos e inmuebles.
Alaquàs, Aldaia, Catarroja, Cheste, Xirivella, Godelleta, Massanassa, Paiporta, Picanya, Ribarroja, Torrent, Quart de Poblet, Loriguilla, Mislata y Valencia son las zonas con mayor riesgo de inundación en las que se aplicará el plan contra riadas». Han pasado más de 20 años, pero solo se hicieron unas pequeñas obras en 2009, toda la obra de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo suponía en su momento 221 millones de euros.
Ahora bien, si antes no se ha hecho nada, después, la indolencia, la insensibilidad, la vida institucional del Gobierno valenciano, totalmente al margen de las preocupaciones e intereses de la población han multiplicado la tragedia, ¿de quién es entonces la responsabilidad? Del Estado monárquico, negligente, corrupto y parasitario como ninguno, del Estado de las autonomías al servicio de los especuladores y la guerra. No es por casualidad que estos días la prensa publica los beneficios multimillonarios de la banca y las multinacionales de la energía, y que en los últimos tres años el Gobierno de coalición haya aumentado en un 48 % los gastos militares.
Las responsabilidades
El responsable directo de la actuación ante la DANA es el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, y, en última instancia, de todo el entramado burocrático y parasitario de la Generalitat. Concretemos la cronología de los acontecimientos: desde 5 días antes, la Aemet informaba del riesgo de DANA sobre las comarcas de Valencia.
A las 7:36 del martes se da la alerta roja. A las 8.00 se amplia y a las 8.04 se extendió por el litoral sur de Valencia. El aviso alertaba de «lluvias de intensidad torrencial» y hablaba de acumulaciones que podían ocasionar «crecidas e inundaciones. ¡El peligro es extremo!», decía.
A las 9.20, la Aemet alertaba: «Lluvias torrenciales en puntos de la Comunidad Valenciana. El peligro es importante, e incluso extremo, en algunas comarcas. Aléjate de cauces, ramblas y zonas bajas inundables». El tuit incluía un vídeo compartido por la cuenta de la Aemet en la Comunidad con las calles de Catadau inundadas.
A las 13:00, Mazón colgó un tuit, que luego borró, en el que decía que la previsión era que el episodio acababa a las seis de la tarde. «No se tiene constancia de daños personales, pero sí de vehículos atrapados.»
A las 16.57. Utiel ya está inundado y la corriente arrastra los coches.
A las 19.05. Paiporta ya estaba anegada.
A las 20.03. Llega el primer aviso a la población por parte de Protección Civil, dependiente de la Generalitat. En él se pedía evitar desplazamientos por la provincia de Valencia.
¡Más de 12 horas para avisar a la población ocultando la catástrofe en marcha! ¡Cuando la devastación ya había ocurrido en su mayor parte!
Mazón debe pagar por su gestión y por su política, eso es evidente para todos.
Pero volvamos al Gobierno de Pedro Sánchez. Según informaba El País, «Fuentes gubernamentales reconocen que el gabinete de crisis reunido el martes por la noche en La Moncloa contempló la posibilidad de decretar una “emergencia de interés nacional”, lo que hubiera supuesto asumir la dirección de todo el dispositivo [frente a la DANA], pero se consideró que “no era necesario”, porque la Generalitat valenciana estaba “actuando correctamente”, no había solicitado declarar el nivel 3 y hacerlo unilateralmente era “como aplicar un [artículo] 155” de la Constitución, arrebatando a la comunidad autónoma sus competencias.» Por otra parte, también la Constitución, en su artículo 116 prevé que «El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.» Pero no lo hizo. Es la monarquía de las autonomías, con responsabilidades competenciales compartidas, y que en la práctica se traducen en una irresponsabilidad general.
Un poco de historia
En 1957, una riada inundó la ciudad de Valencia provocando 92 muertos. El régimen, que mostraba sus primeros síntomas de crisis, desvió el cauce del Turia, una gran obra que, según coinciden todos los expertos, ha evitado que la tragedia se extendiera hoy a Valencia capital. Lo que demuestra que hay infraestructuras que pueden evitar los desastres.
Tras la rotura de la presa de Tous en 1982, que supuso una enorme inundación, se estudió la orografía de la zona, se puso en evidencia que las autovías habían constituido una barrera que impidió que el agua siguiese su cauce natural hasta la desembocadura en el mar. Se proyectó la construcción de puentes y drenajes en las carreteras y en las vías de tren que tenían un efecto barrera, el encauzamiento y drenaje de ríos y barrancos. La Universidad Politécnica de Valencia elaboró el Patricova (Plan de Acción Territorial sobre prevención de Riesgos de Inundaciones de la Comunidad Valenciana), que fue aprobado en el Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell (Gobierno valenciano); sí, las soluciones existían, pero ni el Gobierno central ni el de la Autonomía dedicaron el menor esfuerzo a realizar las actuaciones que hoy habrían evitado la catástrofe. Es más. La situación se ha visto agravada por una edificación al servicio de los especuladores, que no respetan vados ni barrancos, y la presencia de infraestructuras, como la V-31, donde precisamente se agrupan los polígonos industriales de la zona más afectada.
Estamos, por tanto, ante un problema esencialmente político, tenemos los medios necesarios para prever, evitar, paliar y solucionar estos problemas naturales, sin duda acrecentados por el cambio climático.
La Monarquía y los gobiernos que a ella se someten, son una verdadera carga para la población.
Los medios de comunicación, que, a pesar de los discursos oficiales, se ven obligados a mostrar la indignación de la población y la desidia de la que es objeto por parte de las autoridades, se esfuerzan por señalar en múltiples conferencias de prensa la bondad de las instituciones. La realidad es otra, bien diferente.
La respuesta institucional: unidad para ocultar las responsabilidades y parar la respuesta popular
Las instituciones de la Monarquía buscan rehuir toda responsabilidad, y sobre todo responden ante la catástrofe con temor a la movilización de las masas, empezando por el jefe del Estado, el rey: «quiero volver a expresar nuestra más sincera condolencia a las familias de los fallecidos y nuestra profunda solidaridad y cercanía por esta terrible y catastrófica DANA que ha asolado tantas poblaciones y lugares de nuestro país. Nos unimos a ellos en su dolor, como debemos todos, administraciones, instituciones y sociedad civil de toda España.»
Unidad que exhibieron los presidentes Pedro Sánchez y Mazón. Sánchez afirmó en su visita a Valencia «el compromiso del Gobierno de España con la Comunidad Valenciana es total, la colaboración va a seguir, no os vamos a dejar solos», correspondida por Mazón: «agradezco la presencia del presidente del Gobierno y el contacto que hemos mantenido desde el primer momento, la coordinación y la colaboración es muy importante y vamos a seguir con ella».
La patronal también pide unidad: en un comunicado del día 1 piden a los políticos de todas las administraciones que actúen «con unidad de acción» y se centren en solucionar las necesidades de los ciudadanos afectados por el paso de la DANA y en reconstruir las infraestructuras. «La sociedad civil está mostrando una enorme solidaridad y pedimos que nuestros políticos estén alineados y trabajen unidos», y afirman «estamos en permanente conexión con las distintas administraciones para tratar de dar solución a las necesidades existentes».
El contenido de esa unidad lo da el editorial de ABC del 30 de octubre: «España vive de nuevo una oportunidad para reaccionar de forma unitaria ante una tragedia nacional. Desde la Aemet a las cuencas hidrográficas, que dependen del Gobierno central, hasta los servicios autonómicos de Protección Civil y Emergencias de la administración valenciana, todos están emplazados a revisar el papel que han jugado. Primero, reparar daños y atender víctimas. Luego, analizar el funcionamiento de los servicios de prevención, con la voluntad de corregir los errores que se pudieron cometer en la dilación de la alerta ante las dudas que surgen sobre la eficacia de la administración a la hora de detectar la alarma y comunicársela a la población. Se debe auditar esa respuesta. El Estado no puede llegar siempre a tiempo». La unidad que reclama el diario portavoz de la Casa Real es para diluir las responsabilidades y que ninguna institución sea cuestionada, para dar tiempo al Estado a reaccionar y que pueda tomar el control de la situación.
Pero la crisis impide cerrar la unidad
Algunos ministros, como la de Defensa, Margarita Robles, descargan toda la responsabilidad en el Consell de la Generalitat. Sectores del PP ponen al Gobierno en su punto de mira ante la tragedia y Manos Limpias ha puesto una denuncia contra los responsables de Aemet.
Y ahora, cuando miles y miles de voluntarios han organizado la limpieza y centros de distribución de medicinas y alimentos, única ayuda que ha recibido la mayor parte de la población, abandonada durante tres días; tras la reunión del comité de crisis de la Generalitat del día 31, el ministro del Interior y el presidente de la Generalitat, pidieron a los voluntarios «que no colapsen los accesos», en concreto, el presidente les pidió «que vuelvan a sus casas y se coordinen mediante los medios oficiales», pero en la calle crecen las iniciativas solidarias de la población. El día 2, Mazón envió a su casa a miles de voluntarios (que no le han hecho caso) de los que se presentaron en la Ciudad de las Ciencias y las Artes, al llamado de la Generalitat, iban dispuestos a organizar brigadas ante la inoperancia y la incompetencia de las autoridades, y el Gobierno central y el autonómico han decidido de común acuerdo enviar a 5.000 militares más y a otros 5.000 policías nacionales y guardias civiles. ¿Para qué? En palabas de Mazón: «una vez hemos asegurado todos los puntos logísticos, garantizado el acceso rodado por todas las vías y organizado la distribución de voluntarios, ahora es seguro solicitar 5.000 militares adicionales». Por otro lado, el presidente ha condenado «el pillaje y el robo» y ha solicitado que se aplique «todo el peso de la ley» a los responsables. No a los responsables de haber obligado a ir a trabajar a sus empleados poniendo en riesgo sus vidas, a esos no. ¿Él?, él tampoco es responsable de nada.
Los alcaldes, la población no tienen medios eficaces para mostrar su indignación, para hacer pagar a los responsables, que, como señalamos, no es sólo el Gobierno valenciano. Se trata de la inoperancia, de la incapacidad y del parasitismo del Estado monárquico al servicio de la especulación y de la OTAN.
La manifestación del 9 de noviembre, la unidad que necesitamos
Esta movilización tiene como objetivo exigir la depuración de responsabilidades por la gestión deficiente de la última DANA, que ha afectado gravemente a varias comarcas del País Valenciano.
Las entidades convocantes critican también la respuesta de aquellas empresas que exigieron a sus trabajadores continuar con las actividades laborales a pesar de los riesgos para la seguridad. Denuncian el desmantelamiento de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), así como la negativa de admitir el colapso del teléfono 112 de emergencias durante la DANA, y posteriormente el teléfono de asistencia a las familias de personas desaparecidas.
Hoy, cuando sigue todavía la búsqueda de nuevas víctimas (bajo el fango, en los vehículos que aún no se han retirado, en los garajes y en las plantas bajas de las viviendas), se prepara ya una gran manifestación en Valencia para el 9 de noviembre.
Desde todo el Estado las muestras de solidaridad se multiplican, es la responsabilidad del movimiento obrero de hacer valer su voz para exigir que los culpables directos sean castigados y que se realice un verdadero plan de reconstrucción al servicio de la población. Los presupuestos del Estado deben contemplarlo, pues dinero hay.