Declaración del Comité Ejecutivo del POSI del 14 de octubre de 2019
Con la confirmación de lo que muchos se temían, ha acabado el juicio político contra los republicanos catalanes con la publicación de la sentencia. Los jueces del Tribunal Supremo han ejecutado el mandato del Rey, explicitado en el discurso del 3 de octubre de 2017. Entre 13 y 9 años de prisión para cada uno de los procesados que se encontraban en prisión, y condenas similares de inhabilitación, para un total de casi 100 años. Penas que llevan añadida la inhabilitación que les expulsa de los parlamentos para los que habían sido elegidos y les impide ser candidatos en futuras elecciones. Y ello a pesar de que el mismo Tribunal Supremo reconoce que no hubo violencia y que incluso los condenados no llevaron a efecto la ruptura institucional porque solo pretendían presionar para negociar. Una constatación que sin embargo no ha servido para disminuir las penas y que constituye un escándalo antidemocrático.
Pero la sentencia no solo condena a los afectados. Es también una condena a los 2 millones de personas que votaron el 1 de octubre. Y es una condena también contra todo aquel que pretenda romper, aunque sea por medios pacíficos, con el orden constitucional monárquico. Es un aviso para todos los trabajadores y pueblos del Estado español, para los que defienden la República ante la Monarquía heredera de Franco. Para quienes defiendan los derechos sociales y democráticos ante un régimen que los niega.
Representa también una bofetada contra todos aquellos que defendían que los problemas políticos hay que solucionarlos en el ámbito de la política. El aparato judicial no quiere ninguna tregua y los voceros del régimen monárquico ya están utilizando a fondo la sentencia para exigir un reordenamiento de fuerzas alrededor de ella. Una especie de «unión nacional» para que se aplique la sentencia y no haya ninguna «debilidad» democrática. Presionan en ese sentido al presidente en funciones, que ha adoptado el papel que quiere la derecha franquista de este país insistiendo en el cumplimiento completo de toda la sentencia.
Sin embargo las condenas no van a eliminar el problema existente. Una amplia mayoría social en Catalunya y España exige una solución política, y quieren un gobierno que tenga el valor de asumir la defensa de esa aspiraci9ón, de la misma manera que exige que se defiendan las pensiones o se derogue las reformas laborales, la ley mordaza o el artículo 315.3 del código penal. Que tenga el valor de no supeditarse a quienes solo quieren -y buscan- el enfrentamiento entre pueblos.
En cuanto se ha conocido la sentencia, miles de personas se han echado a la calle para protestar. Son la expresión de la indignación y el hartazgo contra un régimen que ahoga las libertades. Más de un centenar de entidades, particularmente UGT y CCOO de Cataluña, se han manifestado de manera unitaria en contra de esta sentencia. Nuevas movilizaciones se preparan.
Todas las fuerzas que representan a los trabajadores y los pueblos, y las organizaciones sociales han rechazado –con distintos matices- la sentencia y señalado que hay que buscar vías políticas para solucionar la “cuestión catalana”. Del otro lado, las tres fuerzas franquistas (PP, Cs y Vox), la han aplaudido o la consideran incluso “blanda”. Y con ellas se ha alineado el gobierno.
Esta sentencia al igual que muchas otras, la de Alsasua, por ejemplo, demuestran que instituciones fundamentales de este Estado siguen siendo franquistas. Y en manos de esas instituciones se ha dejado la resolución de un problema político. Instituciones que no han dudado en enviar a prisión a estas personas por razones políticas.
El atroz acompañamiento de la prensa y TV a esta sentencia no acallará la movilización del pueblo de Cataluña y de los pueblos del Estado español.
El POSI, que desde su fundación ha luchado contra la Monarquía, por la libertad de los pueblos, por la República del pueblo y de todos los pueblos, afirma que es urgente crear un frente común para conseguir la libertad de los ahora condenados, para conseguir las reivindicaciones. Los trabajadores que vayan a votar el próximo 10 de noviembre esperan del gobierno que se constituya ponga en libertad a los condenados y establezca las bases de un diálogo político que abra la puerta a una solución democrática.
En cualquier caso, nuestro compromiso es el de trabajar con todos aquellos que quieran avanzar hacia un gran acuerdo de Trabajadores y Pueblos del Estado español para acabar con este régimen y traer la democracia. La República.