(Publicado en la Carta Semanal 523)

El Partido Popular se enfrenta a una situación que puede llevar a su ruptura. Los escándalos de corrupción le afectan desde la cúpula al último ayuntamiento. El juez Ruz acusa al partido de delito fiscal, alegando que se financió ilegalmente durante 18 años, y que los tres secretarios generales del partido eran conocedores de esa situación. La propia sede central del partido se financió con ese dinero de la “caja B”.

Al mismo tiempo, el “caso Rato”, que muestra las conexiones entre el PP y los grandes negocios, les afecta gravemente.

Aunque el aparato de estado ha salido en su defensa, y tanto la fiscalía “anticorrupción” como la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado, se apresuran a negar que exista delito fiscal, con argumentos tan peregrinos como que el PP “no es una entidad económica”, estos asuntos están influyendo intensamente en las perspectivas electorales, ya bastante complicadas por el rechazo generalizado que han generado sus políticas de recortes sociales y democráticos. .

Tras la derrota de Andalucía, donde perdieron 500.000 votos (uno de cada tres de los que tuvieron en 2012), las encuestas auguran la pérdida probable de feudos como la Comunidad Valenciana (incluyendo el Ayuntamiento de Valencia) o Castilla-La Mancha, donde gobierna la actual secretaria general, Mª Dolores de Cospedal. En esta situación, la semana pasada se empezaba a hablar de un posible relevo de Rajoy tras las municipales, y el propio Rajoy daba un golpe en la mesa para afirmar su autoridad y decir que no se iba a ir. El Gobierno se propone mantener la máquina de aprobar leyes durante julio y agosto, para cumplir encargos de los Estados Unidos (tratado bilateral), compromisos con la patronal, urgencias de la troika… Pero nadie descarta que se vea obligado a convocar elecciones enseguida, como apuntó el PSOE.

Una crisis paralela a la del régimen

Por mucho que digan los que repiten una y otra vez lo de “la misma mierda es”, el PP no es un partido cualquiera. Fundado por varios ministros de Franco, es el partido de los franquistas, y tiene sus raíces en lo más hondo del aparato de estado heredado de la dictadura, bajo la tutela del propio heredero nombrado por Franco, y actúa como representación política de ese mismo aparato. Precisamente por eso alberga, también, como ninguno, el régimen de corrupción generalizada propio del franquismo (aunque la podredumbre del régimen haya contaminado también a otras organizaciones que viven en las instituciones del régimen).

Por eso, la crisis de la monarquía se acompaña de fenómenos de descomposición cada vez más evidentes dentro del propio PP. Una descomposición que preocupa gravemente al capital financiero (que desde 1936 ha confiado en el franquismo como su agente político), así como a todos los defensores del régimen monárquico. De ahí que no sólo la fiscalía y la abogacía del Estado salgan en defensa del PP. Al mismo tiempo, El País y otros medios de comunicación se inventan el notición de que según las encuestas el PP gana en Madrid: en realidad la mayor parte de encuestas de los últimos meses dan al PP como primera fuerza en Madrid, sobre todo en el ayuntamiento, lo que está por ver es si con el apoyo de Ciudadanos consigue la mayoría, y esto no parece garantizado con el pequeño tirón, ya descontado, de la Sra. Aguirre.

Al mismo tiempo, la previsible pérdida electoral del PP lleva a que sean más necesarias que nunca tanto las operaciones de recambio tipo Ciudadanos como las adaptaciones necesarias de otras organizaciones para integrarlas en las operaciones de salvación del régimen.

Pasos hacia amplios pactos

Hace un par de semanas analizábamos en la Carta Semanal las exigencias de ajuste del FMI y cómo éste llamaba a un compromiso de todos los partidos políticos, incluyendo los “nuevos” en este sentido. También señalábamos que este compromiso debía extenderse a las direcciones de UGT y CCOO.

En este tiempo se han sucedido algunos acontecimientos señalables. Por un lado, el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho públicas sus propuestas de derogación de la reforma laboral (la de Rajoy, pero no la de Zapatero, de la que la reforma de Rajoy era continuación y desarrollo), y de un “nuevo Estatuto de los Trabajadores”, “que sea una carta de derechos laborales y no un catálogo de precariedad”. Muchos sindicalistas han visto ahí una posibilidad de mejora.Pocos días después, los dirigentes del PSOE desembarcaban de manera masiva en las manifestaciones del 1 de mayo convocadas por UGT y CCOO. Es evidente que Sánchez intenta amarrar a su proyecto a las direcciones, a los cuadros y a la afiliación de ambos sindicatos. A mismo tiempo, Felipe González insiste en que Sánchez debe ser el único candidato a la presidencia del gobierno, lo que evitaría que volvieran a manifestarse -y, peor aún, a organizarse- amplios fenómenos de oposición como el que significó el 20% de votos de Pérez Tapias en la elección a secretario general. ¿Se trata de una alternativa compatible con los planes del FMI? Habrá que verlo, de momento no tranquiliza que se elimine el antiguo estatuto –compendio de muchas conquistas obreras– en lugar de limpiarlo de recortes, ni tranquiliza que el 1 de mayo en un artículo sobre ese Estatuto Pedro Sánchez se refiera a la negociación colectiva como un instrumento para las “necesidades de competir en la zona euro y con mayor relación entre salarios y productividad”.

La ruptura del gobierno de coalición PSOE-IU en Andalucía, que se produjo cuando la dirección de IU anunció -ante el creciente descontento de su bases respecto de la política de recortes sociales que practicaba ese gobierno , “por imperativo legal”- que se iba a convocar un referéndum interno de sus militantes para decidir sobre la continuidad del pacto, demostró que Izquierda Unida no es un socio fiable para aplicar nuevos ajustes. Eso explica en buena medida las operaciones de voladura de IU que se han venido desarrollando desde entonces.

En esta situación, es interesante observar lo que ha sucedido en Podemos en estos últimos días. Las operaciones de búsqueda de la más amplia “unidad nacional” deben contar, al menos por el momento, con esta formación. La reciente dimisión de Juan Carlos Monedero, que se ha producido inmediatamente después de sus declaraciones que señalaban la deriva de la formación hacia su integración plena en el régimen, en la “casta”. Monedero era considerado hasta ahora el número tres de Podemos y era el responsable de la confección de los programas de Podemos. En las últimas semanas se han dado a conocer las diferencias entre Monedero, por un lado, y Carolina Bescansa e Íñigo Errejón, por otro.   En este sentido, El País explica que “Monedero cayó tras un pulso interno con Errejón en la dirección de Podemos”.

¿Qué defiende Errejón? El pasado día 26, en una entrevista concedida a Europa Press, y que la agencia titulaba “Errejón dice que Podemos no quiere ‘revertir’ el ‘régimen del 78’”, éste explicaba que Podemos quiere hacer “transformaciones estructurales”, para superar la “crisis del régimen del 78”, es decir, una reforma que en ningún caso toque las instituciones fundamentales. Es más, Errejón decía incluso que utilizar la palabra “régimen”, “puede sonar muy fuerte”.

Ya no se trata, por tanto, de eludir la cuestión de la República, que a Errejón le parece un debate con un tono “melancólico”, que lleva la discusión “a términos del pasado”, sino de asegurar que se puede contar con ellos para mantener al régimen, que Errejón consideraba en esa misma entrevista “democrático”, con algunas reformas. Parece, pues, que Monedero ha hecho de Varufakis en este debate y que ha sido dejado de lado. Y la propia “oposición” dentro de Podemos también ha dado pasos para adaptarse a esta situación, manteniendo su apoyo a Pablo Iglesias. Lo que explica las rupturas de los Anticapitalistas en Madrid, y en varias provincias de Andalucía.

¿Cómo puede abrirse camino la clase trabajadora?

Esa es la cuestión principal en esta situación. Cómo puede la clase trabajadora, a cuyas organizaciones tratan de volver a encerrar en el marco de defensa del régimen y de aplicación de los planes de destrucción diseñados por el FMI y por la Unión Europea, unir sus fuerzas para defender y recuperar sus conquistas sociales y democráticas y conquistar sus reivindicaciones. Cómo puede escapar de ese apoyo a operaciones de “unidad nacional”, cuyo único objetivo es aplicarle nuevos ataques. Y cómo puede utilizar su fuerza para derrotar al PP, expresión del aparato de estado franquista, y expulsarle de los ayuntamientos para echarle del gobierno. Las 80 manifestaciones de este primero de Mayo, sin ser masivas, aunque haya habido más participación que el año pasado, demuestran que la vanguardia de la clase trabajadora esta dispuesta a plantear el conflicto abierto en términos de clase.

Ese debate, que debe recorrer la campaña de las elecciones municipales, plantea la tarea urgente de agrupar compañeros de y en todas las organizaciones del movimiento obrero y popular para dar expresión política a los intereses de la mayoría social y ayudar a la clase a levantar el frente unido de sus organizaciones. Es lo que puede significar la Conferencia Obrera que el CATP invita a preparar para el 27 de junio.