(Publicado en la Carta Semanal 681 – ver en catalán)

La caída de Rajoy profundiza la crisis del régimen monárquico: los trabajadores y los pueblos necesitan exigir sus reivindicaciones tanto tiempo negadas, pero el capital (con la amenaza de la prima de riesgo) y el aparato de Estado exigen que se mantengan todos los recortes y contrarreformas y se maniobre para negar el derecho a decidir.

Este viernes 1 de junio el Congreso de los Diputados por 180 votos contra 169, votó la moción de censura presentada por Pedro Sánchez en nombre de la bancada socialista, que al cabo aglutinó la mayoría, porque era insostenible el PP pero tampoco había condiciones para que Ciudadanos enfrentase las exigencias sociales y nacionales, como algunos sectores del capital propugnaban.

Pero hay que precisar: antes de este voto, el gobierno Rajoy era ciertamente minoritario en la sociedad, se encontraba profundamente asediado por la resistencia de los trabajadores, de los pensionistas, y enfrentado a las aspiraciones nacionales de pueblos como el catalán en primer lugar. Era un gobierno cercenado por la corrupción, después de casi 6 años de medidas antiobreras y antidemocráticas, de reformas laborales, leyes mordaza, persecución de sindicalistas. Era un gobierno que por primera vez llevó a cientos de sindicalistas al banquillo por hacer huelga y con su No a las exigencias económicas y políticas puso en pie al pueblo catalán, pero fue incapaz de articular el frente anticatalán como el Rey y todo el establishment le exigía.

En definitiva, un gobierno “sacrificado” por los poderes que están detrás de la Audiencia Nacional (que dictó la sentencia sobre el caso Gürtel el 25 de mayo condenando al PP como una máquina de fraude, extorsión, y cuando están aún pendientes varios juicios con encausados del PP).

La caída de Rajoy se suma a la crisis de todos los gobiernos y regímenes europeos confrontados a la resistencia de sus pueblos, hartos de austeridad y medidas antiobreras. Ha caído otro firme defensor de los intereses del capital financiero, de los privilegios y arbitrariedades de las instituciones heredadas del franquismo, en primer lugar, de la Monarquía restaurada por el dictador y aceptada por el PCE, el PSOE, el PNV y CDC en los Pactos de la Moncloa de 1977.

Cae otro súbdito fiel a los designios de los Estados Unidos, de sus aventuras militares, a sus cercos a naciones amigas como Venezuela. Cae otro fiel administrador de las directivas de la Unión Europea, del FMI, de las instituciones internacionales del capital financiero.

Los trabajadores y los pueblos de toda Europa, que se enfrentan a sus propios gobiernos reaccionarios se preguntan ¿cuál será el próximo?

¿Y ahora?

Pasando por Madrid y Bilbao, de norte a sur, la población trabajadora respira aliviada. Todos los pueblos de este país, en primer lugar, el pueblo catalán respiran satisfechos, aunque sin duda con una confianza limitada con relación al nuevo gobierno encabezado por Pedro Sánchez. Pero los presos siguen en las cárceles, y sobre todo el régimen monárquico agonizante es incompatible con una solución basada en el derecho a decidir.

La CEOE y la banca se han apresurado a exigir públicamente al nuevo gobierno que no derogue la reforma laboral ni toque las principales contrarreformas y recortes de Rajoy. Por el contrario, la plataforma de pensiones, voces destacadas de los sindicatos y la propia voz de la calle exigen al gobierno que rompa de verdad con la era Rajoy, que derogue las reformas laborales y de pensiones (lo que es incompatible con las exigencias prioritarias del capital), la LOMCE, la Ley Mordaza, los recortes a los empleados públicos y todos los recortes. De entrada, a Sánchez le han exigido que aplique los Presupuestos del Estado aprobados por el PP, Cs y el PNV, que mantienen los recortes. De lo que haga en ese sentido dependerá, en buena medida, el futuro de este gobierno

La caída de Rajoy deja a la Monarquía desnuda

Nadie se llama a engaño, la corrupción del Gobierno es solo la punta del iceberg del conjunto de las instituciones heredadas del franquismo, enemigas de las libertades y derechos sociales arrancados después de la muerte de Franco y muy limitadamente inscritos en la Constitución del 78. Instituciones franquistas y conquistas son dos cosas incompatibles.

El acontecimiento parlamentario de este viernes 1 de junio es solo una etapa en el enfrentamiento inevitable entre los trabajadores y los pueblos y el régimen monárquico.

Por el otro lado, esta vez Pedro Sánchez, para forjar la mayoría parlamentaria tuvo que buscar “tender puentes”, proponer los puntos comunes: la defensa del sistema público de pensiones, el rechazo a la reforma laboral, a la ley mordaza, incluso con relación a Cataluña rechazando las arbitrariedades de los Tribunales contra el Estatut de Cataluña en 2010 votado por el pueblo en 2006 y al origen del actual enfrentamiento con la mayoría del pueblo de Catalunya que quiere decidir sobre su destino. No amaina la disposición a dinamitar cualquier posible acuerdo entre el Gobierno y el pueblo catalán.

Forjar la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos

Los pactos y consensos que permitieron en el 77 elaborar la Constitución que, consagrando la preservación de una buena parte de las instituciones franquistas, concedía conquistas sociales y democráticas y el derecho a la organización, han llegado a su fecha de caducidad. El enfrentamiento es abierto. Se abre una nueva etapa.

El hecho de que los representantes actuales de los trabajadores y los pueblos (en particular catalán y vasco) hayan forjado temporalmente en las Cortes un Pacto para echar a Rajoy, para echar a los franquistas del gobierno, es la demostración de que para hacer frente a la herencia franquista -instrumento de los intereses del capital financiero- es necesario y posible forjar una alianza de trabajadores y pueblos.

Al margen de la calificación que merecen los actuales representantes de éstos, hay una evidencia. Esta alianza es indispensable para responder positivamente a las aspiraciones de unos y otros. No se equivocan los portavoces de la Corona como el ABC que “denuncian” el pacto del PSOE con los llamados por ellos terroristas y separatistas que quieren “romper España”. (Véase el editorial de ABC del 1 de junio) otros como El País (y la vieja guardia reaccionaria del PSOE como Felipe González) exigen elecciones de inmediato para intentar impedir que Pedro Sánchez teja acuerdos con los demás partidos en el sentido de responder a las reivindicaciones más sentidas. Recordemos que decenas de proposiciones de ley aprobadas mayoritariamente duermen en el limbo porque el gobierno Rajoy vetó su tramitación o las impugnó al Tribunal Constitucional.

Mejores condiciones para el combate de emancipación social y nacional

El nuevo gobierno ha declarado que respetará los presupuestos en trámite, que deben ser ratificados el 16 de junio por el Senado. Presupuestos continuistas en la austeridad. Pero que han integrado el retroceso parcial de Rajoy en la contrarreforma del sistema de pensiones: retrasando la aplicación del criterio de sostenibilidad y restableciendo el cálculo del aumento las pensiones por el IPC. Medidas que supusieron la desaprobación de la Unión Europea y el FMI (aunque Sánchez, como antes Montoro, puede acabar erosionando las bases del sistema de la Seguridad Social basado en cuotas al propugnar impuestos finalistas).

Sin lugar a dudas los trabajadores y los pueblos esperan de este gobierno medidas positivas en todos los terrenos. Esperan la defensa integral del sistema de pensiones derogando las anteriores reformas. Exigen la derogación de la LOMCE, de la ley mordaza, del artículo 315,3 del Código Penal. Esperan medidas de liquidación de los recortes en educación, sanidad, y el conjunto de los servicios públicos

Y medidas urgentes para restablecer el dialogo político en Catalunya, tomando las medidas necesarias para liberar a los presos políticos y acabar con la persecución judicial.

En esta batalla, en que la clase obrera esta dispuesta a pasar a la acción llevando consigo a sus organizaciones, particularmente a los sindicatos, el obstáculo del régimen está ya presente. No es por casualidad que las encuestas del CIS ocultan que la mayoría de la población es favorable a un referéndum en que se decida entre Monarquía o República.

Se va a extender la conciencia de que no es suficiente cambiar de gobierno, de que hay que acabar con los poderes de las instituciones que defendiendo al capital financiero aseguran la explotación del trabajo y la opresión de los pueblos, de todos los pueblos, y en primer lugar el catalán y el vasco.

En los enfrentamientos que se preparan la Monarquía y sus instituciones van a aparecer más que nunca como los enemigos de derechos y libertades.

Al margen de la voluntad de unos u otros esta es la cuestión que esta en juego. Y los partidos y organizaciones que hunden sus raíces en el combate de la mayoría social están ante el dilema siguiente:

O se ponen a la cabeza de la lucha por las reivindicaciones, o, de la mano de los franquistas, van a hacer pagar a los trabajadores y los pueblos el precio de sostener cada día a este régimen en crisis. A este respecto, citemos lo que dice el director de El País, Antonio Caño: “En la forma en que se comporte ese Gobierno durante esa transición, está en juego el futuro del Partido Socialista. […] El PSOE puede acabar siendo víctima de la misma ola que ha arrastrado a Rajoy”.

En estas condiciones, la resistencia cotidiana en pos de la satisfacción de las aspiraciones sociales y democráticas va a establecer su relación con la lucha contra el régimen monárquico abriendo la vía al combate por la República del pueblo, de los pueblos, y al servicio de ellos. Es en esta vía que actuarán los militantes obreros republicanos e internacionalistas.