Carta Semanal 812 en catalán

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Descarga del Manifiesto en defensa de la Sanidad Pública

En muchos municipios del Estado español se están cerrando puntos de atención continuada, consultas, centros de salud, las citas en primaria tienen una demora de 15 días por lo general; las consultas médicas son telefónicas como norma; los oncólogos afirman que han dejado de diagnosticarse precozmente un 25 % de los cánceres y, al menos desde marzo, existe una sobremortalidad no justificada; los geriátricos se han convertido en residencias de contagio y muerte. Los gerentes de los hospitales tratan de sustituir la falta de personal con contratos precarios que tienen los días contados; se ha recurrido al ejército para suplir la falta de rastreadores y de personal, y para dirigir el estado de alarma; se impone la movilidad funcional y geográfica a médicos y enfermeras, el personal sanitario está agotado y todos los derechos de los trabajadores de la sanidad son pisoteados, incluyendo el derecho de reunión, los derechos sindicales. Todo en nombre de combatir la pandemia por SARS-CoV-2. Y, ante la indignación y la rabia de los profesionales, el gobierno central y los autonómicos pretenden compensarlo con una paga que no llega para todos, creando más desconcierto y malestar entre los trabajadores de la sanidad. Mejor sería que devolvieran ya el 8 % del poder de compra perdido estos años.

La población se moviliza en defensa de su sanidad

La población resiste, se organizan plataformas y colectivos para oponerse a esta situación con concentraciones ante los centros de salud en Bilbao o en Sevilla, en Barcelona o en Madrid, con manifestaciones como la del domingo 29 de noviembre en el caso de Madrid, a la que también convocaron los sindicatos. (Véanse sobre estos aspectos los últimos números de Información Obrera).

Se han recogido ciento cincuenta mil firmas contra la asistencia telefónica a raíz del fallecimiento por cáncer de colon de una mujer de 48 años en un pueblo de Burgos; durante meses no consiguió una cita presencial. Su hermana denunciaba así lo sucedido:

«sobre el papel la mató el cáncer, pero yo siento que la mató más la excusa del COVID (…) el COVID se ha convertido en la excusa perfecta para que las administraciones instalen las consultas telefónicas en nuestro sistema publico de salud. En la práctica ha supuesto que los ciudadanos perdamos uno de nuestros derechos fundamentales: el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y digna (…). Reclamo soluciones YA para que ninguna otra familia tenga que sentir que ha perdido a un ser querido por el que se pudo hacer mucho más y no se hizo porque “eran tiempos de COVID”. No, el COVID NO lo justifica todo.»

Soluciones, ya

Y esa es la cuestión, las soluciones se necesitan ya, son urgentes y la pandemia no puede justificar ningún ataque, ningún atropello. A los recortes en la sanidad pública de estos doce últimos años (estamos hablando de cerca de 30.000 millones de euros desde 2008 hasta hoy), se suma ahora una ofensiva para desmantelar la sanidad pública, una ofensiva que se ha centrado en primer lugar en la atención primaria de salud, a la que se sobrecarga de tareas y se le retiran medios, pero afecta a todo el sistema, a una conquista histórica: el derecho a una asistencia sanitaria pública gratuita y de calidad.

La Junta de Andalucía se escuda en la pandemia para cerrar consultas de pediatría en barrios obreros y servicios de urgencias en algunas localidades, y deriva cientos de pacientes a clínicas privadas, cuyos trabajadores denuncian la saturación, mientras que en Madrid se acaba de inaugurar el hospital Isabel Zendal, hospital monográfico para la COVID-19  con un coste de 100 millones de euros y que se pretende dotar de personal movilizando a profesionales de otros centros sanitarios. Todos los colectivos profesionales y sindicales de la sanidad han resistido, a lo que el gobierno regional responde con propagada falsa y medios que van de la presión a la coerción Lo cierto es que se trata de una ofensiva general de desmantelamiento y privatización que, según el Gobierno, todos deberían aceptar en nombre del «interés común» de la lucha contra el coronavirus; se trata del conocido recurso al enemigo externo, a la política de la «unión sagrada», de la «unidad nacional» para combatirlo. Como dicen las notas editoriales de La Verdad 106, «necesitaban una ocasión…», y la encontraron con la pandemia de la COVID.

El sistema capitalista, contra el derecho a la salud

Algunos se preguntarán cómo es posible que un gobierno que se llama progresista encabece este ataque a la sanidad pública en colaboración con las autonomías, gobernadas por partidos de todos los colores políticos. Salvo que se comprenda que esta es una de las concreciones impuestas a todos los gobiernos que no tienen más perspectiva política que servir a un sistema, el imperialista, inmerso en una crisis de descomposición que solo puede sobrevivir destruyendo todo lo que la humanidad y la lucha de la clase obrera ha conquistado.

El FMI aborda esta situación en su informe de la Misión de la Consulta del Artículo IV para España, de 30 de septiembre de 2020. Extraemos algunas frases que dan el contenido de la Declaración Final de la Misión de Consulta del FMI:

«El impacto de la pandemia de la COVID-19 ha sido particularmente grave para España. (…)

» A corto plazo, un ulterior repunte de la actividad dependerá en gran medida de la contención de la crisis sanitaria. (…)

» Un fracaso a la hora de controlar nuevos brotes, un progreso más lento que el previsto en materia de vacunas y tratamientos (…) podrían empañar aún más las perspectivas.

» Las medidas fiscales tienen que continuar centradas en superar la crisis sanitaria y económica inmediata y contener el riesgo de que la recesión se transforme en estrés para el sector financiero, con costes reales y sociales todavía más elevados».

Lo que, para el FMI, supone seguir sosteniendo los beneficios empresariales («apoyo a los balances») con «inversión pública» en ERTE, avales públicos y «rescate» de empresas.

«A este respecto, la disponibilidad de fondos de la UE ofrece una oportunidad para facilitar la introducción de reformas (…), mejorar la competencia y propiciar las colaboraciones público-privadas.»

Hay que señalar que las medidas adoptadas por el Gobierno Sánchez-Iglesias coinciden totalmente con las que propone el FMI, que las avala.

La pandemia sirve para acentuar la ofensiva contra derechos y conquistas

Esta declaración, que se pronuncia abiertamente por «la introducción de reformas laborales», por «un paquete sostenible de reformas de las pensiones que equilibre la sostenibilidad de las pensiones con la aceptabilidad social» y por «un compromiso político renovado con las reformas estructurales (…) que faciliten la reducción de la deuda», también dice que hay que controlar los brotes, fabricar vacunas, hallar nuevos tratamientos y superar la crisis sanitaria… pero solo tiene una receta para ello: «propiciar las colaboraciones público-privadas»; es decir, financiar a las multinacionales farmacéuticas y la sanidad privada a costa de desmantelar la sanidad pública. Por más que uno lea y relea esa «declaración final» no encontrará otra cosa.

Este discurso es retomado por la patronal en España, pero con un contenido mucho más concreto: Pedro Nieto, presidente del Grupo de Trabajo de Sanidad del Círculo de Empresarios, expone en una entrevista para Redacción Médica, publicada el 8 de octubre, el contenido de su informe La Sanidad, sector aún más estratégico por la pandemia, pide «reforzar la apuesta por el sector sanitario, por el gran valor que puede aportar la salud a la economía». Dice, además, que «el impacto del Covid-19 ha dejado al descubierto una serie de problemas estructurales que han provocado una respuesta tardía y poco segura ante la pandemia», evidentemente se refiere a la falta de colaboración con la sanidad privada para enfrentar la pandemia. Señala también «la escasa integración de los sistemas de atención adaptados a las personas mayores y la crónica infrafinanciación de la sanidad no ha permitido invertir recursos con fines estratégicos». (…)

» Si hay dinero para invertir, sería un gran sector para ello. La financiación debe ir destinada a cuatro bloques: digitalización, innovación, colaboración público-privada y reto demográfico. (…)

» Hay que invertir en tecnología y ponerla en marcha, para ello hay empresas muy buenas que nos pueden dar esta cobertura (…) pero hay que invertir más (…) fomentar la colaboración público-privada (…) tiene que haber una cooperación y una complementariedad del Estado hacia el sector privado (…). El Estado solo no puede con todo (…) hay que ser innovadores en la asistencia a los mayores. (…)

» Ahora que va a haber fuente de dinero de la Unión Europea (UE) se debería de tener la visión de poner la lupa en este sector que puede tener muy buen rendimiento y futuro».

Obsérvese que se trata de toda una serie de afirmaciones gratuitas para terminar afirmando que es el Estado el que debe complementar al sector privado (desviando los fondos públicos que financian hoy la sanidad pública hacia la privada), y no a la inversa, como se afirmaba hasta ahora para justificar la privatización de sectores de la asistencia sanitaria.

El Gobierno se adapta a estas peticiones

Esta es la línea estratégica emprendida por el Gobierno. El 7 de octubre, El País retransmitía en su web un evento organizado por Roche en el que participaron, entre otros, Salvador Illa, Fernández Vara y Carme Artigas, subsecretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. El ministro de Sanidad, Consumo y Bienestar Social se pronunció a favor de la colaboración público-privada con el argumento de «reforzar la sanidad». Tanto el presidente de Extremadura como el representante de Roche o la secretaria de Estado expresaron la «necesidad de redefinir la sanidad», manifestaron las «sinergias» que puede aportar la «cooperación público-privada, y el trabajar juntos y compartir recursos entre ambos sectores», también pudo escucharse que «la sanidad pública tiene déficits porque no se ha invertido suficiente en ella». Para algunos el cinismo no tiene límites.

No tratamos aquí de agotar todos los asuntos relacionados con la privatización de la sanidad, como la digitalización, la producción de nuevas vacunas, nuevos fármacos y nuevos tratamientos.

La cuestión urgente ahora es defender la sanidad pública, los derechos de los trabajadores de la sanidad pública que garantizan una asistencia de calidad, devolver a la sanidad los 30.000 millones desviados al sector privado o los empleados en «rescatar» al capital financiero, expropiar la banca y las multinacionales farmacéuticas.

De lo que hay auténtica necesidad es de organizarse para ello, por eso llamamos a suscribir el manifiesto para salvar la sanidad pública y los derechos de los trabajadores de la sanidad pública, a recoger firmas, a hacer reuniones de firmantes para decidir cómo actuar para defender las reivindicaciones, a formar comités.