Carta Semanal 1084 para descargar en PDF

Hay un debate abierto sobre las futuras elecciones y con qué candidaturas afrontarlas. Hay quienes insisten en la necesidad de candidaturas unitarias a toda costa, ante el peligro de que llegue un gobierno de la derecha y la ultraderecha.
En efecto el portavoz en el Congreso de ERC, Gabriel Rufián, y el diputado de Más Madrid Emilio Delgado presentaron este miércoles 18 de febrero junto a Sara Santaolalla una propuesta dirigida a toda la izquierda del PSOE.
Básicamente, proponen que, ante el peligro del avance de la extrema derecha de VOX se presenten listas únicas en cada provincia encabezadas por los que tengan más posibilidades de salir elegidos, en torno a un programa mínimo, cuyo contenido estaría por concretar.
Por nuestra parte, no ponemos en cuestión la buena voluntad de estos dirigentes, pero nos planteamos varias cuestiones:
La izquierda ha estado en el Gobierno, directamente o apoyando desde el Parlamento al Gobierno. ¿Qué le ha impedido tomar las medidas precisas para responder a las necesidades de la mayoría social?
¿Por qué no se delimitan estas necesidades de forma clara?
Por qué se habla de elecciones, y no de las múltiples movilizaciones que expresan las reivindicaciones sin atender. Desde los maestros en Catalunya, los jóvenes en la Universidad, los médicos, los campesinos afectados por el tratado con Mercosur, los pensionistas que ven el sistema público amenazado.
Hablar de candidaturas únicas, sin hablar de contenido -o sea, del programa- no interesa a la mayoría, a nuestro modo de ver.
Rufián y Delgado hablaron de muchas cosas interesantes, pero ¿se puede hablar de servicios públicos en crisis sin hablar de los 60 000 millones gastados estos años en armas? -como dijo Sánchez, se triplicaron los gastos militares- ¿O de los 34.000 millones de beneficios de la banca el año pasado?
¿Se puede hablar de soluciones al problema de la vivienda sin expropiar a los grandes tenedores, a los fondos buitres?
¿Se puede hablar de libertades sin derogar la ley mordaza y la ley de extranjería?
La UNIDAD necesaria solo es real y efectiva si es en torno a una plataforma clara que responda a las necesidades de la mayoría… Lo contrario se reduce a las preocupaciones de una minoría de activistas.
Para la inmensa mayoría de la población, cuya movilización electoral sería necesaria para derrotar a las derechas, la preocupación no es frenar a la ultraderecha, sino cómo llegar a fin de mes. Las preocupaciones de la población trabajadora están en el coste de la vida, los salarios, las pensiones, el acceso a la vivienda, los medios de transporte para llegar al trabajo o al centro de estudio, la situación desastrosa de todos los servicios públicos y las infraestructuras.
En esta situación, hablar de unidad para frenar a la ultraderecha es, para la inmensa mayoría de la población, una entelequia. Y las maniobras de unidad desde arriba para repartirse los puestos en las candidaturas o no les interesan o les repugnan. Del mismo modo, ante las operaciones basadas en una nueva figura política que levante una candidatura a su medida (que sería una reedición de Sumar, pero cambiando a Yolanda Díaz por otro dirigente), la mayoría de la población trabajadora no siente ningún interés.
Sin duda alguna, el sistema electoral, con sus exigencias de un 5% mínimo para obtener diputados, y la división en circunscripciones provinciales, prima las candidaturas unificadas. Pero –ahí está el ejemplo de Extremadura- no basta con unificar listas para sacar a la gente de la abstención. Puede que se ganen algunos votos y algunos electos, pero no es suficiente para ganar.
Los resultados de las elecciones en Extremadura son significativos. La abstención fue la mayor de todas las autonómicas extremeñas, más del 37%. Votaron 86.000 personas menos que en 2023. Unidas por Extremadura (IU + Podemos, con cabecera de lista de Podemos) ganó casi 18.000 votos, muy lejos de compensar los casi 110.000 votos que perdió el PSOE (o sea, un 44% de los que tuvo en 2023). Una abstención que fue mucho mayor en las ciudades.
No basta con proclamar la “unidad”. Para llevar a las urnas a la mayoría trabajadora es necesario hacerlo con un programa que les ilusione. Que les ilusione porque responde a sus necesidades, sus preocupaciones, sus reivindicaciones.
Hay voluntad de combatir
La mayoría que dio el gobierno a la actual coalición está frustrada por las múltiples promesas incumplidas, como la derogación de la ley mordaza, que el gobierno no sólo mantiene, sino que aplica duramente contra las movilizaciones obreras y populares. Recordemos los compañeros pensionistas, cuyas sanciones COESPE exige anular; o los, de momento, cincuenta sancionados -35.000 euros en multas- en Valencia el 29 de mayo por pedir la dimisión de Mazón. Un gobierno que envió una tanqueta a patrullar los barrios de Cádiz durante una huelga, que persigue a los huelguistas del metal de Cádiz, o que el pasado 21 de enero ha hecho detener a 16 trabajadores de las empresas auxiliares del complejo petroquímico de Puertollano por su participación en la huelga del metal del mes de noviembre del pasado año.
Lo mismo sucede con las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, cuyas enormes facilidades para el despido siguen vigentes, y son ampliamente utilizadas por la patronal para ERE y cierres. El gobierno consiente la degradación de servicios públicos como la sanidad, la educación, las infraestructuras de transportes o prevención de incendios e inundaciones, se niega a hacer la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Un gobierno que pone como prioridad el gasto militar, que ha pasado, oficialmente, del 0,9% del PIB al 2,1% (un aumento de casi 20.000 millones de euros), y a donde van los fondos que se necesitan para resolver las necesidades sociales (ver Carta Semanal 1082).
Al tiempo que crecen las grandes fortunas, la cuarta parte de la población vive bajo el nivel de pobreza. La juventud tiene negado su futuro por la imposibilidad de acceder a una educación y una vivienda digna, y por la precariedad laboral. Los millones de pensionistas se levantan cada día con el miedo de una contrarreforma, que es exigida por los poderes económicos.
En esta situación, no basta con medidas limitadas. Sánchez acaba de hablar de construir 15.000 viviendas sociales al año, cuando se necesitan cientos de miles. Mónica García ha presentado una ley que deroga sobre el papel la Ley 15/97, pero que no pone fin a nuevas privatizaciones ni supone revertir las que ya existen. Parece que las únicas reivindicaciones que merecen respuesta inmediata por parte del gobierno son las que hacen Trump y la OTAN. La Unidad que la clase trabajadora y los pueblos necesitan, la unidad que puede movilizar el voto de la mayoría sólo puede ser aquella que dé respuesta inmediata a las reivindicaciones no satisfechas, que responda a las promesas incumplidas.
Al mismo tiempo, los escándalos repetidos de corrupción y acoso sexual ponen de manifiesto la naturaleza del régimen de la Monarquía, su degeneración moral, que infecta a todas las instituciones y a quienes viven de ellas. Un régimen en el que se impone el poder arbitrario de los jueces, y pervive, en buena medida, la herencia franquista. No es de extrañar que hoy España sea uno de los países en que el porcentaje de la población que no confía en los partidos es cada vez mayor, particularmente entre la juventud.
Dentro de este régimen no cabe el cambio que la mayoría social necesita. Es necesario un programa de ruptura con él, candidaturas que se basen en ese programa, que se inserten en la lucha internacional contra la guerra.
Un programa de unidad, por la ruptura
Ante las convocatorias electorales, como señala una declaración difundida por Información Obrera, “comprendemos el deseo de UNIDAD de miles de trabajadores, activistas, sindicalistas, y creemos indispensable avanzar hacia una UNIDAD en torno a propuestas claras:
-Acabar con el incremento de gastos militares, destinar ese dinero a políticas sociales y servicios públicos.
-Establecer las medidas democráticas más elementales: derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro, derogación de la ley mordaza y la ley de extranjería, y la amnistía para todos los condenados por el procés y la plena igualdad de hombres y mujeres.
-Expropiación de los cientos de miles de viviendas en manos de especuladores y fondos buitres para crear un parque de viviendas públicas asequibles.
-Ruptura con el poder judicial. Acabar con el gobierno de los jueces.
-Defensa del empleo, de los salarios, de la industria productiva y del campo.
-Gobierno basado en las reivindicaciones y necesidades de la población, ni sometido a Trump, ni a la OTAN, ni a Bruselas”.
Esas, entre otras, son las medidas que pueden unificar las acciones y la voluntad de los trabajadores y trabajadoras en lucha, de los activistas de los movimientos sociales, y atraer a los millones que son necesarios para cerrar el paso a las derechas.
