Juicio Gürtel: la podredumbre del partido del aparato franquista

(Publicado en la Carta Semanal 597)

carta-597Las primeras sesiones del juicio de la trama Gürtel han puesto de manifiesto la podredumbre del Partido Popular, expresión directa de la podredumbre del régimen de la Monarquía establecido en 1978.

A la vez, otro “macrojuicio”, el de las tarjetas black de Bankia, demuestra cómo la corrupción es intrínseca al régimen y afecta a todos los partidos y organizaciones que se someten a la Monarquía. Aunque, no cabe duda, afecta especialmente a la representación política genuina del aparato de estado y del régimen, que es el PP. Todo esto sucede porque la Monarquía restaurada por Franco y constitucionalizada en 1978 nació como continuidad de las principales instituciones del régimen franquista (aparato judicial, cuerpos represivos, servicios de información, etc.).

Entretanto, se espera la sentencia del caso Noos, que implica directamente a miembros de la Casa Real, cuyo juicio terminó las sesiones públicas en julio. Se habla de que pudiera dictarse a finales de otoño.

Las acusaciones presentadas en el caso Gürtel -si se confirman, como todo parece indicar- ponen al descubierto cómo funciona y cómo se financia el PP. Los sobornos y regalos a cargos públicos, las comisiones por adjudicaciones de obras y concursos públicos, la propia financiación de las campañas electorales y del mismo partido.

No es casualidad que sea el PP el partido más afectado por la corrupción (recordemos que está acusado como organización en el mismo juicio Gürtel). Como representante directo de ese aparato de Estado franquista, el Partido Popular condensa en sí toda la podredumbre de ese aparato de Estado. Como no es casualidad, tampoco, que en sus primeras declaraciones en el juicio, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, haya explicado, entre otras cosas, sus actuaciones como intermediario ante los ministerios de Fomento y Medio Ambiente para conseguir negocios para las constructoras ACS, OHL y Dragados. Grandes constructoras que nacieron utilizando la mano de obra esclava y monopolizando los contratos de obras públicas del franquismo. Al fin y al cabo, lo que cuenta Correa lo han visto los aficionados al cine en la película de Berlanga La Escopeta Nacional, retrato en clave cómica de la imbricación de negocios y política bajo el franquismo.

La posición de los defensores del régimen

Frente a este verdadero torpedo bajo la línea de flotación de la Monarquía, se han puesto a la tarea los defensores de la continuidad de ese régimen monárquico. Y es que, en la situación social y política actual, una crisis abierta o un estallido del PP, como le pasó a la UCD en 1982, supondría un grave inconveniente para la aplicación de los planes del capital financiero contra los trabajadores y los pueblos. La primera línea de defensa es hacer el vacío al caso, lo que explica la relativamente escasa cobertura del juicio en los principales medios de comunicación. La segunda es la que dice que se juzgan hechos del pasado, “la época de Aznar” (como si eso no siguiera sucediendo ahora). Ambas representan, en líneas generales, a los defensores directos del PP. Aunque de algún modo, los que desde dentro del PSOE proponen la abstención para permitir un nuevo gobierno del PP, tropiezan con la corrupción que pudre a este partido.

La posición más sutil es la que intenta presentar el caso como algo que afecta exclusivamente al PP, o a “un puñado de corruptos”, pero en ningún caso al conjunto del régimen monárquico y sus instituciones. Por tanto, lo van a arreglar los jueces (el aparato judicial franquista va a limpiar las instituciones) o se va a corregir con algunas “medidas anticorrupción”.

La corrupción es el régimen

Hay que decirlo, alto y claro. La corrupción no son casos aislados, ni afecta sólo al PP. La corrupción, que en general es inherente al régimen de la propiedad privada de los medios de producción y cambio, ha sido especialmente lacerante en el caso del capitalismo español. Particularmente durante el franquismo, al amparo del cual florecieron todo tipo de negocios y corruptelas, que han tenido continuidad bajo el régimen de la Monarquía. La proliferación de casos judiciales es una muestra más (como la imposibilidad de formar gobierno o la convulsión interna que vive el PSOE) de la crisis de este régimen. Por eso, sólo puede acabarse con ella acabando con la monarquía presidida por los herederos del dictador Franco.

Esa es, precisamente, la conclusión a la que se oponen con uñas y dientes los que defienden a ese régimen, tanto las “viejas” formaciones como las “nuevas”. Todas y cada una de ellas proponen algunas reformas legales, ya sea en el código penal, en las incompatibilidades de los altos cargos o las “puertas giratorias”, en la dimisión de los imputados o los aforamientos. Defienden estas reformas porque todos ellos, bajo distintas formas, proponen la reforma de ese régimen. Una reforma que puede garantizar su continuidad, es decir, salvarlo.

En particular, las “nuevas” formaciones, como Ciudadanos y Podemos, se proponen como objetivo la “regeneración democrática” del régimen (recordemos que para Pablo Iglesias la cuestión de un cambio de régimen “no es de actualidad”).

Pero si algo demuestra la reiteración de escándalos de corrupción es que ese régimen es irreformable. Para acabar con la corrupción hay que acabar con la Monarquía, hay que imponer la república, una de cuyas tareas debe ser limpiar los establos de Augías de la podredumbre franquista.

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