Carta Semanal 1079 para descargar en PDF
El derecho a la vivienda concentra, en el estado español, la imposibilidad de garantizar los derechos más elementales bajo el régimen de la monarquía borbónica continuista ….
La solución de la vivienda pasa por resolver el derecho a la propiedad y la ley del suelo.
La especulación inmobiliaria no es nada nuevo en España, se convirtió ya bajo la dictadura de Franco, como el sector que permitía enriquecerse de forma rápida a los amigos del régimen, convertidos en constructores que ávidos de riqueza convirtieron la costa (en particular la mediterránea) y las ciudades donde se desplazaban los trabajadores de zonas rurales en búsqueda de mejores condiciones laborales, en su gran negocio.
La combinación entre la escasa legislación existente, el escaso control cuanto a los materiales a emplear, la existencia de una mano de obra externa y barata, la necesidad surgida de la propia inmigración, Municipios y diputaciones dirigidas por el régimen franquista, la dirección de la economía hacia el turismo, y las leyes hipotecarias para permitir a los trabajadores comprar una propiedad (se atribuye a Franco la frase de “un propietario más, un comunista menos”), convertiría España en el mejor yacimiento a explotar y generar una red de constructores y empresarios autóctona.
La transición
La denominada transición nos solo garantizaría la impunidad de las instituciones del régimen sino también la garantía del mantenimiento del derecho a la propiedad (así se refleja en la propia constitución).
Artículo 33 de la Constitución Española
- Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
- La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
- Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Una redacción que delegaba el derecho a la vivienda como un derecho constitucional, pero no reconocido como derecho fundamental. Por lo tanto, sin la protección que ellos disponen. Y sin la existencia de un servicio público que lo garantice
Artículo 47 de la Constitución de 1.978: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
La corrupción sistémica del régimen y en particular la de la monarquía borbónica hizo el resto. La construcción se convirtió en uno de los negocios más corruptos y que perdura hasta ahora.
La crisis del 2008, con el estallido de la “burbuja inmobiliaria” debería haber supuesto un correctivo, pero lejos de ello se resolvió a favor de los especuladores y los propietarios. Rescatamos sus bancos a costa de nuestros derechos y un endeudamiento que seguimos pagando. Al parecer vivíamos por encima de nuestras posibilidades.
Los masivos desahucios que expulsarían de sus vivienda a miles de familias, empobreciéndolas hasta niveles nunca visto anteriormente, y la ausencia de las organizaciones políticas y sindicales que recogieran la reivindicación concreta de evitarlos contribuyó al surgimiento de movimientos como la PAH (plataforma de afectados por la Hipoteca) que lograrían la dación en pago, es decir la entrega de la vivienda al banco sin devolución de lo pagado, pero sin la obligación de acabar de pagar el resto.
El modelo español. Propiedad por alquiler.
En España, en sentido contrario a otros países, siempre se adoptó en relación con la vivienda por la compra más allá del alquiler. Fruto del plan de estabilidad de 1959. La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1985 (El Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre medidas de política económica, comúnmente conocido como “Decreto Boyer”) lejos de facilitar el alquiler de nuevo dirigía a la clase trabajadora hacia la hipoteca.
Tras la crisis económica de principios del siglo XXI con sus consecuencias económicas hacia la clase trabajadora, y en particular la reforma laboral del 2012 que ente otros aspectos situaba los salarios por debajo de los 1000 euros y no la falta de viviendas, y la llegada de trabajadores migrantes que no podía asumir el pago de una hipoteca por no reunir las condiciones exigidas por los bancos, en definitiva la precarización, que cerraba el paso a la estabilización laboral, convirtieron el alquiler la única salida para afrontar la vivienda, claro que alquileres compartidos, alquileres habitacionales…
Una vez más, ante la ausencia de organizaciones políticas y el aquietamiento de las organizaciones sindicales mayorías, surgieron otros movimientos como el Sindicato de Inquilinas, que actuando de forma permanente alcanzaron su zenit en las convocatorias del 27 de noviembre de 2024, donde llenaron las calles de las principales ciudades españolas contra la especulación, los desahucios y por una ley que limite y rebaje los alquileres un 50%.
Lejos de legislar para favorecer el derecho a la vivienda, el entramado legal competencial, permite a las instituciones, en particular las municipales, esconderse bajo la carencia de competencias.
Mientras que Feijó y Abascal encabeza la lectura de que se debe liberalizar más suelo (como si no lo estuviera desde la ley del suelo de Aznar) y que solo la construcción de más viviendas es la solución. Otros como el PSOE entiende que eximiendo de pagos de impuestos a los propietarios se alcanzará a rebajar los alquileres, por no hablar de la propuesta gubernamental de crear un teléfono el 047 (por los años de la CE) para atender dudas sobre normas y ayudas disponibles.
Necesitamos un giro a la Izquierda
Todos buscan soluciones, pero resulta imposible porque la solución de la vivienda pasa por acabar con la propiedad privada y por recuperar el suelo como un bien para todos. Solo eso evitaría la especulación (ahora de inversores extranjeros que ven en España el mejor lugar para invertir).
Los dos miembros del gobierno proponen medidas para que no aumente el precio de la vivienda, ya sea con una congelación o con exenciones fiscales a los propietarios. Pero el problema es que los precios actuales ay son prohibitivos para los jóvenes, para la mayoría de asalariados, para los pensionistas (que cada vez se ven expulsado en mayor número de sus viviendas)
Para eso es necesario un giro a la izquierda que de satisfacción a las reivindicaciones de la juventud y de los trabajadores. Sin ese giro, sin satisfacer las reivindicaciones de la juventud de los trabajadores y de los pueblos la extrema derecha se abre camino.
El derecho a la vivienda concentra el diagnostico, y exige romper con el marco legal impuesto para garantizar las mordidas, la especulación…Es necesario pues que el derecho a la vivienda sea uno de los derechos fundamentales a garantizar por encima del derecho a la propiedad.