(publicado en la Carta Semanal 447)
El martes 5 de noviembre, 7 horas después de conocer la sentencia de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anulando el ERE que supuso el despido de 1.000 trabajadores de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), el gobierno valenciano anunció su cierre. “La Generalitat no puede asumir el coste de readmitir a los despedidos (40 millones de euros) y no va a cerrar un hospital o un colegio para mantener RTVV”, declaraba Alberto Fabra, presidente de la Generalitat.
De todos es sabido que la deuda de Canal 9 (1.200 millones de euros) se debe al robo a manos llenas de los recursos públicos, a la manipulación política y a los negocios del PP durante 20 años. Sólo la visita del Papa a Valencia (investigada como pieza de la trama Gürtel), los derechos deportivos con equipos de fútbol, la Fórmula 1 y la Copa América suponen desembolsos ruinosos de 180 millones de euros, a los que hay que sumar contrataciones millonarias de directivos de confianza y el dinero pagado a productoras externas por programas como tarots y teletiendas u otros que ni se han emitido por su baja calidad, y que ha ido creciendo año a año: 35 millones de euros en 1999 y 45 millones el año 2000, llegando a los 57 millones de euros pagados por producción externa en 2007. Producto de la manipulación y de la baja calidad es el 1% de audiencia media de RTVV. Ya ni como instrumento de propaganda le sirve al PP.
La reacción de los trabajadores y de la población al anuncio del cierre de RTVV ha ido desde la toma del control de la programación de la cadena por los trabajadores del medio hasta las manifestaciones masivas y la concentración espontánea de un millar de trabajadores ante el palacio de la Generalitat reclamando el mantenimiento de Canal 9 y la dimisión del Presidente autonómico. Sin embargo, los dirigentes sindicales se han limitado a acompañar el proceso, sin adoptar ningún compromiso, sin ninguna lucha por levantar a los trabajadores y al pueblo contra el cierre y contra un gobierno autonómico desprestigiado, odiado, dividido y aislado como no hemos visto antes. Un gobierno que, para provocar el enfrentamiento y así tratar de mantenerse, ha encargado un informe al “Alto Consejo Consultivo” de la Generalitat, formado entre otros por Ramón Tamames y José Barea, que ventea todos los agravios entre comunidades autónomas para reclamar un nuevo sistema de financiación autonómica, basado en la “eficiencia en la gestión” de los servicios (¿cómo la de RTVV?), es decir, en las políticas de austeridad y privatización.
Pero, más allá de las cuestiones locales, el cierre de RTVV es un síntoma de la bancarrota del Estado de las autonomías sobre el que se asientan la Monarquía y el aparato de Estado heredado del franquismo. Se trata de un ataque en la línea de flotación al sector público, al derecho a usar la propia lengua, a la cultura y a la libertad de expresión. Y, de la misma manera que la Generalitat Valenciana ha sido y es pionera en la privatización de la sanidad y del sector público empresarial, ahora se pone en vanguardia del cierre de las televisiones autonómicas.
La veda la abrió el gobierno Rajoy en 2012, con una modificación de la legislación audiovisual que abre la puerta a la privatización y prohíbe el endeudamiento de las televisiones autonómicas. Su aplicación se plasma en planes de ajuste en todas ellas.
Telemadrid tiene una historia paralela a Canal 9: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado improcedente el ERE del canal regional (860 despidos), la sentencia ha sido recurrida y al presidente de la Comunidad, Ignacio González, le ha faltado tiempo para declarar que si el Supremo ratifica la sentencia cerrará Telemadrid. TV-3, tras recibir 1.000 millones de euros del gobierno catalán, ha cerrado un canal, fusionado dos, pasado a Internet la emisora internacional, renegociado contratos con las productoras y planteó reducir 500 puestos de plantilla, que han sido 250 tras consensuar con los sindicatos el plan. Dolores de Cospedal pretende vender la televisión de Castilla-La Mancha. Valcárcel busca la oportunidad para cerrar la televisión de Murcia. Y así, en distintos grados, las 13 televisiones autonómicas.
Con las formas particulares que le corresponden al sector audiovisual, la esencia de este proceso se identifica con la actuación de las autonomías en general: corrupción y negocios para los grupos empresariales afines al gobierno de turno, privatización de la sanidad y de los servicios públicos, deterioro económico, formas dictatoriales de ejercicio del poder, parlamentos e instituciones impotentes para controlar todo esto. El estado autonómico, levantado en la transición para impedir el ejercicio del derecho de autodeterminación en el País Vasco y en Cataluña, se manifiesta cada vez más como un Estado parasitario y artificial. Es necesario desmantelarlo para que sea posible reconstruir la economía, recuperar los puestos de trabajo destruidos, la sanidad y la enseñanza públicas y se haga posible el pleno ejercicio de la democracia por los pueblos.
Estamos comprobando es que las instituciones autonómicas son instituciones parasitarias y corruptas, sometidas a las exigencias de Bruselas y del capital internacional. Por ejemplo, en 2014 destinarán 4.400 millones de euros de los presupuestos de la Generalitat al pago de la deuda a los bancos mientras se cierran escuelas rurales y plantas de los hospitales públicos, como exigen los tratados de la UE y la reforma de la Constitución.
Sólo una unión libre de pueblos y naciones, emancipadas de la Unión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, cimentada en la unión de los trabajadores y de sus organizaciones, puede garantizar las conquistas sociales y los servicios públicos, incluyendo la TV como instrumento cultural, de información y de defensa de la lengua. Con este objetivo, la defensa de los servicios públicos, los derechos y conquistas sociales y de la democracia, por la fraternidad entre los pueblos sindicalistas y militantes obreros se dirigen a todos los sindicalistas y militantes del movimiento obrero del Estado español para impulsar este combate en unidad y convocan conferencia obrera para el próximo mes de abril.
En lo inmediato, más arriba decíamos que los dirigentes sindicales no habían asumido su responsabilidad movilizando con reivindicaciones claras a los trabajadores y al pueblo valenciano contra el cierre de RTVV. Lo mismo podemos decir de los grupos políticos Socialista, de Compromís y de EUPV. Todos han pedido la dimisión del presidente Fabra (lo que indica la disposición de los trabajadores y la juventud valencianas a echarlo, a él, a su gobierno y a las políticas de ajuste) y elecciones anticipadas a Cortes. Y bien, ¿qué movilización organizan para echarlo?
Tampoco es solución la negociación de un plan de “viabilidad” para RTVV con el comité de empresa, como reclaman PSPV-PSOE, EUPV y Compromís; por su parte, los dirigentes sindicales han adoptado la misma “propuesta”. Si se acepta como ineludible el pago de la deuda y el recorte del déficit, cualquier solución de este tipo supone despidos y, con el tiempo, el cierre y privatización de Canal 9. Quien con mayor claridad se ha expresado al respecto es Rosa Vidal, directora general de RTVV recién dimitida. Según ella, ante la sentencia de nulidad del ERE, “lo más real y de menor coste era tomar medidas, bajar sueldos, hacer prejubilaciones y un nuevo ERE.”
Hay que salvar Canal 9 y todos los puestos de trabajo. Es responsabilidad de los gobernantes que han sido elegidos para defender los intereses del pueblo valenciano, y si no lo hacen, que se vayan. Corresponde a los dirigentes políticos y sindicales que hablan en nombre de los trabajadores y del pueblo valenciano organizar la movilización unida hasta echar a Fabra y salvar todos los puestos de trabajo de Canal 9.