(publicado en la Carta Semanal 522)

Se cumplen 125 años de la primera celebración del Primero de Mayo. En 1889, el Congreso Obrero Internacional, fundador de la Internacional Obrera –conocida como II Internacional– celebrado en París decidió organizar en todos los países una jornada de movilización, con una reivindicación concreta: la jornada laboral de 8 horas.

Este primero de mayo, siguiendo esta tradición, nuestros sindicatos convocan a diversos actos y manifestaciones. A la clase trabajadora ciertamente no le faltan hoy motivos para movilizarse, y los militantes y amigos de la Cuarta Internacional en el Estado Español desfilarán en las distintas ciudades, junto con sus organizaciones.

Como hace 125 años, este día de fiesta y de combate de la clase obrera organizada levanta reivindicaciones concretas. A este respecto, queremos transmitir a los compañeros sindicalistas que estarán a la cabeza de estas movilizaciones nuestros puntos de vista y reflexiones sobre dos cuestiones que nos parecen centrales: la persecución contra sindicalistas y el diálogo social.

No son 8, somos miles

La cuestión de las represalias antisindicales nos parece fundamental. Hay más de 300 compañeros y compañeras de UGT y CCOO perseguidos, amenazados de cárcel, por su actuación en la organización de huelgas, a los que hay que sumar otros muchos de otras organizaciones obreras y sindicales. A estos compañeros y compañeras se les aplica el artículo 315.3 del Código Penal, un artículo derivado del código penal tardofranquista, que considera que las supuestas coacciones ocurridas con ocasión de una huelga son mucho más graves que en otras circunstancias y merecen una pena mayor, una pena de prisión. Basándose en este artículo, hay sindicalistas con peticiones de 5 y hasta 8 años de cárcel por parte de los correspondientes fiscales.

Es el propio derecho de huelga lo que está en cuestión, y por eso, justamente, los sindicatos han lanzado la consigna “no son 8, somos miles” en referencia a los 8 compañeros de Airbús-Madrid a quienes la fiscalía pide pena de prisión de ocho años y tres meses para cada uno de ellos y un total de sesenta y seis años de prisión, además de una fianza conjunta de más de 31.000 €.

No cabe duda de que entre los sindicalistas es unánime la exigencia de derogación del 315.3 y de acabar con los juicios, pero lo que la inmensa mayoría de los trabajadores y sindicalistas reclaman es una acción general y común encabezada por nuestros sindicatos y no correr detrás de cada juicio siguiendo los ritmos que impone el aparato judicial, o sea ante todo el Gobierno a través de la Fiscalía, el Consejo del Poder Judicial, la policía…

Es evidente, además, que esta cuestión sobrepasa el ámbito estrictamente sindical. Cuestiona el propio régimen en el que vivimos, la Monarquía heredera del franquismo, a pesar de las libertades arrancadas por la clase trabajadora con su lucha (recordemos a aquel famoso dirigente que decía que “el derecho de huelga se consigue haciendo huelgas; el derecho de reunión, reuniéndose”). En el Estado monárquico, las libertades, nunca completas, están permanentemente amenazadas, pues son incompatibles con el aparato de Estado heredado del franquismo, con sus leyes e instituciones, y particularmente el aparato represivo y el aparato judicial. Aparatos que –cualquiera que haya estado en un juicio contra sindicalistas por organizar movilizaciones o en una vista de la juez Alaya puede corroborarlo– odia al movimiento obrero y se muestra, en última instancia, incompatible con las organizaciones de éste.

En segundo lugar, el diálogo social

Los dirigentes de nuestras principales organizaciones han hecho del llamado “diálogo social” el eje de su actuación, que recorre el hacer diario. Como afiliados a los sindicatos nos planteamos un problema, que muchos compañeros y compañeras también se plantean, desde un puto de vista práctico y sin premisas ideológicas: para qué sirve este Diálogo Social. Sin apasionamientos, simplemente considerando racionalmente el resultado de las 18 mesas de diálogo abiertas desde julio de 2014, tenemos que constatar que los resultados son inexistentes o negativos.

Los dirigentes de nuestras organizaciones hicieron públicos sus objetivos para esas mesas de diálogo social. Objetivos como una subida significativa del Salario Mínimo. El Gobierno, por el contrario, lo subió un mísero 0,5%. En cuanto a los 2.500.000 empleados y empleadas públicos, tampoco han visto ningún fruto de ese “diálogo”. Para ellos, 2015 es un año más de congelación salarial y de pérdida de empleo.

Lo mismo sucede con la cuestión de los 300 represaliados. Los dirigentes de UGT y CCOO se pusieron como objetivo conseguir en las negociaciones del Diálogo Social la retirada de las acusaciones, la anulación del artículo 315.3, y en última instancia el indulto para los que fueran condenados. Nada de esto ha sucedido. No se ha retirado ninguna acusación. Es más, hay algún caso sonado en sentido contrario. Así, la Secretaria General de CCOO-Illes, Katiana Vicens, fue juzgada el13 de octubre de 2014. La Ejecutiva Confederal, junto con la plana mayor de dirigentes regionales y de rama de CCOO se personó en ese juicio. Katiana fue condenada a una fuerte multa… y el fiscal recurrió de inmediato la sentencia para exigir una condena de prisión. Como la fiscalía depende jerárquicamente del gobierno, se trata de toda una bofetada a la dirección de CCOO.

El artículo 315.3 ha sido mantenido en la reciente reforma del Código Penal. Se han bajado algo las penas, pero se mantiene la pena de prisión por organizar huelgas.

Queda la esperanza de conseguir indultos en cada caso, pero nos permitimos señalar un detalle: ¿Qué sentido tiene que el gobierno dé instrucciones a los fiscales de conseguir 300 condenas para luego dar 300 indultos? De momento no hay ninguno…

Nos dirán algunos: se ha conseguido la ayuda de 426 euros para los parados sin subsidio. Bueno, algo tenemos que decir a este respecto. Cuando el 15 de diciembre se firmó el acuerdo correspondiente (con foto en la Moncloa incluida para mayor beneficio del gobierno) se anunció que esta ayuda de 426 euros llegaría a 425.000 personas. Hoy se calcula que sólo llegará a 40.000 beneficiarios. Haciendo balance de las solicitudes presentadas hasta ahora, sólo un 20% de los potenciales beneficiarios han conseguido cumplir todos los requisitos que se exigen para acceder a la prestación. El Gobierno está rechazando el 80% de las solicitudes. Es decir, que hasta hoy, tenemos que decir que esta ayuda llegaría sólo a un 2% de los parados. Esto sucede cuando el mes de febrero de 2015 marcó un nuevo récord en el número de desempleados que no perciben ningún tipo de prestación. En concreto, 2.137.390 parados ya no cuentan con ningún tipo de ayuda oficial para salir adelante.

Así podíamos seguir repasando todas y cada una de las 18 mesas de “diálogo”. Poco o nada que mostrar en el balance. Un balance que cuenta con un dato inequívoco, la inercia e impasse de las organizaciones sindicales a nivel confederal, que, a su vez, provoca el desencanto de sectores importantes de la clase trabajadora con unos dirigentes a quienes muchos ven excesivamente apegados al gobierno.

¿No es hora de hacer balance?

¿No es hora de volver a lo que siempre ha sido el sindicalismo: la defensa de las reivindicaciones por la movilización y la negociación, no en el marco que dicta el gobierno, sino en el que permite la relación de fuerzas impuesta por nuestra acción? ¿No es esa la vía para recuperar la necesaria confianza de los trabajadores y las trabajadoras?

Estas cuestiones no afectan solo al ámbito sindical, al funcionamiento normal de toda organización sino que son cuestiones que afectan al conjunto de la clase obrera y a todos los que dependen de un salario, de una pensión o un subsidio, o sea, más del 90 por ciento de la población… La ruptura sindical operada hace treinta y nueve años logró una libertad sindical que a pesar de sus limitaciones (como los servicios mínimos) es el mayor avance conseguido en la lucha por la democracia y por tanto el punto de apoyo fundamental para cualquier reivindicación democrática.