(Publicado en la Carta Semanal 682 – ver en catalán)

La política que vaya a llevar a cabo el gobierno que ha formado Pedro Sánchez está por ver. Dependerá de muchos factores. Teniendo sólo 85 diputados, dependerá de la aritmética parlamentaria por supuesto, pero sobre todo del desarrollo concreto de la lucha de clases, y, naturalmente, de su propia voluntad, de la política que se proponga.

Muchos analistas dicen que Sánchez ha montado un gobierno destinado a preparar, a medio plazo, unas nuevas elecciones en las condiciones más favorables para el PSOE. Y que buena parte de los nombramientos ministeriales pretende dar una imagen a los eventuales electores. Tal vez, pero esos nombramientos también proyectan un mensaje a los grandes grupos financieros, a las instituciones del régimen de la Monarquía que el gobierno quiere mantener a toda costa, y a las instituciones de la Unión Europea. La prensa habla de que Sánchez ha organizado un gobierno “continuista y europeísta”. Pablo Iglesias, con un poco más de picante, ha señalado que hay ministros que “gustan al PP y a Ciudadanos”.

Partiendo del sainete archiconocido de que los gobiernos se deben a la legalidad vigente, que incluye toda la legislación de la dictatorial Unión Europea y la propia del régimen monárquico español pretendemos analizar el perfil de algunos de los principales ministros de ese gobierno.

José Borrell, ministro de Exteriores, representa una doble garantía. Toda la prensa señala su “europeísmo” (eufemismo que se utiliza para designar a los defensores de la política de la Unión Europea) que le llevó a ser presidente del Parlamento Europeo. Pero también se ha distinguido en los últimos tiempos por su participación en actos de la entidad españolista Sociedad Civil Catalana y por proporcionar supuestos “argumentos” para justificar la represión contra los políticos independentistas.

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Relaciones con las Cortes y de Igualdad, refuerza el mensaje de defensa de la “unidad nacional contra los separatistas”. No en vano ha sido la interlocutora del PSOE con el Gobierno Rajoy en las negociaciones sobre la aplicación del artículo 155 a Cataluña.

Dolores Delgado, ministra de Justicia. Desde 1993 trabaja como fiscal en la Audiencia Nacional, donde fue colaboradora estrecha del juez Garzón y se ha especializado en la persecución a los militantes de ETA y de la Izquierda Abertzale, y a los yihadistas. Supone una garantía de reforzamiento de la política represiva “legal”, no al modo de Jorge Fernández Díaz pero en última instancia sometida a instituciones que vienen de la dictadura.

Margarita Robles, ministra de las Fuerzas Armadas y del CNI. Ha sido anteriormente subsecretaria de Justicia, luego Secretaria de Estado de Interior (para borrar la imagen de Vera, cobertura de los GAL, promoviendo la investigación de Lasa y Zabala). Del 2004 a 2016 ha ejercido como magistrada del Supremo, nombrada por el Consejo de Poder Judicial conservador. Su intención era unir en un ministerio Justicia e Interior, conformando una suerte de Estado policial “legal”, pero esta pretensión ha chocado con la resistencia de clanes de jueces y policías. A cambio de ello, ha exigido el mando del espionaje, del CNI, previsiblemente para cambiar a su actual jefe, el general Félix Sanz, que ha fracasado totalmente en Cataluña, pero también para aglutinar y cohesionar las fuerzas de choque del Estado contra los trabajadores y los pueblos.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. Hasta ahora era vocal del CGPJ designado por el PP. Tiene una larga –y polémica– trayectoria como juez de la Audiencia Nacional, donde se encargó de encarcelar por “terrorismo” a Arnaldo Otegi e instruyó el caso Faisán, contra el supuesto “chivatazo” de mandos policiales a unos activistas de ETA (para evitar la ruptura de la tregua en tiempo de Zapatero). Marlaska representa en toda su pureza al aparato judicial franquista y, en particular, la connivencia con la tortura. Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 5 sentencias, como los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, así como varios de sus compañeros en la propia Audiencia Nacional y la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, han puesto de manifiesto que Grande-Marlaska no investigó suficientemente bien las denuncias de torturas por parte de detenidos que estaban bajo su custodia ni ha implementado medidas que garanticen que no existan malos tratos a los detenidos. Tampoco parece que se haya distinguido en la lucha contra el racismo. En 2016 declaró que «necesariamente tengo que entender que [en los CIE] no hay una vulneración de los derechos fundamentales, sino todo lo contrario, una tutela de los mismos». Criterios peligrosos en presencia de las “asociaciones de víctimas” y sobre todo de las bandas terroristas de Ciudadanos-Falange.

Nadia Calviño, ministra de Economía. Según se ha hecho público será la jefa del área económica del nuevo gobierno, pues presidirá la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Su nombramiento ha sido saludado con entusiasmo por la presidenta del Banco Santander Ana Botín, quien en un twit ha dicho que “tener a @NadiaCalvino como nuestra nueva ministra de Economía es una garantía de que España seguirá aumentando su peso en las instituciones europeas”. Aunque la cosa va ser más bien al revés: Calviño, con una larga historia de servicios en las instituciones de la UE, puede ejercer más bien como una responsable del núcleo de la UE enviada para controlar al Gobierno desde dentro, como supercomisaria.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Como Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía se ha distinguido por aplicar los mayores recortes de todo el Estado a los servicios y los empleados públicos. Citemos lo que dice “María Jesús Montero presume, con razón, de haber embridado las cuentas de la Junta de Andalucía en los duros años de la crisis. Y lo ha hecho con la única fórmula conocida en las administraciones públicas: aplicando severos recortes al gasto público en personal, tanto en Sanidad como en Educación, lo que le ha deparado al Gobierno andaluz severas críticas y movilizaciones en ambos sectores.” Desde Andalucía ha expresado fuertes críticas al modelo de financiación autonómica. Ahora le puede tocar reformarlo de la mano de Calviño.

Teresa Ribera, ministra de Energía y Medio Ambiente. Su nombramiento ha sido saludado tanto por la prensa económica como por las organizaciones “ecologistas” más veteranas, como Ecologistas en Acción, WWF, SEO/BirdLife o Greenpeace. Se la considera una experta en cambio climático y se ha asegurado que liderará la “transición energética”. Sin embargo, como asesora de numerosos organismos mundiales en tema de cambio climático, ha mantenido estrechas relaciones con los grandes lobbies energéticos. Y el hecho de que fuera la que dio el visto bueno al proyecto Castor de Florentino Pérez pone en entredicho su independencia. En teoría viene a fomentar el autoconsumo solar, dando un nuevo vuelco a la política de renovables, en función, posiblemente, de los nuevos intereses de las energéticas.

Carmen Montón, ministra de Sanidad. Como Consejera de Sanidad en Valencia ha recuperado la gestión pública en el hospital de Alcira, una decisión muy criticada por la derecha. El PP organizó campaña contra ella. También restituyó la atención sanitaria a los sin papeles y suprimió copagos chocando con los tribunales. Aunque también despidió a 16 trabajadores del Hospital Provincial de Castellón, chocando con los sindicatos (una pancarta de “adiós, Montón” colgaba en la puerta del hospital con motivo de su nombramiento como ministra). Los despidos han sido recientemente anulados por los tribunales.

Meritxell Batet, ministra de Política Territorial. Representante del PSC en el gobierno, le toca lidiar con la cuestión catalana y con la financiación autonómica (de la que su compañera M. Jesús Montero, a quien toca presidir el Consejo de Política Fiscal, ha sido, desde su puesto en Andalucía, una de las principales críticas). Recién nombrada ministra, ha declarado que se propone revisar los más de 10 recursos del Gobierno Central al TC que paralizan otras tantas leyes catalanas, se ha pronunciado a favor del acercamiento de los presos a Cataluña, “yo vería con buenos ojos el acercamiento a Catalunya, pero es decisión del juez”. Ha defendido una “reforma federal” de la Constitución, pero ha rechazado la posibilidad de un referéndum en Cataluña. El aparato franquista se ha puesto ya en marcha con todos los motores para impedir que su lenguaje “democrático” vaya muy lejos.

¿Podrá este gobierno hacer frente a sus retos inmediatos? Está de inmediato enfrentado a dos cuestiones claves: Cataluña y las pensiones. ¿Será capaz de tomar medidas para avanzar hacia una negociación política abordando la cuestión de los presos? ¿Se atreverá a tomar medidas, aunque sean parciales, de acercamiento de los presos (tanto los catalanes como los vascos)? Con respecto a las pensiones, ¿responderá al clamor de la mayoría social?

Las reivindicaciones de los trabajadores y del pueblo catalán siguen más que nunca sobre la mesa. Responder a ellas será la piedra de toque del Gobierno.

Por nuestra parte consideramos que avanzar en la solución de toda medida positiva ayudará a que los trabajadores y sus organizaciones aborden la cuestión central del principal tapón que se opone a las aspiraciones y reivindicaciones de trabajadores y pueblos: el régimen monárquico.