(Publicado en la Carta Semanal 751 – ver en catalán)
En el momento que esta Carta es publicada, está al caer la sentencia contra los republicanos catalanes. La prensa anuncia desde el viernes que el Tribunal Supremo descarta el delito de rebelión consumada y que el asunto se quedaría en sedición. Para cualquier observador imparcial el juicio ha sido una pura farsa.
Para nosotros, que no somos imparciales, el juicio y la probable sentencia son una evidencia de que la herencia franquista sigue bien viva, particularmente en las instituciones de justicia. Ante ello no sólo la movilización contra las probables sentencias es un deber, sino que es una necesidad democrática, una exigencia a todas las organizaciones que dicen defender los derechos sociales y democráticos.
La polémica del momento es la decisión del gobierno de sacar los restos del dictador genocida Franco del lugar de honor que ocupan en la Basílica del Valle de los Caídos para llevarlos a un panteón privado, una decisión a la que se oponen la familia del dictador, la Fundación Francisco Franco, y el prior benedictino de la Basílica (que ha sido candidato por la Falange en varias elecciones). También se opone el juez de Madrid José Yuste Bastarreche, que ha intentado paralizar la licencia de obra necesaria para desenterrar a Franco.
Qué duda cabe de que cualquier demócrata se alegra de que los restos de Franco sean sacados del Valle de los Caídos. Un paso necesario, pero que no basta. Porque, además del mausoleo del dictador, el franquismo sigue perviviendo en las instituciones del Estado. Y nadie ha hablado de sacarlo de ellas.
A poco que se escarba en el aparato de Estado, sale franquismo
Ahora está de moda decir que el franquismo es Vox (y sólo Vox). Una afirmación que “blanquea” a todas las demás manifestaciones del franquismo. A las instituciones del Estado y a las otras representaciones políticas de ese aparato de Estado, como el PP (la principal) y Ciudadanos.
Para explicar esto, empecemos por analizar un poco más dos hechos que hemos mencionado antes. Para empezar, la Fundación Francisco Franco, cuyo objetivo estatutario es difundir “la memoria y obra” del dictador, está presidida por el general en la reserva Juan Chicharro Ortega. Sólo con esto se puede comprobar los lazos que existen entre el ejército, continuador -sin depuración alguna- del ejército del 18 de julio. Un ejército del que fueron expulsados -cuando no fusilados- todos los que se opusieron al golpe militar del 18 de julio de 1936 y del que fueron expulsados -hasta 1975- todos los que osaron oponerse al franquismo.
Pero -dicen algunos- “eso es el pasado”, “ahora tenemos un ejército democrático”. Unas alegaciones que se topan con la cruda realidad. Sin ir más lejos, en el verano de 2018, más de mil militares en la reserva suscribían un manifiesto titulado “Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España”. La inmensa mayoría de los firmantes que reivindicaban la obra del dictador eran generales y coroneles. Naturalmente, ningún militar en activo firmó, para no exponerse a posibles sanciones, pero hubo más de uno que firmó al día siguiente de salir de la reserva.
Más aún, hay que recordar que Juan Chicharro fue ayudante de campo del rey Juan Carlos I. Y que, entre los 1000 firmantes de la declaración antes citada, figuraban el almirante Antonio González-Aller Suevos, ex jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey, y el teniente general Agustín Muñoz-Grandes Galilea, que también fue miembro del Cuarto Militar del Rey Juan Carlos. Lo que viene a recordarnos los lazos evidentes entre Juan Carlos de Borbón, heredero designado del dictador, y el franquismo.
El magistrado José Yuste Bastarreche, que intenta paralizar la licencia de obra para desenterrar a Franco, se ha destacado por caracterizar de “maldad” la Ley de Memoria Histórica. También dijo que el escudo español “auténticamente constitucional” es el franquista del águila. A lo mejor es un poco más bocazas que otros jueces, pero, como veremos más adelante, el franquismo judicial no es una anécdota aislada.
La prensa se ha hecho eco recientemente de las declaraciones de Ortega Smith, secretario general de Vox (y primo, por cierto, de Juan Chicharro), en las que decía que las “13 Rosas”, militantes de las JSU condenadas y fusiladas en 1939 por un delito de “adhesión a la rebelión”, “lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente. Cometieron crímenes brutales”. Muchos menos son los que recuerdan la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual las sentencias de los tribunales franquistas no son revisables. Por tanto, la sentencia de las 13 rosas, y de 50 hombres condenados en el mismo Consejo de Guerra e igualmente fusilados, para el Supremo es una sentencia legal. El mismo Supremo al que se le escapaba en una reciente sentencia que Franco fue Jefe del Estado” desde el 1 de octubre de 1936, cuando fue designado por los golpistas en plena guerra civil. El mismo Supremo que hoy está pendiente de condenar a los republicanos catalanes o que acaba de ratificar largas condenas a los chavales de Alsasua que se pelearon en un bar con un grupo de guardias civiles. La Audiencia Nacional había ido aún más lejos, y los había declarado “terroristas”.
¿Qué duda cabe de que la persecución y las condenas contra cientos de sindicalistas por organizar huelgas, en aplicación del artículo 315.3 del Código Penal, es puro franquismo[1]? Como lo es la colusión sistemática entre policías, fiscales y jueces en esos juicios para dar por buenas declaraciones imposibles o negarse a admitir pruebas en contrario.
Está de moda asombrarse o rasgarse las vestiduras ante las sentencias y pronunciamientos judiciales ante caso de violencia contra las mujeres, como el del juez de Pamplona que hizo constar en un voto particular de la sentencia por la violación en grupo de “la Manada” que él veía no veía violencia alguna sino sexo “en un ambiente de jolgorio”, o la juez que llamó -cuando creía que nadie la escuchaba- “bicho” e “hija de puta” a una defensora de los derechos de la mujer. Pero el hecho es que el conjunto del aparato judicial y policial se ha resistido con uñas y dientes a perseguir la violencia contra las mujeres.
¿Y qué decir de los cuerpos policiales, también heredados del franquismo sin depuración alguna? El País publicaba el 5 de mayo de 2018 un artículo titulado Vox gusta en los cuarteles, donde explicaba cómo la extrema derecha cosechaba sus mejores resultados “en los distritos electorales de bases militares y casas cuartel de la Guardia Civil”.
No sólo es que los torturadores sigan disfrutando de medallas con premio económico incluido. Acabamos de ver cómo los máximos responsables de los Mossos d’Esquadra abandonaban indignados las celebraciones de la Patrona de Guardia Civil en Barcelona ante el discurso provocador del general jefe de la “benemérita” en Cataluña, Pedro Garrido. En realidad, todo el acto en sí era una provocación contra el pueblo de Cataluña. Estaba como invitado de honor y asistió en primera fila a los actos el fiscal Javier Zaragoza, que acusó de rebelión a los republicanos catalanes ante el Supremo. Además, en el mismo, la Guardia Civil condecoró a título póstumo al titular del Juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, que llevó la causa principal contra los líderes independentistas, y a la secretaria del mismo, Montserrat del Toro, que declaró por los hechos ocurridos ente la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017.
Democracia es República
No cabe duda. Más allá del valor simbólico que pueda tener sacar a Franco del Valle de los Caídos o sacar a golpistas y criminales del callejero, acabar con el franquismo y establecer la democracia exige acabar con el Régimen, imponer la democracia, traer la República del pueblo, de los pueblos, para el pueblo. Un cambio que sólo puede venir de la movilización obrera y popular, que incluye la lucha por las reivindicaciones.
[1] Introducido en julio de 1976, cuando aún los sindicatos no eran legales, con el objetivo declarado de “hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga”.