Carta Semanal 827 en catalán
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¿Quién es responsable del actual dislate sanitario? No son los médicos y enfermeras, sino el actual sistema sanitario que arrastra los recortes y que además se aprovecha la pandemia para acelerar la privatización, o creando monstruos como el Zenda de Madrid. No es responsable, ni la población, ni la juventud que quiere vivir y no soporta la represión y los ataques al empleo y a las condiciones de trabajo y de estudio
El problema es simple. En un momento en que se han descubierto vacunas eficaces, el Gobierno, los gobiernos y las instituciones internacionales se someten a la ley del mercado, a lo que dictan las farmacéuticas, negando el derecho a la vacunación a millones de personas. Ni siquiera se plantean comprar vacunas que al parecer son igual de eficaces y menos caras, como las rusas. Hay vacunas efectivas, la pregunta es por qué no llegan a la mayoría de la población. De nuevo las instituciones del capital como la UE aparecen como lo que son, las defensoras del lucro privado, por encima del derecho a la salud.
El gobierno a pesar de llamarse progresista se ha negado y se niega a dotar al sistema sanitario de los medios y facilitar las vacunas a la población a todos los que quieran vacunarse. Y si es necesario, no dudar en intervenir y expropiar para facilitar los medios necesarios a todos los niveles, desde las vacunas, a todo el material necesario
En los últimos días, varias campañas se han puesto en marcha en relación con las patentes de las vacunas contra el coronavirus.
En primer lugar, una tribuna internacional titulada Retirad las patentes sobre las vacunas contra la Covid, dirigida a la OMS y firmada por responsables políticos, ministros, antiguos ministros, antiguos presidentes de países de diferentes continentes, que propone: “Hoy, son algunas multinacionales de la Big Pharma las que arramblan con todo (…). Proponemos retirar las patentes sobre las vacunas y los futuros tratamientos contra la Covid. El dinero no debe ser un freno a la salud mundial”.
Médicos sin Fronteras, por su parte, difunde otra iniciativa dirigida a la Organización Mundial del Comercio que dice: “ahora es nuestra oportunidad de cambiar la historia. Durante febrero y marzo, los gobiernos se reunirán en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para revisar la solicitud presentada por India y Sudáfrica que propone suprimir las patentes sobre las vacunas de la COVID-19 mientras dure la pandemia y hasta lograr la inmunidad mundial”.
Una tercera propuesta, la Iniciativa Ciudadana Europea #Right2Cure, que cuenta en el estado español con el apoyo de Unidas Podemos, UGT y CCOO, entre otros, bajo el título “Que nadie se lucre con la pandemia”, pide a la Comisión Europea que haga “todo lo que está en su mano para que las vacunas y tratamientos sean considerados un bien público global, accesible a todos y todas de manera gratuita”.
¿Un capitalismo “bueno”?
Todas las iniciativas, aunque se dirijan a distintas instituciones del capital, piden a los gobiernos actuales que acepten de buena gana arrebatar a las multinacionales una de sus gallinas de los huevos de oro. Las vacunas contra el COVID suponen, no lo olvidemos, un negocio potencial de más de 100.000 millones de euros. Solo Pfizer calcula ganar más de 14.000.
Tras el lenguaje radical contra Big Pharma, hay sin embargo una realidad ineludible: en el sistema capitalista todo es mercancía, incluida la salud. Habría que preguntarse por qué el tratamiento del COVID no debe ser negocio, pero sí el de la hepatitis B, o la tuberculosis, o el cáncer (donde el coste de un tratamiento se calcula en unos 90.000 euros).
La tribuna internacional de personalidades que citamos antes propone, pues, con esta campaña sobre las patentes en relación con los problemas medioambientales, establecer una nueva “sociedad de la cooperación”.
Qué pensar de esta tribuna que señala: “La Plataforma Intergubernamental Científica y Política sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos prevé que podríamos entrar, a causa de los estragos ecológicos, en una “era de pandemias”. No las afrontaremos primando los intereses privados y las fortunas del Big Pharma. Por el contrario, hemos de construir a escala mundial una sociedad de la cooperación. Podemos empezar ahora afirmando que las vacunas y los tratamientos antiCovid son bienes comunes”.
Ya en el primer confinamiento hubo un llamamiento de personalidades titulado “El día después”, para hacer desaparecer el día de hoy. Ahora, cuando el tiempo apremia, se nos propone de hecho una ordenación del sistema capitalista para un largo período.
De alguna manera, es el equivalente de la llamada “transición ecológica”, tan esgrimida en el ámbito económico, en el momento en que el capital utiliza la pandemia y el argumento ecológico para aplicar todos los planes de reestructuraciones y despidos que tenían en sus cajones. En nombre de la lucha por el medio ambiente y la “necesaria” reducción del transporte aéreo, decenas de miles de empleos están amenazados en los Aeropuertos de toda Europa.
¿Quién puede creer que esos trust, que obtienen miles de millones de ganancias, van a aceptar dejar la patente de las vacunas en el ámbito público? ¿Quién puede creer que la OMS, la Unión Europea, los gobiernos a su servicio, quieran y puedan doblegar a esos trust? ¿Quién puede creer que Biden, que lanza un “plan de rescate” de dos billones de dólares para financiar la industria, va a pedir a los grandes trust farmacéuticos –mayoritariamente estadounidenses- que renuncien a sus ganancias? Es como creer que un cordero pueda comerse a un lobo.
No basta con pedirlo, si de verdad se quiere asegurar el derecho a la salud concretado en el derecho a la vacunación, la exigencia debe ser la de liberar las patentes sin indemnización alguna, conjuntamente con poner todos los medios para su fabricación; y para que esto no se reduzca una vez más a una formulación retórica, debe organizarse la movilización que lo haga posible.
Desviar la atención de la responsabilidad de los gobiernos
En el mismo momento en que la Unión Europea y los distintos gobiernos denuncian el insuficiente número de vacunas entregadas por los laboratorios, esas campañas sobre la patente y presuntamente contra Big Pharma parecen complementarse. De hecho, al concentrar todo sobre Big Pharma, se desvía la atención de la responsabilidad de cada gobierno.
Habría que preguntarse, además, si esa medida va a paliar la escasez de vacunas. Porque se repite lo que ya sucedió al comienzo de la pandemia, cuando la un día poderosa industria europea se mostró incapaz de fabricar cosas tan elementales como mascarillas y batas de plástico. ¿Dónde se iban a producir esas vacunas en una Europa cuya industria farmacéutica ha sido desmantelada o deslocalizada a China, la India, y otros países donde la explotación acentuada de los trabajadores permite bajar los costes de producción?
Porque en Europa, donde los gobiernos pagan a tocateja los contratos milmillonarios que han firmado con las Big Pharma, el suministro de vacunas es muy lento, y los laboratorios incumplen una y otra vez los compromisos de suministro, a la vez que priorizan el envío de vacunas a países que las pagan más caras, como Israel, que ya ha vacunado con una dosis a más del 50% de su población, y el 75% de los mayores de 50 años ya han sido vacunados con las dos dosis de la vacuna. En España, oímos cada día a responsables de vacunación, a representantes políticos protestar porque reciben dosis ínfimas. Se ven obligados a cancelar las citas de vacunación. Y esto es claramente responsabilidad del gobierno.
El gobierno nos asestó el golpe del confinamiento como única solución. Un confinamiento que no es otra cosa que un procedimiento medieval, que demuestra la incapacidad del sistema sanitario de hacer frente a la pandemia.
En plena pandemia, se mantienen los recortes en la Sanidad
A falta de vacunas suficientes, y de un sistema sanitario capaz de atender a la población, sólo les queda a los responsables políticos intensificar las medidas de confinamiento y arremeter contra la supuesta irresponsabilidad de una población que lleva un año sin poder salir, como no sea para trabajar o para cuestiones esenciales. Y sobre todo, contra unos jóvenes a quienes les pesa cada vez más el confinamiento, mientras viven con indignación cómo su derecho a la educación se ve negado con la supuesta “enseñanza telemática”. En realidad, esta intensa campaña pretende ocultar la responsabilidad de los gobiernos en la destrucción de la sanidad pública. Solo entre 2010 y 2017 se redujeron los gastos en sanidad en más de 30.000 millones de euros, y se expulsó de la sanidad –e incluso del país- a decenas de miles de médicos y enfermeros que huyeron de los recortes de salarios, la precariedad y el deterioro de las condiciones laborales.
Pero tras los discursos, está la realidad: para los que quieren vacunarse, lograr una cita es una carrera de obstáculos. Es la anarquía capitalista, es la responsabilidad del gobierno, de todos los gobiernos.
A los que afirman que todo el mundo tiene un enemigo común, el virus, y que habría que unirse en la lucha contra él, les respondemos: ninguna unión nacional, ningún apoyo, ninguna confianza en gobiernos que no protegen a la población sino al capital. Ellos son los responsables de esta situación. Cese de los recortes en la sanidad, presupuesto de urgencia para recuperar el servicio, creación de puestos en la sanidad, planes de recuperación de los médicos y enfermeros que se han ido, fin del confinamiento, del toque de queda, del estado de emergencia, reapertura de las facultades, vacunación inmediata para todos los que lo deseen.
Esa es la línea de combate contra los gobiernos que se someten a los intereses del capital financiero, incluyendo las multinacionales farmacéuticas. Vacunémonos contra los que quieren que olvidemos nuestras reivindicaciones e intereses de clase para someternos a las reglas de un sistema capitalista que ni siquiera es capaz de garantizar la supervivencia física de los mayores, de los más débiles, del conjunto de la población.